Este 2023 se cumplen nueve años del caso Ayotzinapa y aún no conocemos qué fue realmente lo que ocurrió esa noche y quiénes fueron todos los actores involucrados y sus responsabilidades. Las instituciones le han apostado, desde el principio, a generar una nebulosa en torno al caso, para que las familias de los estudiantes y la ciudadanía se resignen a la injusticia, la impunidad, la falta de información y de verdad.
El contexto, a nueve años de la desaparición de los estudiantes, es desalentador, puesto que la desaparición de los normalistas y su falta de esclarecimiento no es un hecho aislado, sino que se suma a la larga lista de desapariciones en México. En nuestro País desaparecen en promedio 27 personas al día. Hasta el momento se tiene registro de más de 100 mil y para agravar esta situación la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda renunció hace unas semanas ante posibles presiones por rasurar el padrón de personas desaparecidas.
La información es clave para clarificar los hechos, garantizar verdad a las familias y la sociedad, y detonar procesos de justicia y reparación. De acuerdo con la Relatoría sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ningún caso puede mantenerse como secreta la información sobre graves violaciones de derechos humanos, especialmente a las víctimas y sus familiares. Tanto ellas, como la sociedad entera, tienen el derecho de conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas; mantenerles en la ignorancia contribuye a someterles a un trato cruel, inhumano y degradante. Este 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber hacemos un recuento de los obstáculos que familiares, organizaciones y la ciudadanía han enfrentado para acceder a información del caso Ayotzinapa.
Primera resolución sobre violaciones graves a derechos humanos en México
El 24 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición, periodistas solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la averiguación previa sobre el caso Ayotzinapa. La información fue negada y se clasificó como reservada bajo el argumento de que la investigación estaba en curso. Casi un año después, tras la resolución del entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (actualmente INAI), se instruyó a la PGR su entrega por tratarse de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos; también se especificó que no podrían omitirse los nombres de las personas funcionarias involucradas que fueran públicos, ni de quienes hubieran sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional. Como resultado, la PGR divulgó una versión pública de la averiguación, con más de 50 mil fojas.
Esta resolución fue un precedente importantísimo para la reforma legal, que se estaba gestando en esa época en materia de acceso a la información. El resultado fue la prohibición a las instituciones de reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción. Además, de dar al INAI la facultad de determinar a primera vista, la existencia de hechos probablemente violatorios de derechos humanos e instruir la divulgación de aquella que es de interés público para la sociedad, sin que con ello se menoscabe la integridad de la investigación ni principios procedimentales. Con ello, se cumplía el objetivo de que la ciudadanía también logre llevar un control y rendición de cuentas del actuar de las autoridades y no tener que esperar años a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinara la existencia de una grave violación para develar información, como se estipulaba. Sin esa reforma las instituciones seguirían sin entregar la información de investigaciones en curso, ya que podrían durar años.
Nueve años después, la información sigue siendo objeto de disputas entre las instituciones públicas y la ciudadanía
Para avanzar en el esclarecimiento del caso, y respaldados por los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres de los normalistas señalan que hay faltantes de información y que han solicitado documentos de inteligencia militar clave que no han sido entregados. Ante esto, el Ejecutivo ha insistido que no hay opacidad. Sobresale que, en mayo de este año el INAI intervino para que fuera entregada a un solicitante una versión pública sobre el expediente del caso Ayotzinapa que proporcionó el Gobierno de Estados Unidos.
Frente a estos casos, la existencia de un órgano garante, como el INAI, que tenga la capacidad de analizar e instruir la apertura de información relacionada con estas violaciones y que compruebe que la información que solicita la ciudadanía es entregada por las autoridades está más que justificada. Desde 2014 se han realizado más de mil 500 solicitudes de acceso a la información sobre Ayotzinapa de las cuales se han presentado 158 inconformidades en las que ha tenido que intervenir el INAI, es decir, en más de 10 por ciento de las solicitudes, la ciudadanía ha quedado inconforme con las respuestas y ha interpuesto un recurso de revisión.
La impunidad en los casos de desaparición es sintomática de investigaciones deficientes y una mala administración de justicia. Por ello, el acceso a la información de violaciones graves a derechos humanos por parte de las víctimas y la ciudadanía se vuelve un elemento clave para exigir el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la resistencia de las instituciones para proporcionar esta información es una práctica constante.
En 2018, ante la solicitud de un particular para acceder a los expedientes de Militares en la Guerra Sucia la Secretaría de la Defensa Militar (Sedena) negó la información. Lo mismo ocurrió cuando se solicitó información sobre las masacres ocurridas en 1968 y 1971.
La FGR argumentó que las investigaciones estaban en curso y que la información está clasificada por 12 años. Si esto sucede con hechos que ocurrieron hace décadas, qué podemos esperar de acontecimientos recientes.
Sin la posibilidad de construir una memoria histórica de los agravios y violaciones a los que ha sido sometida la población, México está condenado a repetir la historia. Sin información no puede haber verdad, justicia, ni reparación. Por eso hoy más que nunca es importante ejercer nuestro derecho a saber para lograr esclarecer, de una vez por todas, lo sucedido con los normalistas.
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La autora es Anaid García Tobón, investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
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