En las últimas semanas, dos procesos electorales celebrados en nuestro continente han acaparado la discusión pública. De sur a norte, la cardiaca victoria de Luiz Inácio Lula da Silva que logró mantener la Presidencia de Brasil en una reñida segunda vuelta; y el apabullante triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos, que recuperó la mayoría en ambas cámaras del Congreso y obtuvo la gubernatura en estados clave, bastiones republicanos, y en particular en nuestra frontera, recorrieron el mundo entero. La victoria de Lula significó una contención de la derecha en América Latina que venía acumulando una racha de triunfos presidenciales en diversos países en los últimos años; mientras los resultados de los demócratas estadounidenses representaron un revés político para el Presidente Donald Trump, en unas elecciones de medio término consideradas como un referéndum al Mandatario y a su proyecto.
No es para menos la atención que han atraído los procesos en Brasil y Estados Unidos. Se trata de dos de las cinco democracias más grandes del planeta, en términos de población, y las más grandes de nuestro hemisferio, seguidas por México. Ambas además tienen implicaciones relevantes en nuestro país y en el hemisferio donde México y Brasil lideran una defensa de los espacios multinacionales.
Los resultados —y los procesos electorales en sí mismos— no solo son relevantes por su dimensión, lo son también por el contexto en el que se desarrollaron, caracterizado por desafíos a las libertades, los valores democráticos y los derechos humanos, así como una férrea disputa que algunos han descrito como una “batalla cultural” y otros describen como la era de la “crisis de la democracia”.
La influencia económica de grandes compañías tecnológicas para favorecer ciertas candidaturas, así como discursos y propuestas antiderechos, de “mano dura” y amenazantes a minorías y grupos vulnerables, fueron centrales en las campañas. Del otro lado, también lo fueron las denuncias de corrupción y de exigencias por revertir acciones en contra de las personas migrantes, entre otras.
En estos términos, la arena se extendió más allá de las fronteras y lo ocurrido en ambos países volcó el interés de millones de personas en distintas latitudes que asumieron como propias esas disputas en defensa de la democracia.
En medio de la complejidad de ambos escenarios, dos elementos merecen particular atención. Por un lado, el andamiaje institucional en el que se llevaron a cabo ambos ejercicios electorales; y, por el otro, la configuración, mediante el resultado de las votaciones, de los contrapesos propios de un sistema democrático.
Sobre lo primero, es destacable la amplia participación ciudadana y la existencia de mecanismos que la propiciaron y que permiten exigir condiciones justas en la contienda, supervisar el desarrollo de la jornada, vigilar el voto y garantizar la confiabilidad de los resultados. En cuanto a lo segundo, los resultados demuestran la valía del equilibrio y la división de poderes, siendo que tanto en Brasil, como en Estados Unidos, las presidencias deberán gobernar con un Legislativo dominado por mayorías opositoras.
Mirar estos ejercicios electorales a la luz del momento actual en México motiva a reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. El análisis Variedades de la Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo —que reconoce la complejidad del concepto de democracia como un sistema de reglas que va más allá de la celebración de elecciones—, por ejemplo, ha evaluado el deterioro de la democracia mexicana, identificando que nuestro país es un caso excepcional de autocracia electoral.
Es así que hoy, en contraste con el discurso oficial, observamos con preocupación una erosión democrática. Esto se refleja, entre otros elementos, en la concentración del poder en un solo proyecto político que controla el Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal, además de tener mayorías en las legislaturas locales; la politización del Poder Judicial tras la reforma de 2024; el debilitamiento y la pérdida de contrapesos —que se aceleró tras la aprobación de una serie de reformas constitucionales promovidas entre 2024 y 2026—; el cierre del espacio cívico; y en los recientes cuestionamientos al órgano electoral, que ha generado un debilitamiento paulatino durante años y en particular, tras los escándalos de posible corrupción, entrega de puestos y las investigaciones por el otorgamiento de contratos a proveedores sin reglas ni convocatorias claras. Todo ello deja claro que la corrupción tiene impactos claros en los derechos.
Como hemos señalado anteriormente, se ha confundido la democracia con el simple predominio de una mayoría que gana elecciones, sin que haya un fortalecimiento de instituciones electorales y contrapesos adecuados, así como la evaluación de su desempeño. A ello se suma el ataque al disenso y a la crítica —como se ha visto en las últimas semanas ante los mencionados escándalos—, y se dejan de generar condiciones para garantizar los derechos de todas las personas.
Frente a este panorama, las recientes elecciones en Estados Unidos y en Brasil muestran la relevancia de proteger los ejercicios de participación ciudadana, contar con instituciones fortalecidas que garanticen elecciones confiables y la relevancia de contar con condiciones para que éstas se lleven a cabo sin cuestionamientos. Exhiben, también, la importancia de la pluralidad y de la división de poderes como elementos inalienables de un sistema de pesos y contrapesos para hacer valer realmente el disenso y la voz de la ciudadanía.
La ciudadanía brasileña y estadounidense nos demuestran entonces que por la vía democrática es posible defender los derechos y libertades frente a las amenazas de gobiernos que buscan restringirlos. Ello implica, necesariamente, defender la institucionalidad y el Estado de derecho que garantizan la democracia.