La consulta popular que no supieron hacer. Caso amoniaco: más dudas que respuestas

La semana pasada el Senador Mario Zamora Gastélum lanzó dos preguntas que son fundamentales para decidir el estatus legal del proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo. A Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de Economía, le inquirió si el planteamiento de instalar la fábrica de fertilizantes cuenta con toda la documentación en regla que corresponde, y a María Luisa Albores González, titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, le solicitó el informe de los resultados de estudios de impacto ambiental que mediaron para autorizar la inversión suiza-alemana.

Se trata de dos interrogantes que debieron plantearse y ser contestadas antes del “sí” o “no” que se les formuló el domingo a los ciudadanos de Ahome, Guasave y El Fuerte en el marco del “ejercicio de participación Ciudadana”, no consulta popular, que realizó la Secretaría de Gobernación por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la ya conocida resolución afirmativa. Y de nuevas dudas que brotan en ráfaga después de que no hay respuestas que clarifiquen lo esencial.

Es decir, si el tema se ajusta a los procedimientos legales, en caso de que Economía y Semarnat confirmen la existencia del proceso cubierto con todas las formalidades y de la carta opinión que descarte daño al sistema lagunar Santa María-Topolobampo Ohuira, se agota la materia del diferendo. De ser lo contrario, el Gobierno Federal no tendría por qué autorizar la instalación de la planta ni las autoridades locales podrían defender el beneficio económico a costa de afectar ecosistemas protegidos por normas internacionales.

En realidad, hay muchas preguntas más aparte de las que se plantearon en la mal llamada consulta y en los tuits que Zamora les dirigió el 25 de noviembre a Clouthier y Albores. La principal es por qué el procedimiento de auscultación se alejó de lo que establece la Ley Federal de Consulta Popular que ampararía un resultado vinculante y legitimaría la decisión de los ciudadanos y la que adopte López Obrador en un conflicto que, remarcamos, trae fallas de origen desde que en 2006 el gobierno de Mario López Valdez atrajo al importante inversionista sin advertirle que le ofrecía para establecerse una bomba social por la importancia ambientalista de la zona asignada.

Otra cuestión tiene que ver con la determinación de dejar en manos de la Secretaría de Gobernación la “consulta”, casi al ras de sondeo de opinión, cuando es al Instituto Nacional Electoral al que le correspondía organizar y sancionar el proceso luego de la toma de nota del Congreso de la Unión y el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo establece la ley de marras. ¿Por qué optar por el “ejercicio participativo” que no surte efectos sobre procedimientos judiciales en curso y que si acaso será útil es para orientar a AMLO en la toma de la decisión final?

Hay que recordar que el Presidente está a favor de que salga adelante la planta de fertilizantes de Topo cuya inversión es de 1,250 millones de dólares y que en diez años ascenderá a 5,000 millones de dólares, ya que en 2020 incluyó el proyecto dentro de las acciones estratégicas para reactivar la economía nacional. ¿Entonces a qué se debió que el reciente 28 de noviembre no utilizó la consulta popular, facultad que le otorga la legislación respectiva, para abrirle cauce a la legitimidad de la opinión de los sinaloenses?

Con el simulacro de consulta que realizó Gobernación, a la Federación pudo salirle más caro el caldo que las albóndigas, aparte de que el platillo cocinado con desaseo desagradó a muchos. Tres días antes de que se efectuara el levantamiento de opinión en el norte de Sinaloa el mismo Mario Zamora le dirigió una carta al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde le recuerda que existen distintos juicios de amparo de quienes se oponen a la planta de amoniaco y le interroga por qué llevar a cabo una consulta que no es vinculatoria y “no otorga certidumbre de los resultados, pues la parcialidad y transparencia no se garantiza”.

Y deja caer en cascada más signos de interrogación: ¿cuál es el fundamento legal para que la Secretaría de Gobernación realice la promoción y organización de la consulta? ¿Cuál es el criterio para determinar si el proyecto es federal o local? ¿A petición de quién se está realizando la consulta y cuál es su sustento legal y documental? ¿Cuál es el costo que tendrá dicha consulta y el recurso a qué partida presupuestal corresponde? ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la participación democrática, otorgan certeza jurídica a los resultados y la pudieran hacer vinculatoria para la autoridad? ¿Por qué no sujetarse al marco constitucional y de leyes secundarias que norman la realización de consultas populares? ¿En caso de que la mayoría de la ciudadanía optara por la no construcción cuál sería el impacto económico?

Ni modo. Era una “consulta” para responder dos preguntas y terminó generando un torbellino de nuevos signos de interrogación.

Por las muchas madejas sin puntas,

que resultaron de consultar,

para que descifre las preguntas

a Cantinflas deben contratar.

Ahora el balón está en la cancha del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en una de sus mañaneras se referirá al resultado del “ejercicio de participación ciudadana” concerniente a la planta de fertilizantes. Nadie quiere que el capital extranjero se vaya de Sinaloa, pero tampoco es de ley que el desarrollo económico se finque sobre ecosistemas que hoy más que nunca necesita el hábitat para garantizar todos los tipos de vidas. Esto podrá tener un final feliz para todos solamente si aflojan un poco sus posturas las partes en pugna, y el gobierno genera una atractiva opción “b”. ¿Una zona cercana a Topolobampo sin trabas ecológicas con infraestructura que conecte al productor de amoniaco con la terminal marítima? Suena bien.