La culpa no era nuestra: violencia académica y estructuras que la legitiman

Hoy escribo desde un lugar que me da mucha emoción y me permite darle sentido a lo vivido.

En 2024 fui entrevistada para una investigación académica sobre acoso y violencia en el ámbito académico. Como muchas otras mujeres, compartí una experiencia que durante mucho tiempo viví en silencio, convencida -como tantas- de que algo había hecho mal. Este año, ese estudio fue aprobado y publicado y confirma algo fundamental: no hicimos nada mal. El problema no éramos nosotras, el problema es una estructura institucional que posibilita, normaliza y en ocasiones premia la violencia contra las mujeres en la academia.

El artículo se titula Economías de legitimidad abusiva. Explicación sociológica de la violencia académica contra mujeres, y fue realizado por Carolina Espinosa Luna y Consuelo Corradi, investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM y la Universidad LUMSA de Roma, respectivamente. El estudio analiza 133 entrevistas con mujeres de distintas disciplinas y etapas en su trayectoria académica.

Se trata de una aportación académica de enorme solidez analítica y metodológica que demuestra que la violencia académica no puede explicarse sólo por malas personas que actúan de manera aislada, vacíos normativos o culturas permisivas. Funciona, en realidad, como una economía: un sistema de intercambios desiguales, materiales, simbólicos y afectivos, sostenidos por redes de poder y legitimados socialmente.

El estudio muestra que el acoso sexual, el hostigamiento psicológico, la apropiación de autorías, la explotación laboral, el castigo a la maternidad o el descrédito público no son hechos aislados. Son prácticas que comparten una misma lógica: el uso asimétrico del poder académico para condicionar trayectorias, disciplinar personas y preservar jerarquías.

Las cifras son contundentes. Investigaciones previas citadas en el artículo señalan que entre 20 por ciento y 86 por ciento de las mujeres en entornos universitarios han experimentado algún tipo de violencia; sin embargo, el número de denuncias es bajo. No existen porque “no sea tan grave”, sino porque denunciar suele tener un costo académico, profesional y emocional altísimo. No denunciar es una forma de sobrevivir en ese entorno.

Aquí aparece una de las ideas más poderosas del estudio: la culpa, el miedo y la vergüenza no son solo consecuencias subjetivas de la violencia. Son engranajes activos que la sostienen. Muchas mujeres callan, se adaptan o se van no porque no sepan que lo que viven es injusto, sino porque han aprendido -a través de múltiples mensajes explícitos e implícitos- que hablar puede salirles más caro que guardar silencio.

Durante años, muchas mujeres atravesamos el acoso académico en soledad. Sin lenguaje, sin respaldo institucional, sin marcos colectivos que permitieran nombrar lo que pasaba. En ese vacío, la pregunta recurrente era casi siempre la misma: ¿Qué hice mal?

Este estudio demuestra que la respuesta correcta era otra: nada. Bastaba con ser mujer y estar en una estructura académica en la que “... las economías de legitimidad abusiva, entendidas como relaciones de intercambio desiguales y generizadas -de bienes materiales, simbólicos y afectivos- ancladas en redes de poder y validadas mediante juicios sociales que legitiman la violencia”. Se trata de entornos en los que el acceso a becas, evaluaciones, publicaciones, ascensos o reconocimiento suele depender no solo del mérito, sino de la capacidad de adaptarse a reglas no escritas y a intercambios abusivos presentados como mentorías, oportunidades o exigencia formativa.

Leer este trabajo es, en ese sentido, reparador. No porque borre lo vivido, sino porque lo saca del terreno de lo anecdótico y lo coloca donde siempre debió estar: en el análisis de las responsabilidades institucionales y colectivas.

Al leer el estudio es imposible no pensar: ojalá hubiera existido el Me Too cuando lo viví. El Me Too no sólo permitió denunciar, permitió algo igual de importante: dejar de pensarse culpable. Hizo visible que lo que parecía una experiencia individual era, en realidad, un patrón compartido.

Hoy, investigaciones como esta dialogan con esa ruptura histórica. Nombrar, medir, analizar y teorizar la violencia académica es una forma de justicia. También es una advertencia: sin transformaciones estructurales, protocolos y discursos no son suficientes.

Quiero cerrar con una frase que se ha vuelto central en las luchas contra la violencia de género, atribuida a Gisèle Pelicot: la culpa y la vergüenza deben cambiar de bando.

En la academia, esto significa algo muy concreto: que la vergüenza deje de pesar sobre quienes denuncian, que la culpa no recaiga en quienes “no supieron manejar la situación” y que el costo deje de pagarlo quien habla y empiece a pagarlo quien abusa y quien encubre.

Mi profundo reconocimiento y agradecimiento a las investigadoras que hicieron posible este estudio y, sobre todo, a las otras mujeres que dieron su testimonio. Que lo que muchas vivimos en silencio haya servido para sembrar algo valioso es, en sí mismo, una forma de reparación.

Un recordatorio urgente y final. La igualdad de género y la creación de espacios seguros no son temas accesorios en la academia: son condiciones básicas de justicia, conocimiento y dignidad.