"Justos por pecadores"

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Las elecciones de 2021 están a la vuelta de la esquina y no se darán en las mejores condiciones posibles porque la gran mayoría de los actores políticos se han empeñado en crear por comisión u omisión un contexto de potenciales conflictos que pudieron evitarse.

Ya se ha dicho que son las más grandes de la historia, que se juega la el refrendo del partido mayoritario en la Cámara de Diputados y la redistribución del poder político local en el que Morena tiene una ventaja notable en los congresos estatales -en 20 de ellos es mayoría- y una posición minoritaria en los ejecutivos de las entidades federativas. Hoy Morena -contando Morelos- sólo tiene 7 de las 32 gubernaturas.

También se ha reiterado que se llega a las elecciones en un contexto de fragmentación y debilidad de los partidos de oposición y de gran polarización en el país. Habría que agregar a ello el esfuerzo sistemático del presidente por debilitar al INE por la vía presupuestal y el de la descalificación y, el descrédito que se ha ganado el Tribunal Electoral a fuerza de resoluciones tremendamente cuestionables. Por si todo esto fuera poco, gracias a la irresponsabilidad de los legisladores que fueron omisos en emitir las leyes para regular aspectos centrales de la próxima elección, hoy se gesta un enfrentamiento entre el INE y los partidos políticos. Hay que ser claros, el INE no se está arrogando funciones que no le corresponde está metiendo orden para evitar que las campañas y por tanto las elecciones no sean un caos y cada acto sea judicializado.

Los dos primeros puntos de conflicto derivan de que los diputados y senadores no regularon la reforma constitucional político-electoral de 2014 relativa a la reelección y la conocida como paridad total para alcanzar la equidad de género. La primera tiene 6 años de retraso y la segunda 17 meses. Como el plazo para cambiar la ley electoral terminó el pasado 7 de junio, no había más que un camino para dar cumplimiento a estos dos mandatos constitucionales: que el INE emitiera las reglas.

El INE no rehuyó la tarea. Ya propuso los lineamientos para regular la llamada “paridad total”. Y ya desató la primera tormenta. A algunos legisladores no les pareció adecuado que el Instituto emitiera los Criterios Generales que Garanticen el Principio de Paridad de Género en la Postulación de Candidaturas a las Gubernaturas. Ahora pretenden interponer sendas controversias constitucionales por invasión de facultades o, al menos, un recurso ante el muy desprestigiado Tribunal.

Se puede o no estar de acuerdo con los lineamientos del INE que, por cierto, están fundamentados en legislaciones de distintos países, en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte así como de sus recomendaciones y en jurisprudencia del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte. El punto es que el INE no está invadiendo facultades sino cumpliendo con el artículo 41 de la Constitución que exige que en la postulación de sus candidaturas, se observe el principio de paridad de género.

Lo mismo ocurrirá, con toda seguridad, en el caso de la reelección. Diversas resoluciones de la Corte producto de acciones de inconstitucionalidad en casos de las entidades federativas, señalan que “al no existir mandato constitucional que obligue a los diputados locales a separarse del cargo durante sus campañas electorales en las que pretendan reelegirse, se impone concluir que no existe impedimento para que se mantengan en el cargo mientras realizan proselitismo electoral”. Aún así, seguramente los lineamientos serán controvertidos pues lo que conviene a un partido puede no convenir al otro. De nuevo, el INE tendrá que suplir a través de un acuerdo lo que no hicieron los legisladores en seis años y acabarán pagando justos por pecadores.

Una más. La prueba de fuego para el INE será cómo evitar la llamada sobrerepresentación de un partido en la Cámara de Diputados. La Constitución señala que ningún partido puede tener más del 8 por ciento de los asientos de la Cámara de Diputados por encima del porcentaje de su votación. Esto es, que si un partido obtuvo, por ejemplo, el 40 por ciento de la votación no podrá tener más 48 por ciento de los asientos de la Cámara. Por algún motivo, para mí incomprensible más allá de las marrullerías a las que por desgracia nos tienen acostumbrados los partidos, en la elección de 2018 el partido mayoritario obtuvo el 37 por ciento de los votos pero tiene más del 50 por ciento de las y los diputados. De alguna manera, el INE tendrá que evitar que esta experiencia se repita en 2021 por el simple hecho de que es violatorio de la Constitución. La polémica será monumental.