Joel Díaz Fonseca
Reaccionar con escepticismo respecto de las promesas o halagos de una persona, es definido popularmente como “volverse arisco”.
De hecho nuestros antepasados acuñaron la frase “la burra no era arisca, la hicieron”, para justificar cualquier reacción de desconfianza hacia una persona o hacia sus acciones.
Se lee en la edición de Noroeste del sábado la declaración de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, en el sentido de que esa entidad procederá a revisar cómo fueron asignados los contratos de la obra durante el Gobierno de Mario López Valdez, ante los señalamientos de que fueron privilegiados amigos y socios del ex Gobernador.
Información recabada por este periódico revela que en el autodenominado “Gobierno del cambio” se otorgaron casi mil 100 millones de pesos en obra a familiares de funcionarios, al ex coordinador de campaña y hasta al compadre de un hijo de Mario López Valdez.
La titular de la ASE manifestó que tras la publicación de Noroeste sobre la manera tan burda en que se hizo la contratación y asignación de obras, se procederá a una revisión específica a los procedimientos de contratación, que es un asunto distinto al observado en la cuenta pública de 2016.
La Auditora detalló que en el tema de obra lo que hizo el órgano fiscalizador del Congreso, en específico sobre la cuenta pública del año 2016, fue revisar que la obra estuviese concluida y realizada conforme a lo pactado en los contratos y convenios, no la manera en que se hizo la contratación de la misma.
Advirtió incluso que conforme a lo declarado por diputados locales, en los primeros cinco años de ejercicio de López Valdez no fue auditada la obra pública, es decir que el ex mandatario y los encargados de despacho tuvieron manga ancha para repartir los contratos de obra a familiares, compadres, amigos, etc.
Si la Auditoría cumple de pe a pa con su responsabilidad, superior (no solo en el nombre) a la de otras instancias, incluido el Congreso, saldrán a relucir todos los manejos oscuros y hasta sucios de la pasada administración, incluso podría saberse qué otros empresarios, además de los citados, fueron beneficiados con esos contratos que engloban obras por más de mil millones de pesos.
Sería sin duda una carambola de cuatro bandas: Quedarían expuestas a la luz pública las triquiñuelas oficiales; quedarían en evidencia los funcionarios corruptos; se conocerían los nombres de empresarios que hacen negocios chuecos con las entidades de gobierno; y se sentaría un importante precedente para quienes aspiran, de uno y otro lado, a hacer lo mismo, que les advierta que tarde o temprano salen a relucir las “tacuachadas”, como se denomina a todo lo que está previamente “arreglado”.
Pero sería erróneo pretender que solamente en la esfera estatal es donde se dan asignaciones de obras sin licitación o mediante concursos “arreglados”, en los ayuntamientos es también muy común la adjudicación de contratos al margen de la normatividad.
Se adjudican contratos de obra o de compras a empresas de familiares, amigos y socios. También a empresas y empresarios que no tienen la capacidad ni la experiencia y, muy comúnmente, ni el equipo o la maquinaria para realizar aquello para lo que se les está contratando.
No creo equivocarme si advierto que muy pocos de los constructores o contratistas a los que se les han asignado obras en estos once meses, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, se animarían a levantar la mano para demostrar que tienen la capacidad y la experiencia para realizar aquello para lo que se les ha contratado.
El hecho de que la fiscalización del Congreso se limite a constatar que los contratistas cumplan con los plazos convenidos y no a la forma en que son adjudicadas las obras, explica por qué en tantos frentes de obra en Mazatlán ha tenido que rehacerse varias veces lo construido, por la inexperiencia y la falta de equipo de los contratistas.
Ya están levantando por ahí la mano algunos políticos que pretenden contender por la alcaldía de Mazatlán el próximo año, a ellos hay que advertirles que gobernar un municipio no puede ser solo hacer política para un grupo o grupos de poder, ni es un trampolín para brincar a otro puesto, como pretenden hacerlo desde la posición en la que actualmente despachan o levantan el dedo.
La sociedad ocupa personas que quieran servir a la comunidad en general, no solo a ciertos grupos, que son en realidad el poder tras el trono.
