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El periodista Carlos Loret de Mola identificó a la inseguridad como una bomba de tiempo que ya estalló, aunque todavía puede seguir estallando dada la multiplicidad de factores que la conforman: desde luego los asesinatos por los diferentes carteles de las drogas; menciona Loret de Mola que “este sexenio es el más violento de la historia, con el triple de asesinatos que con Calderón y el doble que con Peña Nieto...”. Habría que agregar también la cantidad de personas desaparecidas, los feminicidios, que también son récord, “los más de 60 periodistas asesinados... Esto ya estalló y le estalló en la cara al Presidente” (columna del 9 de febrero en El Universal).
Y puede seguir estallando porque el crimen organizado está más organizado que nunca, frente a un gobierno que no tiene un organismo civil capacitado y equipado para enfrentarse a los carteles nacionales e internacionales, que dan la impresión de tener más gente que el Ejército y la Guardia Nacional juntos y con mejores facilidades de movilización y de respuesta; tienen también más gente infiltrada en los distintos niveles de gobierno, con territorios bajo su control, de donde salen y entran según les convenga y además con una increíble capacidad para sobornar y para vigilar y prevenir los movimientos de las tropas.
Todo lo anterior frente a un Ejército y Guardia Nacional debilitados para actuar ante la política de “abrazos no balazos”, y con policías estatales insuficientes, mal equipadas y mal capacitadas, sin presupuesto y sin organización ni coordinación con las demás dependencias. De las policías municipales, mejor ni hablamos.
Las consecuencias de esta “política”, contraria a lo dispuesto por la Constitución, son las múltiples masacres sobre las cuales El Universal, el 21 de diciembre de 2022 consigna que hasta octubre de 2022 se tenían ya 433 masacres, es decir, asesinatos de más de tres personas en un mismo hecho y habría que agregar el asesinato de siete personas en una fiesta de cumpleaños en el Estado de México el 22 de enero y recientemente, cuatro muertos en un ataque armado en Zacatecas y otros tres masacrados en Ojo Caliente, Zacatecas. Ante estos hechos publicados, es inexplicable que el Presidente declarara que “aquí, (en México), no hay masacres”, en referencia a hechos violentos en Estados Unidos.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informa que “siete ciudades mexicanas encabezaron en 2022 la lista de las 50 urbes más violentas del mundo: Tijuana con 2 mil 177 homicidios, Ciudad Juárez con mil 034, Celaya con 740, Colima con 601, Zamora con 552, Acapulco con 513, Zacatecas con 490” (nota en Reforma del 21 de febrero de 2023).
Recientemente, el 24 de abril, la columna de Héctor de Mauleón en El Universal, informa sobre un documento del Gobierno federal en el que aparecen “los 15 municipios más peligrosos de México en cuanto a muertes violentas entre abril de 2022 a marzo de 2023”.
Así pues, esta bomba ya estalló y sigue estallando, no sólo a AMLO, sino a todo México.
En relación a esta inseguridad está la militarización de tantas actividades civiles que se le han asignado al Ejército y a la Guardia Nacional que está integrada con mandos, personal y presupuesto del mismo Ejército. Se les está entregando el control administrativo y financiero de actividades que constitucional e históricamente son, por naturaleza, del gobierno civil. Si ya de por sí ha estado en entredicho la utilización del Ejército en el combate a la delincuencia, imagínese usted al Ejército administrando un aeropuerto; encargado de controlar e impedir la inmigración al territorio nacional y repatriar a los que devuelve Estados Unidos; encargado de la construcción del tren maya y de la refinería, vigilar el tráfico aéreo y a punto de crear su propia línea aérea de carga y de pasajeros; encargado del cuidado del Presidente en sus giras y de cuidar instalaciones públicas de seguridad nacional y, para que no quede duda, ya se designó a un General Luis Rodríguez Bucio como Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es decir un militar en activo al frente de una dependencia de naturaleza civil, además, se nombró también al General David Córdova como comandante de la Guardia Nacional, supuestamente una corporación civil.
Esta bomba estallará en la cara de quien pretenda quitar al Ejército las funciones indebidamente otorgadas, el presupuesto ilegalmente asignado y los “negocios” caprichosamente cedidos a los mandos militares.
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