Invertir en seguridad en 2026: la decisión que definirá el futuro de Sinaloa

Durante décadas, Sinaloa ha aprendido a vivir con miedo. Lo hemos normalizado. Las cifras de homicidios, desapariciones y robos se repiten con tal frecuencia que ya casi no dimensionamos en nuestro día a día lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no lo son. Cada cifra representa una familia rota, un negocio que cierra, un joven que huye buscando mejores condiciones de vida y un mejor futuro laboral, una comunidad marginada que pierde la esperanza. Desde septiembre de 2024, esta crisis de inseguridad se ha agravado, y sus efectos sociales y económicos son devastadores.

La gran pregunta que debemos hacernos es ¿podemos aspirar a construir un estado próspero sobre un terreno dominado por la impunidad? La respuesta es obvia, pero parece que como sociedad aún no la hemos asumido del todo. Para que Sinaloa tenga un futuro digno, necesitamos enfrentar con decisión nuestra mayor deuda: la seguridad y la justicia (reducir los niveles de impunidad).

Reconocemos que el Gobierno del Estado ha mostrado voluntad de coordinación con la Federación, e incluso ha soportado enormes gastos derivados de la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. También se han impulsado microapoyos a pequeños comerciantes y algunos sectores. Pero el desafío que enfrentamos exige realmente más: exige fortalecer nuestras propias instituciones, para que sean capaces de garantizar la seguridad desde aquí, desde lo local, y sobre todo con visión de largo plazo.

Hay ejemplos en todo el País de estados que lograron hacerlo: Coahuila, Querétaro, Yucatán, Nuevo León o la propia Ciudad de México. Todos comenzaron con una decisión política firme: fortalecer integralmente sus instituciones de seguridad y justicia. En Sinaloa, esa decisión aún está pendiente, pero todavía estamos a tiempo de tomarla.

Hoy lo conveniente sería que el Gobierno del Estado y el Congreso asuman como prioridad política y presupuestal la construcción del mejor sistema de seguridad y justicia estatal del País. No es una meta abstracta; es literalmente lo que se necesita. Si el Gobierno adopta este compromiso como eje central de su administración, con recursos, liderazgo y voluntad, la sociedad y la Iniciativa Privada estaremos listos para respaldarlo.

Tenemos instituciones que pueden dar el paso: la Secretaría de Seguridad Pública, la Universidad de la Policía, la Fiscalía General, el Supremo Tribunal de Justicia, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde participan tanto autoridades como representantes ciudadanos. Son estructuras maduras, con personal capaz, pero debilitadas financieramente y carentes de proyección.

Para dimensionarlo: Sinaloa cuenta con apenas 990 policías estatales activos, una de las cifras más bajas del País. Necesitamos al menos mil 200 más en los próximos tres años, con formación, equipo y estabilidad laboral. Y no se trata solo de aumentar números: se trata de construir una policía profesional, con servicio de carrera, evaluación constante y sueldos dignos.

El reto presupuestal es enorme. Mientras Chihuahua invierte mil 386 pesos por habitante en su Secretaría de Seguridad Pública, Sinaloa apenas destina 283 pesos. En el Poder Judicial, la brecha es igual de profunda: Chihuahua casi quintuplica el presupuesto de Sinaloa, y Sonora lo supera 2.4 veces. No es que nuestros resultados sean peores por falta de capacidad o talento; es que pretendemos obtener resultados distintos invirtiendo una cuarta parte de lo necesario.

Cada año que no se invierte con decisión en seguridad y justicia, el costo no se mide sólo en pesos. Se mide en delitos no resueltos, en policías rebasados, en familias desprotegidas, en ciudadanos que dejan de confiar en sus instituciones.

Por eso, este es el momento de actuar. De integrar un equipo de primer nivel que construya un plan integral, con metas trimestrales y evaluación pública. De duplicar los presupuestos de las áreas de seguridad y justicia a partir de 2026. De involucrar a la Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública para dar seguimiento y transparencia.

Invertir en seguridad no es un gasto: es una inversión en paz, en desarrollo y en confianza.

La pregunta es si Sinaloa se atreverá a dar ese paso. Si seremos capaces, juntos, de poner la seguridad y la justicia en el centro del futuro que queremos. Si asumiremos, sin pretextos, que la paz no se promete: se construye, se financia y se defiende todos los días.

Cada peso invertido en seguridad es un ladrillo más en el edificio de nuestra libertad. Y porque cada día que pasa sin hacerlo, seguimos hipotecando el futuro de Sinaloa (el de todos, nadie se salva).

Ayer, miércoles 12 de noviembre, en nuestro Informe Mensual de Economía y Paz, informamos y dimos seguimiento a acciones concretas que buscan fortalecer la colaboración entre sociedad, Gobierno y empresas. Lo dijimos ahí, y lo reiteramos hoy: si queremos un Sinaloa en paz, este es el momento histórico de invertir en él. No hay más tiempo que perder.