“Lo viejo no termina por irse y lo nuevo, no termina por llegar”, es una máxima trillada de los procesos de transición a la democracia que explica la persistencia del autoritarismo y justificación de traiciones, como, también, que el programa político ocupe un rol secundario y haya una personificación del poder.
Peor cuando domina, además, la desconfianza entre los actores políticos. Y, en este interregno, estos actores se disputan el poder por encima del mandato de las urnas y la ley, la ajustan a sus intereses.
Por un lado, está Guillermo Benítez Torres, el Alcalde reelecto de Mazatlán, quien se pertrecha en el triunfo obtenido en las urnas y pretende nombrar legítimamente a los miembros de su gabinete y consensar, quienes integrarán las comisiones del propio Cabildo, obteniendo el rechazo de ocho de los 12 regidores.
En el otro, Héctor Melesio Cuén Ojeda, el líder moral del Partido Sinaloense, con sus tutelados, el hombre fuerte del gabinete estatal, por su dualismo entre dirigente político y funcionario, quien lidera abiertamente la oposición interpartidista en el Cabildo mazatleco (léase en Noroeste de mi autoría La Foto de la Venganza), mostrando un conjunto de regidores políticos que han caído en su red y buscan hacerse del poder nombrando ilegalmente a quienes ocuparán los tres cargos principales del Ayuntamiento (Secretario, Tesorero y Oficial Mayor).
Es comprensible la suma ¿quién quiere estar fuera de la órbita del poder real por los siguientes tres años? Pero, en el pecado, llevan la penitencia. Haber aceptado el tutelaje los pone en evidencia ya que el Cabildo debe seguir siendo un espacio libre para la deliberación de los asuntos municipales. Y no es, porque el Alcalde Benítez Torres, sea mejor que ellos, sino, porque, ambos grupos, están en la ilegalidad.
Los abogados Víctor Colado y Pedro Osuna Amparo, este ex Secretario del Ayuntamiento en uno de los trienios de Alejandro Higuera, nos dan la pauta para comprender este diferendo que de no resolverse políticamente tendrá que hacerlo el Congreso del Estado mediante la desaparición de poderes. Estos estudiosos del Derecho y los reglamentos municipales nos dicen:
Víctor Colado:
“El Alcalde tiene el derecho para proponer el nombramiento del Secretario, Tesorero y Oficial Mayor y forzadamente deberá ser aprobada por mayoría simple, es decir, cincuenta por ciento más uno, porque esa es la regla de validez genérica de los acuerdos de sesiones del Cabildo, según lectura del artículo 80 del reglamento de gobierno municipal, sin embargo, cuando el Presidente omite ese derecho, el cuerpo edilicio puede realizar la propuesta y aprobar la designación que hagan cualquier miembro del ayuntamiento, sin embargo, tendrá que ser por mayoría calificada, de nueve miembros, pero, en este caso, se advierte que el número que aprobó ese acuerdo son ocho, por tanto es ilegítimo ese acto. El artículo 6 del reglamento de marras dice que, en casos no previstos en la ley, los acuerdos se aprobarán por las dos terceras partes, nueve de los miembros, esto quiere decir que cualquier tema puede tratarse y resolverse en las sesiones siempre y cuando sean respaldados por mayoría calificada, por tanto, los nombramientos son espurios; igualmente, los hechos por el Alcalde de manera interina, porque tampoco la ley de gobierno municipal y su reglamento lo faculta para ello”.
Pedro Osuna:
“En lo que difiero es en el nombramiento por regidores, el invocado artículo no especifica el caso de nombramiento de esos funcionarios y no puede estar por encima de la ley y la Constitución aún si alcanzaran la mayoría calificada. Sin embargo, es cierto que ninguno de los nombramientos es válido y que si no se ponen de acuerdo tendrá que haber una declaratoria de ingobernabilidad por el Congreso porque no hay Presidente del Cabildo y porque no se está cumpliendo con la ley”.
