Justicia lejana, impunidad cercana

México vive una transformación profunda y complicada por la renovación de su Poder Judicial federal. Una reforma que prometió cambiar por completo la justicia, ocupando debates locales, nacionales e internacionales. Pero en medio de esa discusión debemos hacernos la pregunta necesaria que sigue sin responderse ¿de qué sirvió reformar la cima del sistema si la base sigue debilitada?

La justicia en México no comienza en los tribunales, sino en la calle. En el momento en que una víctima decide denunciar. En ese primer contacto con un policía o un Ministerio Público. Y es justamente ahí donde el sistema se encuentra muy debilitado.

De acuerdo con la última investigación de Impunidad Cero de Percepciones de Impunidad 2025, la percepción ciudadana sobre impunidad sigue siendo alarmantemente alta. Si en 2021 el 46 por ciento de las personas consideraba que la impunidad había aumentado, hoy el panorama no ha mejorado, un 43 por ciento cree que se ha mantenido y un 40 por ciento, que ha aumentado en el último año. Es decir, para la gran mayoría de los mexicanos, la impunidad no disminuyó, sino que se estancó e incluso creció.

Los datos de la investigación reflejan experiencia de calle. Cuando se le preguntó a la ciudadanía si es fácil denunciar un delito, la respuesta fue muy simple: no. Solo el 26 por ciento considera que el proceso es fácil “de vez en cuando”. Un 27 por ciento dice que casi nunca y un 13 por ciento, que nunca. Denunciar en México no es un derecho accesible, más bien parece una carrera de obstáculos o como algunos han dicho en estos meses “un viacrucis”.

E incluso en ese camino, muchas veces, el sistema además traiciona.

La encuesta también revela una realidad incómoda: la mayoría de las personas considera que en los Ministerios Públicos se solicitan “mordidas” para no desechar investigaciones. Es decir, el acceso a la justicia puede depender del dinero. ¿Qué clase de Estado de derecho estamos intentando construir sobre esa lógica?

En este contexto, otro dato llama poderosamente la atención. A pesar de los riesgos de tener una ciudad militarizada, cerca de 8 de cada 10 mexicanos siguen respaldando la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿Por qué? Pues cuando las instituciones civiles fallan, la sociedad busca respuestas donde sea. Precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos en Culiacán.

Es un voto de confianza al Ejército, pero también una señal de desesperación de no contar con autoridades civiles que puedan garantizar un “orden” mínimo para vivir tranquilos.

La reforma al Poder Judicial llegó en un momento crítico, en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, en medio de una crisis persistente de inseguridad e impunidad. Pero hay un problema de origen que mencioné en un foro en agosto de 2024, la reforma dejó fuera a quienes sostienen el primer contacto con la justicia. Policías. Ministerios Públicos. Fiscalías. Los cimientos.

Impunidad Cero se ha pronunciado al respecto: enfrentar la impunidad no pasa únicamente por cambios estructurales en la parte alta del sistema, sino por fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, desarrollar capacidades reales de procuración de justicia y apostar por la prevención.

Mientras no se atienda la base, cualquier reforma será incompleta. Mientras denunciar siga siendo difícil, la cifra negra seguirá creciendo. Mientras exista corrupción en los primeros eslabones, la justicia seguirá siendo selectiva. Mientras no haya consecuencias, la impunidad seguirá siendo la regla.

¿Queremos un sistema que haga sentido en una ley o uno que funcione en la realidad?

México no necesita únicamente una reforma judicial. Necesita una reforma de confianza. Una que le devuelva a la ciudadanía la certeza de que denunciar vale la pena. De que el Estado responde. De que la justicia llega.

Hoy, para millones de mexicanos, la justicia no es ciega. Es lejana. Mientras que la impunidad, en cambio, es cotidiana.