La confianza en el Ejército a 12 años de Ayotzinapa
Tlatelolco y Ayotzinapa tienen un rasgo en común: la presencia de los militares y la violencia ejercida por agentes del Estado contra civiles. A 12 años de Ayotzinapa, ¿basta con recordar?
Hoy, cuando las Fuerzas Armadas tienen un papel más amplio en la seguridad pública, vale la pena cuestionar qué ha pasado con la confianza ciudadana en el Ejército tras casos como estos y qué nos dice eso sobre lo que la memoria no ha logrado cambiar.
La noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco “coludidos con la organización criminal Guerreros Unidos” atacaron a los estudiantes en distintos puntos de la ciudad de Iguala. Los ataques se prolongaron cerca de cuatro horas y policías estatales y federales estuvieron presentes o participaron en algunas escenas.
La versión oficial del Gobierno, llamada “verdad histórica”, redujo el caso a policías locales corrompidas por el crimen organizado. Sin embargo, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) contrastaron este discurso con evidencia de que las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de lo que ocurría en Iguala.
Quizás el punto más discutido en este caso ha sido el papel del Ejército por las distintas versiones que hay sobre su participación.
El GIEI registró que el Batallón 27 de Infantería tenía información en tiempo real, que personal de inteligencia militar estuvo en los dos lugares de los ataques y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía soldados infiltrados en la Normal, uno de los cuales estaba entre los 43 desaparecidos. Además, la investigación del Grupo sostiene que el Ejército ocultó información durante años y deduce que los mandos de los batallones 27 y 41 estaban involucrados con Guerreros Unidos.
Por esta razón, en 2023 el GIEI solicitó que se reactivaran las órdenes de captura que la Fiscalía había cancelado contra militares en 2022. En contraste, la Sedena ha rechazado estos señalamientos y en 2026, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deslindó a los militares en su recomendación 208VG/2026.
La presencia del Ejército importa por tres razones.
Primero, debilita la versión de que lo ocurrido en Ayotzinapa fue un problema local de corrupción policial; la COVAJ califica el caso como un crimen de Estado.
Segundo, si los señalamientos del GIEI se confirman, erosionan el argumento de que las Fuerzas Armadas, a diferencia de las policías, no están coludidas con el crimen organizado, una de las premisas con las que suele justificarse la militarización. Tercero, evidencia lo difícil que es exigir transparencia a una institución que controla su propia información, pues la Sedena negó la existencia de documentos que posteriormente fueron encontrados entre sus archivos por el GIEI.
Pese a las críticas al Ejército y al Gobierno por el caso, hay un factor que llama la atención, ¿cómo es que, pese a los señalamientos, las Fuerzas Armadas tienen hoy un papel más amplio en la seguridad pública que en 2014?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, en México la confianza en las Fuerzas Armadas es sobresaliente frente al resto de las instituciones de provisión de seguridad y justicia. En 2014, antes de Ayotzinapa, el Inegi registró que el porcentaje nacional de personas de 18 años y más que manifestaron que el Ejército les generaba confianza era de 80.7 por ciento; en 2015 bajó a 77.6 por ciento y en 2019 volvió a 80.4 por ciento.
En el caso de la Marina, el porcentaje de confianza sigue la misma tendencia. La caída coincide con el caso Ayotzinapa, aunque también podría estar afectada por otros episodios de violencia militar contra civiles como el de Tlatlaya. De cualquier manera, las cifras tuvieron un repunte después de 2015 (que las devolvieron a los niveles de confianza de 2014 sobre el 80 por ciento) frente a las de la Fiscalía General de la República, los jueces, el Ministerio Público y las policías estatales y federal, que no alcanzan el 60 por ciento de confianza en las series disponibles entre 2014 y 2020.
La percepción de corrupción apunta en el mismo sentido. La ENVIPE muestra en los índices de percepción de desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia que para 2026 menos del 30 por ciento de la población considera corruptos al Ejército y la Marina, frente a un porcentaje por encima del 60 por ciento en el caso de jueces, ministerio público y policías locales.
Hay una tensión entre los señalamientos de abuso e impunidad hacia las Fuerzas Armadas y la confianza que la mayoría les otorga. Aunque la confianza varía por regiones, es alta en todo el país, siendo Guerrero, Chihuahua y la Ciudad de México los estados con menos confianza en las Fuerzas Armadas (entre 74 y 77 por ciento) y Nuevo León, el estado con mayor confianza (86.8 por ciento). En la misma línea, en 2026 el Inegi reportó que 85.5 por ciento de los encuestados considera “muy efectivo o algo efectivo” el trabajo de las Fuerzas Armadas.
A pesar de todo, la confianza y la efectividad no se relacionan necesariamente con la mejora de la seguridad.
La falta de resultados tangibles no ha minado la confianza ni la percepción de efectividad que la ciudadanía deposita en las Fuerzas Armadas, lo que se traduce en la normalización de su constante despliegue.
En el País la inseguridad persiste: el Inegi reporta que 74.4 por ciento de las personas de 18 años y más percibe su entorno como inseguro; a la vez, los delitos vinculados con el crimen organizado y la tasa de desapariciones han aumentado significativamente en la última década.
A pesar de esto, en agosto de 2022 una encuesta de Buendía y Márquez para El Universal encontró que 51 por ciento de los encuestados estaba “muy a favor” y 29 por ciento, “algo a favor” de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado.
¿Por qué se mantiene el respaldo? Para explicarlo es posible hacer una lectura desde el populismo punitivo.
Según Pilar Noboa en su artículo “Populismo punitivo: ¿solución o placebo social?” de 2023, en América Latina este mecanismo se activa como respuesta a la percepción generalizada de inseguridad, corrupción e impunidad. Ante la demanda ciudadana por seguridad, los líderes prometen soluciones de mano dura para resolver a corto plazo el problema; esta estrategia, aunque es popular políticamente, no atiende las causas subyacentes de la delincuencia e incluso aumenta el riesgo de violencia policial y violaciones de derechos humanos.
Los datos disponibles para México siguen este patrón en el que hay una percepción de inseguridad y de corrupción, atribuida principalmente a jueces, Ministerio Público, policías y fiscalías. En este contexto, los militares son la salida en la que más se confía, aunque la inseguridad persista. Con el tiempo, esta apuesta se volvió permanente; lo que en 2006 comenzó como una medida extraordinaria se fue institucionalizando a tal grado que la Guardia Nacional pasó a depender de la Sedena en 2024. Ni siquiera un caso como Ayotzinapa alteró de fondo la confianza en los militares, pero sí ilustró los riesgos de esta estrategia.
Por eso, a 12 años de Ayotzinapa, recordar es necesario, pero no suficiente. Que cada año se conmemoren Tlatelolco y Ayotzinapa y que, a la vez, los datos disponibles muestren respaldo a un papel más amplio de las fuerzas armadas en la seguridad pública revela una tensión en nuestra cultura política. Que la memoria sirva para evitar la repetición depende de mecanismos de rendición de cuentas, supervisión civil y escrutinio público de los aparatos de seguridad.
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La autora es Isabella Uscanga Robles, estudiante de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
