Pues ya está. Las candidatas no pueden hablar en intercampaña de sus proyectos de nación, pero López Obrador le hace la caridad y/o la trastada a Sheinbaum de plantear el suyo bien clarito. El paquete de reformas presentado el 5 de febrero es el proyecto de nación que, de ser aprobado, amarrará y servirá a la candidata oficial.
¿Favor o puñalada? Las dos. Un favor porque muchas de las reformas son populares y atraen el voto: más dinero -no más oportunidades- en el bolsillo de los mexicanos en plena época electoral. La “venta” de las reformas es parte del piso disparejo de la elección de 2024 o, como decíamos antes, de la elección de Estado que ha montado el Presidente.
Una puñalada porque dejan claro quién manda y quien pretende seguir mandando. Cualquier viso de independencia de la candidata oficial quedó sepultado. Tendrá que apoyar públicamente cada una de las reformas planteadas por su jefe, le gusten o no. Si gana y se desvía del proyecto de López Obrador, quien seguirá siendo el líder de Morena, pues ahí estaría la revocación de mandato con tan sólo 30 por ciento de la votación para que sea vinculatoria. Puñalada porque no será AMLO quien pague el costo financiero de las reformas ni de sus consecuencias políticas.
En los próximos días iremos desmenuzando las iniciativas, pero de su mera enunciación la conclusión es inevitable: electoreras, irresponsables y antidemocráticas.
Electoreras e irresponsables porque plantean la constitucionalización de derechos económicos tan irresistibles desde el punto de vista del voto como irresponsables desde el punto de vista de su sustentabilidad económica. No van acompañadas de una reforma fiscal del calado necesario que las haga viables. También porque ponen en un predicamento a la oposición que, si se niega a que los pensionados se jubilen con el 100 por ciento de su salario, a que el salario mínimo se empareje con la inflación, o a que los jóvenes que no estudien ni trabajen tengan un ingreso mínimo garantizado, serán tildados de ir en contra de los intereses de quienes menos tienen. Las que he alcanzado a leer dejan muchos cabos sueltos pero su principal problema es que van en contra de otro precepto constitucional: para la aprobación del gasto se deberán decretar las contribuciones para cubrirlo. ¿Cómo le van a hacer?
Más dañinos son los cambios a la estructura política. De aprobarse sí estaríamos frente a un cambio de régimen. Un cambio que nos aleja del fortalecimiento de la democracia y nos acerca al autoritarismo.
Hasta ahora podíamos hablar de una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, las más de las veces por la vía ilegal. La aprobación de las reformas llevaría a la constitucionalización del autoritarismo definido de la manera más simple posible: que prive la voluntad política de quien ocupe la silla presidencial. La constitucionalización del poder de los poderes.
Que quede claro, pasen o no, es la declaración de intenciones del Presidente. Una declaración que dice mucho o todo de las intenciones autoritarias del Presidente
Destacan tres. Todas ellas conducentes a la resurrección del hiperpresidencialismo.
Primero, la restitución de las reformas electorales que benefician al partido en el poder y debilitan a las autoridades electorales árbitro electoral. Para muestra un botón que debería alarmarnos.
En la elección de diputados de 2018, Juntos Haremos Historia obtuvo 218 de los 300 distritos. En ausencia de plurinominales como plantea la iniciativa de AMLO se hubiera llevado 73 por ciento de la Cámara. En el caso del Senado, la coalición de Morena ganó 50 senadores de mayoría. De haber estado vigente la nueva reforma habría tenido 78 por ciento del Senado. Clarito: la vuelta al partido hegemónico.
Segundo, se acabaron los órganos autónomos que ejercían un contrapeso, despolitizaban ciertas áreas de política pública y defendían ciertos derechos: transparencia, rendición de cuentas, competencia, la evaluación de programas. Los que quedan, sujetos a elecciones cuando justo lo que se buscaba era que no dependieran del poder de los poderes.
Por último, pero quizá lo más dañino, una reforma al Poder Judicial que pretende entre muchas otras cosas, ligar de manera indisoluble, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral y a los magistrados de circuito y jueces de distrito a los procesos político-electorales y a la política partidaria. Tanto criticar durante tantas mañaneras a la partidocracia para poner en sus manos a órganos autónomos y poderes como el Judicial.
No sólo eso, sino que, además, tratándose de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad respecto de normas generales, ya no se podrá suspender la norma cuestionada hasta que no se discuta el fondo. Habrá también un Tribunal Disciplinario, electo por el pueblo, para castigar a los jueces “malos”.
Supongo que la mayoría de las reformas que afectan al régimen político no pasarán. No las querría en ninguna circunstancia. Ni si gana Xóchitl, ni si gana Claudia.
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