La corrupción silenciosa

09/12/2025 04:00
    Investigaciones periodísticas de las últimas semanas revelan la corrupción silenciosa que la red de notarías facilitan en México, ante la falta de controles, normas de transparencia y rendición de cuentas que deben observar las autoridades públicas, además de los excesivos costos de sus servicios y el obstáculo que significan para los pequeños negocios. Urge reformar el sistema de notariado para avanzar hacia un mejor sistema de rendición de cuentas

    Ni los escribas egipcios ni los notarius romanos ni mucho menos Rolandino de’ Passaggeri –quien, en el siglo 13, escribió la primera guía de la ciencia notarial en Bolonia– pudieron imaginarse que tantos siglos después, en 2025, la actividad notarial estaría en el centro de la discusión pública en México.

    El 27 de octubre se publicaron diversas investigaciones periodísticas (1) mostrando que existen otros mecanismos o intermediarios, que funcionan en redes, y que pueden ser instrumentos silenciosos para beneficiar intereses políticos, sociales y económicos, como fue la red de notarías relacionadas con diferentes actores políticos.

    Lo anterior es de cuidado, porque las notarías le dan legalidad y autenticidad a documentos y tratos, como compras, permisos o licitaciones. Por ejemplo, en este caso, entre los hallazgos más preocupantes revelados por las investigaciones periodísticas es posible destacar los siguientes:

    Las empresas creadas o beneficiadas por esta red notarial se relacionan directamente con casi una decena de personas entre los que se encuentran familiares, amistades, financiadores de campaña, y funcionarios estatales que colaboraron con actores políticos. Particularmente se mencionan nombres como el del empresario Manuel Santandreu –quien recibiera la mayor parte de contratos millonarios–, y el exsecretario de seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, también acusado por ser líder de la Barredora.

    Por lo menos fueron utilizadas 5 notarías para adjudicaciones directas de proyectos a nivel municipal, estatal y federal, siendo las más relevantes, notarías propiedad de actores políticos.

    Según estimaciones de El Universal se realizaron transacciones con ganancias por 11 mil millones de pesos en diversos sectores (construcción, salud, entretenimiento, por enunciar algunos). Para poner en perspectiva, esto representa poco más del 1 por ciento del presupuesto total en salud o casi el 1 por ciento destinado a educación, programados en el PPEF 2026.

    Casos como este demuestran otras facetas en las que se facilita la corrupción de manera silenciosa en México. La corrupción es un fenómeno que no pueda adjudicarse solamente a la conducta de unas cuantas personas: opera a través de estructuras y entramados complejos entre diversos actores –públicos y privados–, por la cantidad de figuras y grupos involucrados, y por la magnitud de los beneficios ilícitos que genera. Por ello, investigar o sancionar a uno o dos actores involucrados no tiene un impacto real para desmantelarlos, ya que la complejidad de estas redes también tiene que ver con la capacidad que tienen para autorregenerarse, pues si no se atienden las causas estructurales, surgirán otras figuras que seguirán alimentando las redes y permitiendo la corrupción que no se ve.

    Las investigaciones periodísticas precisamente ponen la lupa sobre el rol que juegan las notarías, figuras que auxilian al Estado en el trámite de distintos actos jurídicos, que no cuentan con suficientes controles y pueden operar de manera discrecional entre círculos familiares o políticos, pues no se rigen por las normas de transparencia y rendición de cuentas que deben observar las autoridades públicas. Otras problemáticas asociadas a estas figuras son los excesivos costos de sus servicios y el obstáculo que significan para los pequeños negocios. Por ello, reformar el sistema de notariado en México es una cuestión urgente para avanzar hacia un mejor sistema de rendición de cuentas.

    Se necesita atención integral, desde la prevención, de estas redes y entramados para que mitigue efectivamente la corrupción estructural; además de fortalecer los controles de rendición de cuentas y transparencia en la relación del Estado con actores privados, e identificar quiénes se benefician en este tipo de “negocios” en donde intervienen actores públicos.

    También será fundamental poner atención en las declaraciones patrimoniales de personas funcionarias públicas, así como sus declaraciones sobre conflicto de interés. La rigurosidad de estas herramientas de control podría ser un primer candado efectivo, si se toma en serio.

    (1) Los escándalos de Adán Augusto López: del caso Hernán Bermúdez a presuntas inconsistencias patrimoniales

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