Carlos Elizondo Mayer-Serra
En el último reporte del World Economic Forum (WEF), México mejora su posición en el índice general de competitividad. En comparación con el año anterior, sube seis escalones para llegar al lugar 51. Sin embargo, en la medición de la calidad de las instituciones, el primer pilar que se debería tener para ser competitivo según el reporte, el país empeora para caer al lugar 116. Dentro del rubro “instituciones” se encuentra el peor de todo nuestros indicadores, el referente al crimen organizado. Ocupamos el lugar 135 de 138 posibles. ¡Nigeria está mejor que nosotros con el lugar 110! Venezuela, gracias a Chávez y Maduro, se encuentra en el penúltimo lugar.
En los países desarrollados, la principal agenda política de la izquierda ha sido cómo construir un Estado de bienestar que le dé a los ciudadanos genuinos derechos sociales. La agenda prioritaria de la derecha ha sido tener un Estado eficaz que proteja la vida y la propiedad de las personas.
En nuestro País, a los empresarios y al partido que los representaría mejor, el PAN, parece no preocuparles mucho este tema. No hubo críticas sobre el diagnóstico del WEF respecto a nuestra posición en materia de crimen organizado.
En general, los empresarios no han protestado con vigor, salvo en el caso de los bloqueos carreteros de la CNTE en Oaxaca este verano, frente a la fragilidad del Estado de derecho en el país. A más de uno quizás hasta les convenga un Estado débil.
Muchos empresarios se han ido acostumbrando o resignando a vivir con el creciente reto del crimen organizado. Han incrementado su gasto de seguridad y más de uno, sobre todo en algunas zonas del País donde prácticamente gobierna el crimen organizado, simplemente se han trasladado a vivir a Estados Unidos o a alguna ciudad más segura de México. Al irse se llevan consigo parte o todo su patrimonio y con ello la capacidad de invertir y generar empleos.
En las entidades que por más tiempo han sido gobernadas por el PAN, Baja California desde 1989 y Guanajuato desde 1991, sus gobernadores no han logrado desarrollar policías estatales más eficaces. En Baja California, el homicidio ha subido en los dos últimos años de 20.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2014 a 29.3 en el presente año, un incremento de casi el 50 por ciento. Para el mismo período, en Guanajuato la tasa ha subido de 12.3 a 15.9, un aumento de casi el 30 por ciento. Puebla, encabezada por el panista Moreno Valle con aparente eficacia, se ha convertido en el epicentro del robo de combustibles en el País.
“Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística”. Son palabras atribuidas a Stalin, quien algo sabía al respecto. Ya ni nos inmutamos con los 2 mil 147 asesinatos ocurridos en agosto de este año, el peor mes de esta administración.
Sólo contados homicidios se perciben como una tragedia y capturan la atención de los medios de comunicación. Una española secuestrada y asesinada en la Ciudad de México en Santa Fe; una joven estudiante de clase media de Naucalpan, Estado de México, quien no regresa a casa y luego aparece muerta en una maleta. En estas tragedias, la autoridad reacciona y hasta parece haber encontrado a los responsables, o por lo menos eso dice. A los miles de muertos que son mera estadística los medios de comunicación no les ponen mucha atención, y las autoridades no hacen gran cosa para buscar a los responsables.
El ataque al Ejército en Sinaloa la semana pasada es una muestra de hasta dónde se ha perdido el control del territorio nacional. Es también un ejemplo de la tensión entre el respeto a los derechos humanos y la realidad de confrontar el crimen. Los militares sacaban a un delincuente herido en ambulancia y los atacaron con armas de alto poder para llevárselo. Los criminales no respetan regla alguna. ¿Se imaginan cómo se sienten en el Ejército por no haberlo abatido? Los militares tienen que respetar los derechos humanos, pero no tienen reglas de cómo operar en temas de seguridad pública.
Desde el 2010 se discute en el Congreso la legislación que les daría una cierta certidumbre respecto a la responsabilidad que han tenido que tomar dado que las policías no podían solas con el crimen organizado. El Gobierno firmó el Pacto por México y con él logró la aprobación de una profunda reforma energética y de una impopular reforma fiscal, pero no han podido sacar una ley que le dé certidumbre a las fuerzas armadas. A nadie parece importarle.
Es muy probable que el deterioro en las condiciones de seguridad continúe en los dos años que faltan de este Gobierno. Sin embargo, el PAN no parece interesado en hacer de la seguridad uno de sus lemas de campaña. Les fue tan mal con el Presidente Calderón en la materia que parece les da pena hablar del tema y como el resto de la clase política, rodeados de guaruras, no viven en carne propia el miedo de perder la vida, la libertad o la propiedad ante la delincuencia.
@carloselizondom
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
