La brecha que debemos reducir entre academia y gobierno

En una de esas charlas que periódicamente tenemos un grupo de profesores e investigadores activos de la UAS, reflexionamos en que actualmente existe una distancia importante entre lo que se investiga en las universidades y la manera en que se toman muchas de las decisiones desde el Gobierno estatal.

Esto no quiere decir que la academia y el gobierno vivan completamente separados. Existen convenios, proyectos y colaboraciones. Sin embargo, la mayoría de esos esfuerzos dependen de la iniciativa de algún funcionario o del interés particular de un investigador. Lo que hace falta es construir un puente que permanezca más allá de las personas y de los cambios de administración.

Y es que los problemas que enfrenta Sinaloa son demasiado complejos para resolverse solamente con intuiciones políticas de corto plazo. El agua, la inseguridad, la salud, la movilidad de las personas, la desigualdad, la educación y el crecimiento de nuestras ciudades son asuntos que requieren información, diagnósticos y conocimiento especializado.

La discusión nacional ofrece algunas pistas que vale la pena considerar. El Plan México plantea, entre otras cosas, la necesidad de fortalecer el desarrollo regional, aprovechar las características y capacidades de cada territorio, vincular a las universidades con el desarrollo y fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación.

Algo parecido ocurrió con los Programas Nacionales Estratégicos, los PRONACES, que buscaron orientar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico hacia algunos de los grandes problemas del país. La idea de fondo es que la investigación no se quede solamente en las universidades, sino que pueda ayudar a entender y resolver los problemas que afectan a la sociedad.

A partir de estas experiencias, sería interesante comenzar a discutir la creación de un Sistema Sinaloense de Política Pública Basada en la Ciencia (o algo así). Es decir, una institución que pudiera funcionar como puente entre el conocimiento que se genera en nuestras universidades y centros de investigación y las decisiones que toma el gobierno.

Su función podría ser, en primera instancia, identificar los principales problemas del estado, para posteriormente reunir a investigadores de distintas disciplinas para estudiarlos, plantear alternativas, y después evaluar los resultados.

No se trataría solamente de producir investigaciones o publicar artículos académicos, sino de convertir ese conocimiento en mecanismos concretos que puedan ayudar a mejorar las políticas públicas.

Pensemos, por ejemplo, en la inseguridad. En lugar de que cada dependencia analice el problema desde su propia perspectiva, podría reunirse a economistas, sociólogos, psicólogos, abogados, para construir una visión más completa. Lo mismo podría hacerse con otros problemas prioritarios.

La idea es construir un puente entre dos capacidades que hoy trabajan demasiado separadas; la capacidad del gobierno para decidir y actuar, y la capacidad de las universidades para investigar, analizar y generar conocimiento. Ojo, sin perder autonomía.

Una institución de este tipo permitiría que la relación entre academia y gobierno dejara de depender de convenios ocasionales, o de la buena voluntad de determinadas personas. Se trataría de construir una relación permanente, con una agenda de investigación vinculada a las necesidades prioritarias del estado.

En Sinaloa tenemos investigadores muy destacados en cada área del conocimiento, pero que en su mayoría hacen investigación básica. Sería mucho más útil que pudieran participar de manera permanente en una agenda estatal de investigación aplicada.

Es cuanto...