Juicios diferidos, afrenta para la justicia
Los casos Madueña, Estrada y Benítez

Con los procesos judiciales pausados contra el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina y coacusados, y los destituidos alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, la justicia sacrifica eficacia y credibilidad al mostrarse demasiado elástica frente a las argucias de abogados que abusan de recursos jurídicos para sentar a la justicia en la banca de las esperas prolongadas en vez de colocar de manera pronta a presuntos delincuentes en el banquillo de los indiciados.

La impartición de justicia se haya atorada en Sinaloa dentro del bache de la medición de fuerzas donde compiten la astucia de la abogacía para llevar a sus clientes a períodos infinitos de evasión de la norma legal, y jueces y fiscales incapaces de combatir tales celadas que de tan recurrentes son afrentas para el sistema judicial. El aparato coercitivo penal resulta insuficiente, al borde de la ineficiencia, cuando los intereses políticos se sitúan por encima del dominio de la Ley.

Se está prestando a la burla pública la imperturbable pasividad de los jueces de control que sin más acceden a retrasar la acción punitiva dejando a las víctimas en la indefensión y a expensas de impunidades que al paso de los días adquiere mayor fuerza. Los tribunales de enjuiciamiento no se toman la molestia de verificar si son ciertas las causas que alegan los abogados y sus defendidos para aplazar las audiencias, en el círculo pernicioso de desidias consensuadas.

A Madueña e integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, con nueve carpetas de investigación y tres vinculaciones a proceso, no les han podido iniciar los juicios debido a que las audiencias judiciales han sido diferidas en 30 ocasiones porque los asesores jurídicos implementan coartadas dilatorias como la enfermedad de imputados o abogados, cambios de encargados de la defensa, solicitud de tiempo para analizar los expedientes de acusación y abandono de los casos por parte de los representantes legales.

Estrada Ferreiro está vinculado a dos procesos, en octubre de 2022 y en el mismo mes de 2023, y le han funcionado diferentes tretas retardantes ante juzgados federales donde busca ser absuelto de presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública, discriminación y abuso de autoridad, ampliándosele más de la cuenta los juicios orales que tienen que ver con la probanza plena por parte de la Fiscalía General del Estado y alegatos en contra de los abogados defensores.

Por su parte, Benítez Torres fue vinculado a proceso desde agosto de 2023 después de 12 audiencias fallidas, al determinarle el Juez un probable daño al erario del Ayuntamiento de Mazatlán por 95 millones de pesos derivados de la compra irregular de luminarias para el alumbrado público, transacción realizada con la empresa Azteca Lighting sin la debida licitación. “El Químico” es el más favorecido por la ralentización de la justicia y se había mantenido de bajo perfil en el caso judicial hasta que recientemente dio la cara para confrontarse con el Gobernador Rubén Rocha Moya y el ex Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

En los tres casos el sistema estatal de administración e impartición de justicia da la sensación de adaptarse a las tácticas retardatorias en que incurren los acusados y sus defensores, mientras la capacidad de espera ciudadana para que la Ley actúe pronta y expedita se torna escéptica y desconfiada. La parálisis procesal que cada vez da más la impresión de juicios de nunca acabar contra Jesús Madueña, Jesús Estrada y Luis Guillermo Benítez, y los coacusados, trae implícita la sospecha de que todo acabará en la inacción legal.

¿Por qué los tribunales omiten ser más exigentes a la hora de verificar la autenticidad de la causal de suspensión o aplazamiento que invocan los abogados y acusados? Si ha de preponderar el derecho de las víctimas, que son la UAS y los gobiernos de Mazatlán y Culiacán por el daño asestado a sus finanzas, tendría que ofrecérseles celeridad y certeza jurídicas que corte de tajo los malos manejos de recursos públicos asignados para el bien de una colectividad y no para irse por las cañerías de la corrupción.

De todo esto deriva la importancia de iniciar los juicios orales como el único medio judicial para quitarle tensión a procedimientos cuyo pasmo ayuda a enredar el ejercicio de la Ley. Y aquí sí, que la definición de culpabilidades o inocencias cierre las secuencias de operativos legaloides para entrampar la labor de los tribunales y salir impunes derribando los estrados de la justicia. Eso de tomarse años para determinar sentencias inculpatorias o de exoneración nada le aporta a la gobernabilidad y Estado de derecho.

Ya hicieron demasiado los que tienen como credo el aplastamiento de la equidad jurídica para todo y todos y postulan la implementación del reino del cinismo para expoliadores consuetudinarios. Si las instancias de justicia les permiten avanzar más, los desfalcadores andarán pronto investidos con los arreos judiciales.

Los tiempos de la justicia,

Sin prisas y sin agobios,

Son como suave caricia,

Que alienta los oprobios.

Es correcto el principio de irretroactividad de la Ley que alega el Congreso del Estado frente al planteamiento de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Occidente que ya han conseguido el avance hacia un nuevo estatuto interior de la casa de estudios, pero también exigen que el recientemente designado Pedro Flores deje la Rectoría. Para proteger las valiosas conquistas alcanzadas debe ceder la comunidad lince en eso de lograr en lo inmediato a un Rector electo mediante el voto directo, secreto y libre de los universitarios. No permitan que un solo árbol les impida ver el exuberante bosque que tienen.

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