Inoportunidad fiscal
El federalismo mexicano se encuentra en una encrucijada. De acuerdo con el análisis de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026, los ingresos federales ascenderán a 9.3 billones de pesos. Una buena parte de las necesidades del Gobierno federal se financiarán con una recaudación tributaria a través de ISR e IVA. Además, se plantea que el endeudamiento interno neto que contratará el Poder Ejecutivo Federal será por montos históricamente elevados. Sin embargo, la distribución de estos recursos muestra una tendencia a la baja, en términos reales, para los fondos de libre disposición de las entidades federativas.
El aumento en los costos de la deuda y las obligaciones de pensiones a nivel federal reducen el espacio fiscal para apoyar a los estados mediante convenios extraordinarios, mecanismo que prácticamente ha desaparecido.
Muchas haciendas estatales, de todas las extracciones partidarias, están al borde de la insolvencia.
Esta realidad ha llevado a las entidades a mirar hacia adentro en sus estrategias de recaudación. Varios gobiernos locales han estado pensando en recurrir a aumentos en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), ya que se trata de un impuesto directo sobre la base salarial formal, fácil de recaudar, y que piensan, se puede volver una fuente eficiente para cubrir los déficits operativos y de inversión. Hay casos emblemáticos de esta problemática sistémica que enfrentan las entidades federativas.
En el caso de Baja California, la entidad se encuentra ante el desafío de financiar el alto costo que implica mantenerse competitiva en la frontera con Estados Unidos. El Estado 29 mantiene la tasa de ISN más alta del país, lo que ha contribuido a la pérdida de 25 mil empleos formales entre marzo de 2024 y 2025. Los reclamos del sector privado organizado para que se reduzca la tasa del impuesto, han tenido oídos sordos en el Gobierno. Esta enorme carga fiscal le podría detonar una falta de competitividad empresarial, frente a otras entidades del País con tasas sustancialmente menores en el ISN, por no referir la pérdida de atractividad frente a competidores extranjeros.
Por otro lado, Nuevo León representa un caso complejo por el tamaño de su economía y altos índices de trabajos formales. El Gobierno estatal está buscando financiar un ambicioso plan de infraestructura en lo que se refiere a la movilidad y a los recursos hídricos, mientras enfrenta un Congreso estatal donde carece de mayoría, y que utiliza el presupuesto como herramienta de negociación política. En su propuesta de paquete fiscal, el gobierno de la entidad norteña propone incrementar un punto porcentual el ISN, que pasaría de 3 a 4 por ciento. Para decirlo claramente, un incremento del 33 por ciento. Esto ha generado la inconformidad de los núcleos empresariales más representativos, deteriorando el clima de negocios que ha sido históricamente un baluarte de la entidad.
Quizás uno de los casos más problemáticos por el pésimo manejo de la propuesta sea el de Yucatán, donde el gobierno tiene una propuesta fiscal que rompe con la estabilidad tributaria de la última década. La unificación del sector empresarial en contra de las repentinas pretensiones recaudatorias del Gobierno estatal, marca indudablemente un hito en la política estatal, referente en todo el ámbito peninsular.
El Gobierno de Jalisco parece estar navegando la crisis fiscal de manera correcta, evitando un aumento nominal drástico en el ISN y optando, en su lugar, por ajustes en otros rubros y mayor fiscalización. El énfasis es en ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión en plataformas digitales.
El caso de Guanajuato es similar. De acuerdo con el paquete fiscal propuesto, en la entidad del Bajío no se incrementará la tasa del ISN, que se mantendrá en 3 por ciento. La administración estatal prefirió cubrir sus necesidades de financiamiento mediante la contratación de deuda pública, en lugar de abrir la puerta falsa de aumentar la carga impositiva directa a las empresas.
En el caso de Sinaloa, con una pujante economía agroindustrial, el paquete fiscal aprobado para 2026 tampoco contempla un aumento general a la tasa del ISN, aunque sí habrá mayores costos fiscales debido a nuevos gravámenes y ajustes que se planean.
Por otro lado, Chihuahua destaca por un modelo fiscal donde la tasa nominal se ve superada por una serie de sobretasas para fines específicos, lo que complica el cálculo real del costo laboral y también inhibe la inversión.
De todo esto habría que aprender algunas lecciones. La primera es que la mala administración y en ocasiones el despilfarro en el ejercicio del gasto público por el gobierno central, siempre tiene graves consecuencias para la vida en las regiones y las localidades, y en la estabilidad de las haciendas de las entidades. La segunda es que los gobiernos estatales tendrán que tomar decisiones importantes en materia tributaria para cumplir con su mandato, sin elevar los impuestos a la actividad formal, para preservar y promover la inversión y el empleo. La tercera es que los gobiernos de todos los órdenes, deben siempre consensuar con los sectores productivos, las cargas impositivas que se pretenden modificar, evaluando los impactos de las mismas.
Es un hecho inequívoco, que en los últimos años, las empresas formales han visto incrementados sus costos de operación ligados al empleo que mantienen. Por un lado, los salarios mínimos y contractuales han experimentado un inusitado (y necesario) incremento. También se han elevado las aportaciones patronales para mejorar el sistema pensionario. Y venturosamente se han ampliado derechos laborales que se traducen en un costo para las empresas de todos los giros y tamaños, como el incremento de los días de vacaciones y próximamente, esperemos, la disminución de la jornada laboral a 40 horas con dos días de descanso semanal.
Casi nadie cuestiona la conveniencia de estas mejoras a los trabajos formales, pero es imposible negar que significan y acumulan costo a cada empleo formal que se mantiene o se crea por las empresas.
Entonces, parece inoportuno que en una época en que implementan estos nuevos derechos laborales, se adicione abruptamente el Impuesto sobre Nóminas.
Todos deseamos más empleos, mejor remunerados y con más derechos, y el costo de lograrlo ha quedado hasta hoy del lado de las empresas. La pregunta inevitable, es qué ponen los gobiernos para lograr esos objetivos compartidos. ¿Más impuestos al empleo?
