Influencers con acreditación
En el caótico universo de las redes sociales, la figura del “influencer” ha evolucionado de un simple creador de contenido a una poderosa autoridad. Con millones de seguidores, sus palabras pueden impulsar mercados, dictar tendencias y, lo que es más preocupante, diseminar consejos en áreas de alta complejidad sin ningún filtro aparente.
Un gurú financiero autodidacta que promete riquezas instantáneas, un entusiasta del bienestar que promueve dietas peligrosas, un comentarista legal que malinterpreta dictámenes; estos son personajes comunes en un ecosistema digital que ha priorizado el carisma sobre la competencia.
Es precisamente en este escenario de influencia desmedida y riesgo latente donde China ha decidido intervenir, trazando una línea regulatoria que podría redefinir el futuro de la creación de contenido especializado.
La Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA) de China, junto con el Ministerio de Cultura y Turismo, emitió directrices que han sacudido los cimientos de la industria de la influencia.
La nueva regla es tan simple en su premisa como compleja en su ejecución: si un creador de contenido desea publicar y monetizar opiniones en campos que requieren un alto nivel de especialización, debe poseer las credenciales profesionales correspondientes. Esto no afecta a quien reseña cosméticos o videojuegos, pero transforma radicalmente el panorama para quienes hablan de medicina, finanzas, derecho o educación.
En la práctica, esto significa que, para dar consejos médicos, un influencer debe ser un médico licenciado. Para analizar instrumentos de inversión, debe ser un asesor financiero certificado. Y para obtener dichas licencias, el requisito previo ineludible es, en la gran mayoría de los casos, una educación formal, es decir, un título universitario o una licenciatura en el campo pertinente.
Esta medida no surgió en el vacío. Es la culminación de una creciente preocupación gubernamental por la desinformación y sus consecuencias en el mundo real. En un país con más de mil millones de usuarios de internet, un mal consejo financiero puede llevar a la ruina a miles de familias, y una recomendación médica infundada puede tener resultados fatales.
El gobierno chino, en su búsqueda continua de la “estabilidad social” y la “rectificación” del ciberespacio, ha identificado a estos “expertos” no calificados como una fuente de riesgo sistémico. La regulación, por tanto, se presenta como un acto de protección al consumidor, un intento de restaurar el valor de la pericia en una era dominada por la popularidad.
El impacto inmediato es profundo. Las plataformas de redes sociales como Weibo, Douyin (la versión china de TikTok) y Bilibili, que antes operaban como ágoras abiertas, se han convertido de la noche a la mañana en guardianes y verificadores de credenciales. Ahora deben exigir y validar activamente los diplomas, licencias y certificados de sus creadores más influyentes en estas áreas sensibles.
Esto impone una carga de cumplimiento masiva para las empresas tecnológicas y, a su vez, erige una formidable barrera de entrada. El “experto autodidacta”, una figura romántica de la era de internet, ve su camino bloqueado por un muro burocrático de acreditaciones.
Esta profesionalización forzada es un arma de doble filo. Por un lado, la medida eleva indiscutiblemente la calidad y fiabilidad del contenido. El público puede consumir información sobre su salud o sus finanzas con una nueva capa de seguridad, sabiendo que la fuente ha pasado por el mismo rigor académico que un profesional fuera de línea. Esto podría mitigar burbujas especulativas alimentadas por el “hype” y frenar la propagación de curas milagrosas peligrosas.
Por otro lado, la crítica no se ha hecho esperar. ¿Garantiza un título universitario la capacidad de comunicar eficazmente? ¿O la veracidad? Existen innumerables académicos brillantes que son pésimos comunicadores, así como comunicadores natos que, aunque carecen de un título, han dedicado años a estudiar un tema por su cuenta. La regulación china corre el riesgo de sofocar voces innovadoras y perspectivas alternativas, favoreciendo el conocimiento institucionalizado sobre la experiencia práctica o el periodismo de investigación independiente. Se podría crear una “casta” de influencers aprobados por el estado, homogeneizando el discurso y eliminando la crítica legítima que a menudo proviene de observadores externos al sistema establecido.
Globalmente, el mundo observa este experimento con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras Occidente debate sobre la libertad de expresión frente a la moderación de contenidos, China ha optado por una solución drástica: la regulación de la fuente. No se centran tanto en lo que se dice, sino en quién tiene permiso para decirlo.
En esencia, China está forzando la maduración de una industria que ha vivido una adolescencia salvaje. Está intentando construir un puente entre la “economía de los creadores” y las profesiones tradicionales. La pregunta que queda en el aire es si este filtro académico realmente protegerá al público o si, inadvertidamente, silenciará la diversidad de pensamiento que hizo de internet un fenómeno tan disruptivo en primer lugar. Lo que es seguro es que la era del influencer todopoderoso y no verificado, al menos en China, ha llegado a su fin.
Si se extrapolara una regulación de esta naturaleza a México, los beneficios para la sociedad podrían ser sustanciales. En un panorama mediático donde la desinformación en salud, finanzas y derecho también prolifera sin control a través de las redes sociales, la homologación de un “filtro de pericia” actuaría como un mecanismo directo de protección al consumidor. Reduciría la incidencia de fraudes financieros promovidos por “gurús” sin licencia y frenaría la viralización de peligrosos consejos de salud o nutrición.
Para el público mexicano, esto se traduciría en un ecosistema digital más seguro, donde la voz del profesional acreditado (el médico, el abogado, el asesor financiero certificado) recuperaría la autoridad que ha sido diluida por la popularidad, fortaleciendo la confianza pública en el conocimiento especializado.
