Ahora que se disipa el humo de su popularidad, Quirino Ordaz Coppel está obligado a rendir cuentas a los sinaloenses. El nuevo Gobierno del Estado asegura que la anterior administración no le dejó más que 400 millones de pesos para cerrar el año, por lo que tuvo que solicitar un crédito a corto plazo de 1,600 millones de pesos para pagar quincenas y aguinaldos a miles de trabajadores al servicio del estado. Quirino podría haber dejado sin Navidad a los servidores públicos, pero a quienes no les quiso fallar fue a sus amigos empresarios. En conferencia de prensa, Rubén Rocha reveló que el anterior Gobernador dejó pagadas 13 obras públicas que aún no se terminan, la mayoría de éstas en Mazatlán.
Es poco probable que el reclamo que hoy hace Rocha termine en una investigación seria sobre el manejo de las finanzas del Gobernador anterior de Sinaloa, quien incluso fue propuesto por el Presidente de la República para representar a México como Embajador en España. La desconfianza que merece este gobierno en cuanto al combate a la corrupción se refiere, es consecuencia de aquella pragmática alianza que durante las pasadas elecciones hizo Morena con el Partido Sinaloense (PAS), tras meses de acusaciones y descalificaciones por parte de Rocha en contra de Melesio Cuén, anterior dirigente del PAS, al que finalmente incorporó como Secretario de Salud en su gobierno. Por eso es de suponer, que los ahora señalamientos a Quirino son meras palabras para exculparse de la crisis financiera de fin de año.
Quienes no pretenden dejar ir completamente tranquilo a Quirino a su nueva encomienda en Madrid, son el equipo de Iniciativa Sinaloa, que, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, presentaron el pasado 9 de diciembre un amparo indirecto en contra de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, por no darle continuidad a una denuncia administrativa que la misma organización presentó en 2020 en contra de Precasin, luego de una investigación ciudadana en la que se encontraron irregularidades en la contratación de obra pública estatal.
De acuerdo con Iniciativa Sinaloa, entre 2017 y 2019 la constructora estatal gastó más de 1,227 millones de pesos con márgenes de transparencia ínfimos, alejados de lo que exigen las licitaciones públicas. Marlene León Fontes, dirigente de la organización, aseguró ante la prensa que las empresas privadas fueron subcontratadas para ejecutar obra, pero sus servicios se registraron contablemente como una compra simple: “se documentó que cada obra fue dividida en tramos para que las facturas no rebasaran el millón 350 mil pesos y hacer pasar la subcontratación como una compra simple”, dijo León Fontes.
Iniciativa Sinaloa es una organización por la transparencia que surgió del gremio de los periodistas, durante mandato del Gobernador Mario López Valdez, el cual estuvo plagado de escandalosos casos de corrupción que el gobierno de Quirino Ordaz jamás persiguió con la severidad que esos asuntos ameritaban. Los pocos juicios terminaron con el perdón de los funcionarios acusados por ejercicio indebido, como fue el proceso del ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría. Iniciativa Sinaloa busca que la impunidad no prevalezca en esta ocasión y por eso ha interpuesto un amparo de la mano de Daniel Elizondo de la Torre, el asesor jurídico con el que han hecho una gran mancuerna.
Desde su fundación en 2010, la organización ha resultado más incisiva para el combate a la corrupción, que la labor que realiza la Auditoría Superior del Estado. Gracias a sus investigaciones han salido a la luz muchas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. En su haber han presentado más de 55 denuncias, pero pocas han prosperado por la incompetencia de la Fiscalía. Aun así, Iniciativa ha logrado establecer un nuevo paradigma de participación, ampliando el repertorio de acción colectiva que anteriormente se centraba casi exclusivamente en manifestaciones de protesta. Su labor representa una nueva generación de activismo social que hace uso de todas las herramientas políticas y jurídicas que la ciudadanía tiene a su disposición para incidir en la justicia y la democracia.
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