Desde hace más de dos siglos, la Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el Presidente estadounidense James Monroe, ha sido uno de los pilares ideológicos de la política exterior de Estados Unidos. Bajo la consigna de “América para los americanos”, esta doctrina se presentó en su origen como una advertencia dirigida a las potencias europeas para evitar nuevas colonizaciones en el continente. No obstante, con el paso del tiempo, ese principio aparentemente defensivo, se transformó en un instrumento que sirvió para legitimar la injerencia de Washington en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
En la práctica, la Doctrina Monroe dejó de ser un escudo frente a Europa y se convirtió en una herramienta de control político, económico y militar. Estados Unidos asumió el papel de policía continental, definiendo qué gobiernos eran aceptables y cuáles debían ser removidos por representar una amenaza a sus intereses. Bajo discursos que apelaban a la estabilidad, la democracia o la seguridad regional, se promovieron cambios de régimen que, en muchos casos, poco tuvieron que ver con la voluntad popular.
A lo largo del siglo 20, esta lógica se expresó con claridad en episodios como Guatemala en 1954, Chile en 1973, República Dominicana en 1965 o Nicaragua durante la década de los ochenta. En estos escenarios, Washington apoyó golpes de Estado, intervenciones militares directas o indirectas y la instauración de gobiernos alineados a sus intereses. No siempre fue necesaria una ocupación formal; bastó con imponer lo que puede denominarse un régimen tutelado: gobiernos que conservan una apariencia de soberanía, pero cuyas decisiones fundamentales dependen de una potencia extranjera.
En estos regímenes, el cambio de liderazgo no implica una transformación estructural. Se sustituye al gobernante incómodo, pero se mantienen intactas las prácticas autoritarias, los modelos económicos y las desigualdades sociales. En otras palabras, se modifica la figura visible del poder, sin alterar las bases que lo sostienen.
Venezuela representa hoy un ejemplo vigente de esta dinámica. La narrativa dominante plantea la sustitución de un liderazgo considerado problemático, por otro que garantice los intereses de la Casa Blanca, al tiempo que preserve el control del aparato estatal y otras fuerzas internas. Se trata de una forma contemporánea de intervención que evita la colonización directa, pero conserva la subordinación política y económica, todo ello envuelto en un discurso de defensa de la democracia y la seguridad nacional.
En el siglo 21, la Doctrina Monroe sigue viva, aunque con un lenguaje más sofisticado. Ya no se invoca el peligro de las potencias europeas, sino conceptos como “combate al narcotráfico” o “defensa de la democracia”, sin embargo, el fondo permanece intacto.
Ante este panorama, resulta inevitable preguntarse cuáles son los riesgos para México y, en particular, para regiones como Sinaloa. La retórica del combate al narcotráfico podría convertirse en el pretexto perfecto para una intervención unilateral que, lejos de resolver el problema, desarticule una frágil pax narca y detone una espiral de violencia aún mayor. Sin un tejido social fuerte, instituciones sólidas y políticas públicas integrales, cualquier intervención externa corre el riesgo de profundizar el caos en lugar de contenerlo.
Es cuanto...
De vez en cuando, el poder económico en Mazatlán parece creer que puede hacer lo que quiera. Afortunadamente, existen periodistas valientes, como nuestra amiga Sheila Arias, que han documentado en más de una ocasión prácticas de corrupción. Ante las amenazas recientes de las que ha sido víctima, expreso mi total solidaridad y gran reconocimiento a su labor.