El pasado sábado despertamos con una noticia que sacudió al tablero geopolítico: el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido detenido en Caracas por un comando militar estadounidense. Bastaron unos minutos para que las redes sociales estallaran: unos celebraban la caída del régimen, mientras que otros condenaban la intervención extranjera. Como suele ocurrir ante acontecimientos de alto impacto político, la opinión pública se partió en dos bandos irreconciliables.
No hay duda de que el pueblo venezolano arrastra desde hace años una combinación asfixiante de autoritarismo, pobreza, e instituciones debilitadas. Este texto no pretende convencer a nadie de simpatizar con un político; por el contrario, considero a Maduro un símbolo de antidemocracia y corrupción. Sin embargo, también es innegable que Venezuela es una sociedad profundamente polarizada, donde millones de personas continúan respaldando al régimen.
En un contexto así, la desaparición súbita del jefe del Estado difícilmente genera alivio inmediato; más bien abre la puerta a una batalla feroz por el control del poder. Y cuando se disputa en esas condiciones, suele hacerse con violencia.
En política, como en el crimen organizado, el problema no es únicamente quién manda, sino qué ocurre cuando el que manda desaparece. Lo verdaderamente inquietante no es la caída de una figura, sino el escenario que se abre cuando el poder se descabeza abruptamente en un país ya tensionado hasta el límite. El resultado más probable no es una democracia inmediata, sino una escalada de incertidumbre, represión y violencia.
Este escenario, aunque a otra escala, nos resulta dolorosamente familiar en Sinaloa. La reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, también impulsada desde la administración de Donald Trump, no significó el fin del crimen organizado. Por el contrario, detonó reacomodos, ajustes de cuentas y una nueva disputa por rutas y territorios que parece no tener fin.
En Sinaloa, como en Venezuela, el problema de fondo no es una persona, sino la arquitectura del poder. Cuando dicha arquitectura descansa en figuras únicas -carismáticas o temidas- su ausencia no libera, desestabiliza. Y esa desestabilización casi siempre la pagan los mismos: ciudadanos de a pie, comerciantes, migrantes, familias enteras atrapadas entre fuerzas que no controlan.
Por eso, celebrar de forma anticipada la caída de un dictador puede ser un error. Sin instituciones sólidas, sin acuerdos mínimos y sin una ruta clara de transición, lo que sigue no es la paz, sino la lucha por imponer un nuevo orden.
La enseñanza de Sinaloa para Venezuela es entonces, que la captura o caída de una figura central de poder no trae automáticamente paz, orden ni justicia. En Sinaloa, la detención de un capo histórico no desarticuló la violencia, la intensificó. Venezuela corre el mismo riesgo: sin instituciones fuertes, reglas compartidas y una transición pactada, la caída de Maduro no significaría el inicio de la democracia, sino una peligrosa disputa por el control del Estado, con la población civil como principal rehén.
Pero la historia también demuestra que las sociedades aprenden, aunque sea a golpes. Sinaloa y Venezuela, cada una a su manera, nos recuerdan que el camino hacia la paz no pasa por la caída espectacular de figuras poderosas, sino por la lenta y compleja reconstrucción ciudadana de instituciones, acuerdos y confianzas.
Es cuanto...