La caja negra de la seguridad y la justicia
En julio de 2026, el Inegi presentó la actualización del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios y, un mes después, la nueva edición del Censo Nacional de Seguridad Pública. En ambos casos, la información resultó incompleta porque las autoridades de la Ciudad de México no entregaron oportunamente los datos requeridos por el Instituto. Quedaron fuera cuestiones elementales como el número de personal, los avances en certificación y dignificación laboral, el equipamiento, las puestas a disposición de la policía capitalina y el número de personas privadas de la libertad en los penales de la ciudad. En otras palabras, los censos dejaron fuera prácticamente toda la información necesaria para conocer las condiciones y resultados de las instituciones policiales y penitenciarias de la capital. Esto, además, impide construir una lectura nacional completa sobre ambas materias.
No es la primera vez que ocurre. Omisiones de este tipo son recurrentes en las distintas ediciones de los censos y se suman a los cambios de variables y categorías entre una edición y otra, así como a inconsistencias aparentes cuando sus datos se contrastan con información obtenida mediante solicitudes de transparencia. Todo ello dificulta dar seguimiento a la evolución de las instituciones y, en algunos casos, incluso saber si los cambios observados responden a transformaciones reales o a modificaciones en la manera de registrar la información. El problema no es menor. Sin datos completos, comparables y sostenidos en el tiempo, resulta imposible saber con precisión qué están haciendo las instituciones de seguridad y justicia, con qué capacidades cuentan y qué resultados están obteniendo.
Desde luego, el punto no es restar mérito a los censos del INEGI ni desacreditar al Instituto. Lo importante es reconocer las limitaciones de la información que recopila, sobre todo porque su calidad depende, en buena medida, de la disposición y capacidad de las propias instituciones para generar y proporcionar datos sobre su funcionamiento. En seguridad y justicia, además, esta dificultad no es nueva. De hecho, uno de los puntos de partida para quienes nos dedicamos a estudiarlas es reconocer que buena parte de ellas opera como “caja negra”, por lo que acceder a información sobre sus actividades, decisiones y resultados ha sido históricamente difícil.¹
El problema adquiere mayor relevancia en el momento actual. Buena parte de la información sobre seguridad se comunica en las conferencias de prensa matutinas del Gobierno federal, pero las cifras anunciadas no siempre vienen acompañadas de documentos o registros públicos que permitan verificarlas y contrastarlas. De manera recurrente, la comunicación oficial se concentra en cifras sobre detenciones, aseguramientos y otros resultados operativos. Sin embargo, no existen registros públicos accesibles que permitan responder preguntas elementales: dónde ocurrieron esas operaciones, cómo han evolucionado en el tiempo, bajo qué criterios se contabilizan o qué resultados tuvieron posteriormente.
Sin ese sustento documental, las cifras pueden anunciarse, pero no pueden ser examinadas. Y sin información que permita explicar y verificar los resultados que el gobierno atribuye a su estrategia de seguridad, tampoco es posible conocer con precisión qué está ocurriendo en realidad.
Las desapariciones ofrecen otro ejemplo particularmente preocupante. La polémica en torno al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas puso de manifiesto hasta qué punto la información pública puede ser insuficiente incluso en un asunto de esta gravedad. El propio Gobierno federal cuestionó la confiabilidad de los datos existentes y anunció medidas para revisar y validar el registro. Sin embargo, la sociedad sigue sin contar con información pública suficiente para conocer con claridad qué se ha hecho, qué resultados se han obtenido y cuál es actualmente el grado de confiabilidad de los registros. Algo similar ocurre con la información sobre fosas clandestinas y cuerpos sin identificar. Ante la ausencia o insuficiencia de los registros públicos previstos por la propia legislación, buena parte de lo que hoy sabemos proviene de investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de la academia.
Por eso, el problema de los censos no debería reducirse a una omisión de la Ciudad de México ni a una dificultad técnica del Inegi. Lo que muestran es un problema más amplio: instituciones de seguridad y justicia que todavía no generan, conservan y hacen pública la información necesaria para conocer cómo funcionan. Mientras la información dependa de lo que cada institución decide reportar, de cambios en sus criterios de registro o de cifras presentadas sin documentación que permita verificarlas, una parte importante de la realidad institucional seguirá fuera del alcance del escrutinio público. Y cuando no hay información suficiente para observar a las instituciones, tampoco hay manera de exigirles cuentas sobre sus capacidades, sus decisiones y sus resultados.
¹No es casual, por ello, que algunos de los retratos más detallados sobre su funcionamiento hayan requerido investigaciones que combinan trabajo de archivo minucioso, reconstrucción testimonial y trabajo de campo. Son útiles como referencia, los trabajos de Cristina Begné sobre fiscalías; en particular: Cristina Begné (2014), Estado de derecho y ministerio público en México, INACIPE, México. Y sobre policías, consúltese: María Eugenia Suárez de Garay (2017), Los policías: una averiguación antropológica, ITESO, México; o el más reciente: Caros Pérez Ricart y Daniel Herrera (2025), Entre el orden y el caos. Historia de la policía de la Ciudad de México, Siglo XXI, México.
