¿Justicia o fuerza?
Seguramente usted, a estas alturas, ya está enterado de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano. Este hecho, independientemente de su tinte casi cinematográfico, marca sin duda un episodio inédito en la historia reciente de América Latina y nos coloca frente a un profundo dilema jurídico y moral:
¿Fue correcto? ¿Fue justo? Y quizá la más importante de todas: ¿Fue legal?
Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como narcotraficante, al grado de haber ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Sin embargo, más allá de simpatías o rechazos hacia su figura persona, el Presidente o expresidente (según le parezca) resulta indispensable separar dos planos que con frecuencia se confunden: la responsabilidad política y penal de un gobernante, y el respeto al derecho internacional. Cuando este último se quiebra, las consecuencias no se limitan a una sola nación, sino que alcanzan al sistema internacional en su conjunto.
El derecho internacional se construye sobre pilares claros. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza en el territorio de otro Estado, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Ninguno de esos supuestos se presentó de manera clara en la captura de Maduro.
A ello se suma el principio de no intervención, diseñado precisamente para evitar que las potencias decidan, por la vía armada, el destino político de otros países. Existe además un elemento clave: la inmunidad de los jefes de Estado en funciones, una figura incómoda, sin duda, pero necesaria para evitar el caos diplomático y la judicialización selectiva del poder.
Romper estas reglas puede parecer “bueno”, o incluso celebrable en el corto plazo, pero debilita el sistema que impide que el mundo se rija únicamente por la ley del más fuerte.
Por ello, la pregunta de fondo no es si Maduro debe rendir cuentas, sino cómo y ante quién. El hallazgo de una presunta cuenta en Suiza con más de diez mil millones de dólares exige, sin duda, una explicación seria. Pero no debe perderse de vista que cuando un Estado decide actuar unilateralmente, capturando a un jefe de Estado extranjero para juzgarlo en sus propios tribunales, se da un paso del cual difícilmente se puede retroceder.
Hoy fue Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro país cuyo gobierno resulte incómodo para una potencia militar. El precedente es inquietante: la justicia internacional sustituida por la fuerza internacional, nuevamente la ley del más fuerte.
En el plano interno, esta captura genera un vacío institucional evidente. Vendrá un reacomodo del poder y será inevitable voltear a ver a las Fuerzas Armadas, que se convierten en un actor decisivo. La incertidumbre, por ahora, parece ser lo que domina en Venezuela, tanto en lo político como en lo económico y social.
Esta misma semana, al ser presentado ante un juez en Estados Unidos, Nicolás Maduro se declaró inocente, afirmó ser Presidente de Venezuela y sostuvo que fue secuestrado. El juicio que se avecina, sin duda, dará para mucho más. Conviene seguirlo con atención y mesura.
Lo cierto es que esta acción marca un antes y un después para un país entero y para millones de venezolanos dentro y fuera de su territorio. Hay quienes celebran la captura y quienes la condenan. Pero las preguntas persisten, y seguirán siendo incómodas: ¿Fue correcta?, ¿fue justa?, ¿fue legal?
