En el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México hay flores de cempasúchil y esto no significa un error de calendario. Los productores de Xochimilco adelantaron la cosecha para tenerla lista en junio, justo a tiempo para decorar la avenida durante el Mundial 2026. La misma flor que anuncia el regreso de los muertos en noviembre ahora abre en pleno verano para cumplir con la agenda de un evento deportivo.
Es un detalle que podría parecer menor, pero que resume perfectamente lo que pasa con la política cultural en México, ya que reduce la complejidad cultural del País a un parque temático con calacas futbolistas, ajolotes gigantes y danzantes prehispánicos, un parque para aquellas personas que visitan la metrópoli y no para quienes la habitamos.
El Gobierno insiste en que el Mundial representa una oportunidad única para mostrar nuestra cultura y tradiciones, unirnos y generar derrama económica. Sin embargo, la cultura sólo se usa para adornar.
Tras el silbatazo inicial, la realidad presupuestaria es otra y muestra un contraste. Si bien el Gran desfile Mundialista fue un evento que ofreció una vistosa exhibición de ajolotes, charros, catrinas y danzantes, terminó priorizando un espectáculo momentáneo sobre el desarrollo cultural de fondo. El reto está en evitar que estas expresiones coyunturales se institucionalicen o se vuelvan una constante, tal como sucedió con el desfile de Día de Muertos, que nació en 2015 a partir de una producción cinematográfica comercial.
El problema de fondo no sólo es un desfile que mercantiliza nuestra identidad, también es la contradicción de un gobierno que maneja un presupuesto que demuestra lo contrario a su discurso. Mientras el gasto para la justa futbolística se multiplica, las políticas culturales de fondo siguen centralizadas, desarticuladas.
Desde hace años, la comunidad artística y colectivos han exigido políticas culturales integrales y presupuestos justos que lleguen a todos los rincones del País. Una política cultural verdadera no debería depender de un torneo, sino que tendría que sostenerse durante todo el año, llegar a todo el territorio y evaluarse con datos, no con celebraciones circunstanciales.
El Mundial no inventó esta desigualdad presupuestal, pero la exhibe con una claridad inédita al permitir comparar cuánto dinero se mueve para la fiesta y cuánto llega a las necesidades cotidianas. Ejemplo de lo anterior es el Parque Elevado en Tlalpan, que costó 1 mil 913.9 millones de pesos, 343 millones más que toda la asignación para mitigar las inundaciones en la ciudad, un problema que, a pesar del gasto en infraestructura mundialista, sigue sin resolverse.
Además, los recursos provinieron del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS). Aunque este instrumento financiero publica su inversión en la página de Transparencia Ciudad de México, la rendición de cuentas sigue siendo insuficiente, ya que no se detallan los contratos, proveedores ni proyectos asignados.
Por otra parte, el Gobierno destinó 474 millones de pesos para remodelar las estaciones de las Líneas 2 y 8 del Metro. Parte de esa inversión incluyó instalar candelabros en la estación Hidalgo y modificarla sólo de manera estética. Cualquier persona usuaria podría cuestionar por qué se priorizó la cosmética por encima de los problemas crónicos de los trenes, de las luminarias o la falta de accesos para personas con discapacidad. Sin mecanismos de control reales, la ciudadanía financia decisiones que nunca pudo discutir.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Cultura anunció el programa Mundial Social y Cultural con una inversión de 400 millones de pesos en programación artística y mejoras en la infraestructura cultural. Aunque es un esfuerzo que vale la pena reconocer, queda la duda de si responde a una estrategia de largo plazo o si representa otra pieza de la escenografía que las autoridades desmontarán en cuanto termine el Mundial.
Mientras la ciudadanía absorbe los costos del Mundial en cuanto a movilidad y deficiencias urbanas, los grandes jugadores comerciales operan en otra cancha. La Secretaría de Hacienda confirmó la aplicación de la garantía fiscal, un esquema que permite que la FIFA, sus subsidiarias y sus socios comerciales operen en México sin pagar los impuestos mínimos que hasta la tiendita de la esquina paga.
Esta exclusión también se refleja en las gradas. La Ciudad de México gastó en una fiesta a la que la mayor parte de la población no estamos invitadas, ni invitados; para muestra, la FIFA fijó la entrada más barata para la fase de grupos en 60 dólares, que equivalen a unos 1,200 pesos, pero la alta demanda las volvió inaccesibles. Para el partido inaugural en el Estadio Azteca, los precios en zonas altas arrancaron en 55,815 pesos y escalaron hasta los 350,000 pesos por persona en áreas exclusivas. Vale la pena preguntarse: ¿beneficios para quiénes? La respuesta corta es: para los de siempre.
Sin proponérselo, lo que el Mundial nos está mostrando es que el presupuesto existe cuando hay voluntad política. El argumento de la austeridad se cae ante los miles de millones de pesos que el gobierno movilizó para un parque centralizado, remodelaciones cosméticas y programas fugaces. Otra pregunta obligada para el día después del torneo es si esa misma voluntad política y esos mismos recursos podrán convertirse en una política pública real que rinda cuentas, salga del centro del país y siga existiendo cuando los reflectores se apaguen, las y los turistas regresen a casa y las flores de cempasúchil vuelvan a florecer cuando les corresponda.
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Las autoras son Tania Jardón, Claudia García y Paulina Castaño, del área de Comunicación, e investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico