La escalera

El Señor nos enseñó que la lucha contra corrupción es como una escalera: “se barre de arriba para abajo”. Lo ha dicho muchas veces. Desde que inició su afanosa carrera en pos de la Presidencia de la República en 2005. Lo repitió siendo ya candidato por tercera vez en 2018, primero, y luego al tomar posesión el 1 de diciembre de ese año. Y lo ha reiterado varias veces a lo largo de sus tres años y medio de gobierno. Ahí en pleno zócalo dijo que si la cabeza es honesta, es decir él, el cuerpo entero se purifica.

El combate a la corrupción fue bandera principal de su triunfal campaña electoral y es el emblema mismo de su gobierno. “Nosotros somos distintos”, ha dicho una y otra vez. Es más, hace unos días sorprendió con su afirmación de que el modelo neoliberal (al que ha descalificado y fustigado decenas de veces, culpándolo de todos nuestros males) “no sería del todo malo sin la corrupción”.

Desde el Púlpito de Palacio nacional, durante su conferencia matutina, afirmó que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción “no sirve nada”. Y volvió a decir que ese mal se barre como las escaleras.

No ha ocurrido así, sin embargo, en su administración. Los datos indican que los altos índices de corrupción en nuestro país persisten y aun se han agravado. El dato recientemente difundido por el Inegi de que la corrupción cuesta al país más de nueve mil millones de pesos anuales, lo que equivale a tres mil pesos por persona, se refiere apenas a un gajito del gran pastel.

Esa “corrupción menor”, llamémosla así, se refiere sólo a los casos de cohecho o mordida en trámites y servicios. Y es muy preocupante, claro. No es menor que el 86.3 por ciento de los mexicanos consideran “frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de Gobierno, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021. Ni que al menos 14.7 por ciento de la población enfrentó o fue víctima de un acto de corrupción.

Digamos que en los escalones más bajos de la escalera todavía no llega la escoba. Tal vez.

Pero la corrupción mayor, la grande, es la que se da en la parte superior de la escalera. Es de escándalo: en 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno federal otorgó nueve de cada 10 contratos sin licitación de por medio, como establece la ley, y cometió irregularidades al registrarlos en el sistema CompraNet, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano fiscalizador detalló que, de los 154 mil 297 contratos suscritos en 2020, el 88.3 por ciento no se sujetó a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El alcahuete perfecto para encubrir el previsible saqueo fue la pandemia. Como anillo al dedo.

Pero en el primer semestre de 2021 la cosa no mejoró: el 80.6 por ciento del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos. En un día promedio de 2021, leemos, el gobierno entrega 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa. Y otro: nueve de cada 10 contratos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos fueron entregados por adjudicación directa en 2021.

Y eso que en la página 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se establece el propósito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “prohibir las adjudicaciones directas”. Prohibir, sí.

Tampoco asoma la escoba, como se prometió desde Palacio Nacional, en el manejo de recursos destinados al gasto publicitario del gobierno federal: 688 millones de pesos, 95 por ciento de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno, han sido entregados directamente, sin una licitación, la cifra más alta desde que se tiene registro. Tampoco en otros rubros.

Pese a abundantes denuncias, ningún funcionario público de la actual administración está en la cárcel o procesado. Los frecuentes anuncios de irregularidades detectadas por la UIF, durante la gestión de Santiago Nieto, resultaron finalmente cohetones demagógicos o, peor, mecanismos de amenaza y coacción con motivaciones más políticas que jurídicas.

El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz; la ex titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el ex asesor jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara; el superdelegado Pablo Amílcar Sandoval; el ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero; el ex director del Instituto Parada Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas; el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer Verdugo, entre otros, han sido exonerados en automático y gozan de cabal libertad. Todos.

La escoba no funcionó. Y quedan sólo 30 meses. Válgame.

VACUNACION TRUNCADA. Mientras el gobierno federal enfrentaba la pandemia del Covid-19 con una serie de graves desaciertos y contradicciones, millones de niños mexicanos se quedaron sin completar su esquema básico de vacunación. Los niveles oficiales de cobertura descendieron notoriamente: de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, el porcentaje de avance en el esquema básico completo de vacunación para niños de un año cayó a 79.7 por ciento en 2019. Se reportaron asimismo 23 millones de niños a los que no se les aplicaron las vacunas básicas, administradas a través de los servicios de inmunización sistemática en 2020. La OMS, por su parte, destaca la probabilidad de que hasta 17 millones de niños no recibieron ni una sola vacuna. Eso tendrá consecuencias.