En los últimos días, una resolución de un juez del Estado de México se hizo viral en la atención pública al absolver al presunto agresor sexual de una niña de 4 años argumentando que la menor de edad no precisó la hora, el día y el lugar de la agresión. Una decisión a todas luces discriminatoria, revictimizante, indignante y alejada de estándares de derechos humanos que dictan la obligación de las autoridades de proteger el interés superior de la niñez.
¿Se trata de un caso aislado? Desafortunadamente no lo es. De acuerdo con un estudio de la organización Impunidad Cero, existe en el país “una percepción general de que no hay justicia; más del 60 por ciento de las personas encuestadas opinan que los[/las] responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante [una/]un juez” . Los datos del Inegi son aún más duros, pues sólo el 10.9 por ciento de los delitos son denunciados; de ellos, el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en el 69 por ciento de los casos, de los cuales, en el 77.5 por ciento de las denuncias no se llegó a conclusión alguna.
Es decir, como país enfrentamos un problema profundo de injusticia, de impunidad y de corrupción que se respira en nuestro día a día. Gobiernos van, gobiernos vienen y las cifras sólo recrudecen. Por ello el martes 27 de febrero, desde las organizaciones que formamos el colectivo “La Justicia Que Queremos”, participamos en la audiencia de oficio sobre independencia judicial que se realizó en el marco del 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en Washington, D. C., para exponer nuestras preocupaciones y llamar la atención sobre lo que pasa en México.
Nuestro diagnóstico apunta a que los ataques a la independencia judicial se dan en un contexto de aumento de la militarización del país, de llamados presidenciales a no acatar las decisiones judiciales o de descalificaciones recurrentes y de recortes presupuestales a los poderes judiciales. Además, enfrentamos un aumento de la violencia, inseguridad e impunidad que coloca a las personas juzgadoras en una situación de mayor riesgo para desempeñar su responsabilidad.
También observamos procesos de designación sumamente cuestionados, donde los criterios objetivos que deberían privilegiar los méritos son reemplazados por la lealtad y la cercanía política. Se suman omisiones en un paquete amplio de designaciones; de terminaciones anticipadas de mandatos sin evaluación externa o en caso contrario, de intenciones de extender mandatos y de iniciativas (presidenciales) que buscan debilitar directamente al Poder Judicial.
En este sentido, las designaciones de las personas juzgadoras se han convertido en una vía inicial y recurrente para mermar la independencia judicial. En los últimos procesos de designación de ministros y ministras de la Corte ha sido evidente la intención de colocar perfiles cercanos al gobierno actual.
Por ello, la propuesta presidencial para modificar el mecanismo de elección vía el voto popular aumenta la politización del proceso de designación al no establecerse ningún mecanismo de preselección ni criterios objetivos que aseguren la idoneidad de los perfiles. Además de que genera mayor incertidumbre sobre la actuación imparcial que deben garantizar las personas juzgadoras al condicionar la justicia al voto y reduce la participación ciudadana al momento del mismo, sin la posibilidad de que se pueda participar en otras fases del proceso de manera más sustantiva.
Por lo anterior, es indispensable abrir una discusión pública que toque los problemas que impiden que la justicia sea pareja para todas las personas. La iniciativa presidencial al Poder Judicial parece más enfocada en expropiar, reducir y manipular la deliberación sobre una reforma necesaria y urgente, pero que al centrarse -en la narrativa- en el falso dilema de la legitimidad que deben tener las personas juzgadoras (ministras, magistradas y juezas), anula los temas de fondo que sí deberían revisarse en esta reforma.
La legitimidad de origen de estas responsabilidades públicas también se construye mediante prácticas que aseguren altos estándares de transparencia, participación efectiva, rendición de cuentas e idoneidad. Abramos la discusión y transformemos de raíz estas reglas para lograr #LaJusticiaQueQueremos.
* La autora Marcia Itzel Checa Gutiérrez es Coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas
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