Sin ser abogado, me animo a decir, que un reglamento no puede garantizar más derechos que los establecidos en la Constitución y la ley reglamentaria, entonces, habría que hacer el análisis jurídico jerárquico. Y ahí, está claro, que es el Alcalde el que propone y el Cabildo dispone.
Por más que los regidores esgriman la ley para justificar sus acciones, a todas luces, están al servicio de un poder que está más allá del Cabildo. Por lo pronto, ese poder extrarradio, se ha dejado sentir desde mucho antes de la primera sesión, cuando dejaron con la mesa servida al Alcalde electo en el exclusivo restaurante Héctor Bistró y, más tarde, cuando se les convocó para “consensar” a los integrantes de las comisiones “que ya estaban constituidas”.
Este grupo realizó reuniones para enfrentar al Alcalde y someterlo al super secretario. Al “cacique de la UAS”, como lo llamó el Alcalde en la campaña por la nominación como candidato a Gobernador y junto con otros, rechazó cualquier alianza con el PAS. Pero, aquel, tuvo que dar un paso atrás y aceptar la postulación porque tenía un expediente de violencia de género, contra un poder electo, el de la Síndica Procuradora. Quien escaló su queja a las instancias del partido Morena y las jurisdiccionales, luego de los tiempos legales, invadieron los de las postulaciones, por lo que fue el PAS, el partido que lo registró como candidato a la alcaldía a cambio, claro, de posiciones de gobierno.
Sin embargo, a pregunta expresa de un reportero respondió: “Al PAS no le toca nada”. Al día siguiente, en un acto penoso, el dirigente del PAS, lo hizo dar una conferencia de prensa, donde corregía. Y, ahí, empezó el jaloneo por las principales posiciones del ayuntamiento. Cuén Ojeda quiere para su grupo las tres posiciones del Ayuntamiento. Es decir, quiere el control del gobierno municipal, tener la llave de la gobernabilidad para someter al Alcalde. Por supuesto, al Alcalde le resulta inaceptable, después de la experiencia de su primer trienio donde fue amo y señor.
Y, ahora, el municipio vive una crisis institucional, sin un poder constituido, que el Alcalde pretende resolver con funcionarios interinos que no prevé el artículo 38 de la ley del gobierno municipal cuando señala que el Alcalde tiene entre sus obligaciones: “Dirigir el gobierno y la administración pública municipal y proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero y del Oficial Mayor...”.
Por su parte, los regidores en rebeldía ilegalmente toman protesta a quienes a su juicio deben ocupar los cargos. Ahora el escenario se complica con la polarización y se pertrechan, en posturas irreductibles. Creen, que así pueden, llegar a un punto de acuerdo, pero perdiendo lo menos posible. Sin embargo, persiste la desconfianza y esa es la principal dificultad para el entendimiento y el acuerdo.
Benítez y Cuén, son personajes de talante autoritario, adictos al sometimiento del otro. Ahí, están, los casos perdidos en tribunales y Cuén supone que tiene la sartén por el mango porque cuenta al menos con la indiferencia del Gobernador. Y le apuesta, a que si la crisis institucional, llega al Congreso del Estado, la mayoría morenista-pasista, podría terminar desapareciendo los poderes municipales y en ese eventual desenlace, el Alcalde, la Síndica Procuradora y los regidores, tendrían que irse a su casa para presenciar desde ahí la integración de un poder que no fueron capaces de construir por el tutelaje y la polarización y así ganar la partida.
Urge, entonces, intermediación política, y la única salida es volver la vista a la sociedad civil para que los cargos en disputa lo ocupen personajes de amplio reconocimiento antes de que “El Químico” Benítez, diga en un acto desesperado, que detrás de la crisis institucional, están las manos del Gobernador Rocha Moya, o sea que se sostenga la política que nunca se ha ido, y la nueva que no termina por llegar. Al tiempo.
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