Infancia y juventud en México: un llamado a la acción

    Aunque la reacción del Gobierno del Estado y del Poder Judicial dan certeza de que los casos puntuales serán atendidos, la prioridad de mejorar la situación crítica de niñas, niños y jóvenes en hogares, cuarterías y escuelas deberá ser un compromiso estructural, sostenido en el tiempo con recursos económicos, gestión y estrategia.

    Director general de Mexicanos Primero Sinaloa

    @Mexicanos1oSin

    www.mexicanosprimerosinaloa.org

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    Hace casi un siglo, se publicó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. En este texto se dictó un código de cinco principios para proteger a la infancia. Sin poder vinculante, se trataba más bien de una guía moral.

    Pero todo cambiaría décadas más tarde. A tres años del fin de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las naciones directamente involucradas en el conflicto se alinearon alrededor de un ideal compartido: nunca más el hombre será lobo del hombre.

    Hacia la mitad del siglo 20, nos hacíamos conscientes de que el pensamiento científico y el desarrollo industrial que forjaron una época de crecimiento material y económico nunca antes vista también podía ser usado en favor de la violencia y la crueldad.

    A través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo trazó límites contra lo inaceptable. Y mediante esta plataforma civilizatoria, los principios de la Declaración De Ginebra evolucionaron en la Declaración de los Derechos del Niño, suscrita por México

    Ocho décadas después, la infancia y la juventud en nuestro País gozan de una amplia oferta de derechos. Aparte de convenios internacionales, la Constitución y leyes como la Ley General de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes dibujan un esperanzador horizonte de oportunidad.

    Sin embargo, en México la visión idealizada del papel choca con la dura realidad social de la vida diaria. Tal como señala el Índice de los Derechos de la Niñez, creado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, en México sencillamente no hay condiciones generalizadas de cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (www.saularellano.com/2022/12/08/indice-de-los-derechos/).

    No se trata de un mal reciente. Según esta investigación, la capacidad de dar una mejor oportunidad equitativa de nacer, crecer y desarrollarse a los grupos menos aventajados lleva décadas estancada. Pero con la gran disrupción propiciada por la pandemia de Covid-19, la situación ha empeorado.

    Meses atrás, las imágenes de estudiantes buscando protección en el piso durante balaceras mostraban de manera dura la vulnerabilidad frente a problemas como la violencia. Luego siguieron las imágenes de niños y jóvenes armados durante el segundo Jueves Negro. Más recientemente, la muerte de una estudiante en el Estado de México a manos de una compañera de escuela. Y por último, la detención de un hombre con una fuerte cantidad de droga a metros de una escuela pública en Culiacán. Todos episodios que retratan la realidad con que conviven los estudiantes en México.

    Esta semana, la vulneración de los derechos de la infancia mostraría su capacidad de trascender los límites de las escuelas. Las situaciones dramáticas vividas en Juan José Ríos y Guasave durante esta semana son sólo ejemplos recientes de la extrema vulnerabilidad en la que nacen, crecen, se enferman y mueren muchos niños y niñas en Sinaloa.

    Como director general de Mexicanos Primero Sinaloa, institución defensora de los derechos educativos de la infancia y juventud en la entidad, así como integrante del consejo asesor del SIPINNA Sinaloa, aprovecho esta tribuna para llamar a la acción.

    Aunque la reacción del Gobierno del Estado y del Poder Judicial dan certeza de que los casos puntuales serán atendidos, la prioridad de mejorar la situación crítica de niñas, niños y jóvenes en hogares, cuarterías y escuelas deberá ser un compromiso estructural, sostenido en el tiempo con recursos económicos, gestión y estrategia.

    Para ello, será fundamental que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, articulados a través del Sipinna Sinaloa y apoyados por la sociedad civil organizada y el empresariado, logremos dar máxima prioridad a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la infancia y la juventud en Sinaloa.

    Problemas estructurales y complejos tales como la vulneración sistemática de derechos de niñas, niños y jóvenes requieren una acción colectiva decidida y coordinada. El punto de partida está claro: nunca más abandonar a la infancia y a la juventud.

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