La estadística criminal: un campo en disputa

En México, la seguridad pública se discute cada mes en los canales oficiales, a partir de las actualizaciones de estadística delictiva presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con las conferencias de prensa como mediación, el Gobierno federal anuncia reducciones históricas, celebra tendencias a la baja y compara periodos cuidadosamente elegidos para mostrar avances. Sin embargo, cuando uno revisa con detalle los datos completos, la historia es menos lineal y mucho más inquietante.

El informe La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales muestra que la disminución en homicidio doloso —23,374 víctimas en 2025, 22 por ciento menos que en 2024 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— convive con incrementos llamativos en categorías contiguas. Mientras los asesinatos intencionales bajan en el discurso, crecen los registros de “otros delitos contra la vida y la integridad” y, en algunas entidades, los homicidios culposos superan a los dolosos. 1 La pregunta no es menor: ¿estamos ante una reducción real de la violencia letal o ante un reacomodo estadístico? 2

La categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” ha aumentado 114 por ciento desde 2018. Se trata de un cajón de sastre donde se mezclan conductas heterogéneas sin desagregación pública suficiente. 3 Cuando esta bolsa crece al mismo tiempo que el homicidio doloso cae, el diagnóstico exige cautela. Lo mismo ocurre con las desapariciones: en 2025 se registraron 12,961 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), exactamente la misma cifra que en 2024, tras ajustes a la baja realizados en cuestión de días. En entidades como Ciudad de México o Estado de México, las desapariciones superan a los homicidios dolosos. En otras, los descensos en asesinatos coinciden con aumentos significativos en personas desaparecidas. Si parte de la violencia letal se traslada a categorías menos visibles, el resultado es una narrativa optimista construida sobre una base estadística inestable.

Algo similar ocurre con el feminicidio. En 2025 se reportaron 721 víctimas, 15 por ciento menos que el año anterior. Sin embargo, solo el 26 por ciento de las mujeres asesinadas fueron tipificadas como víctimas de feminicidio. Hay estados donde la proporción es dramáticamente menor. La clasificación depende de criterios locales y decisiones ministeriales. Así, la frontera entre homicidio doloso de mujer y feminicidio puede convertirse en una línea políticamente sensible.

La manipulación no siempre implica alterar registros; a veces basta con elegir el comparativo adecuado. En enero de 2026 se presumieron reducciones de hasta 70 por ciento en algunos estados, pero al comparar periodos equivalentes —enero a diciembre contra enero a diciembre— las caídas eran mucho menores e incluso, en el caso de Sinaloa, se convertían en incrementos.

En este contexto surge una novedad relevante: el anuncio de un nuevo sistema de Registro Nacional que promete mejorar la calidad, trazabilidad y apertura de la información delictiva. Voces como Armando Vargas, de México Evalúa, han planteado que este rediseño, cuyos primeros resultados están a la vuelta de la esquina, puede marcar el inicio de una gobernanza más democrática de la seguridad: basada en datos más sólidos, metodologías claras y mayor diálogo entre autoridades, academia y sociedad civil. 4

La idea es potente. Si la política de seguridad ha estado atrapada entre la opacidad y la propaganda, un sistema de información robusto podría convertirse en la columna vertebral de un nuevo paradigma para el diseño de política pública en la materia. Sin datos confiables no hay política pública seria. Sin diagnósticos transparentes no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, la violencia se reduce a la fatalidad. Todo ello ha marcado la tónica de las administraciones federales de las últimas dos décadas.

Romper con esa inercia no será un resultado sencillo ni inmediato. El lanzamiento de un nuevo registro no garantiza, por sí mismo, un cambio en la lógica política que subordina la estadística a la narrativa. La gobernanza democrática de la seguridad depende de la definición de reglas claras de clasificación, acceso abierto a bases desagregadas, documentación pública de cambios metodológicos y mecanismos permanentes de escrutinio externo. Implica aceptar que los datos pueden incomodar y que reconocer un aumento no es sinónimo de fracaso, sino condición para corregir. Si el nuevo Registro se convierte en un ejercicio técnico aislado, será apenas una capa adicional sobre un sistema armado a base de múltiples fisuras institucionales. 5 Pero si se asume como una oportunidad para transparentar criterios, homologar clasificaciones y someter las cifras al debate público informado, podría marcar un punto de inflexión. Si no, será simplemente otra estadística, presentada en una conferencia matutina.

1 Véase: Causa en Común (2026), La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales. Disponible aquí https://drive.google.com/file/d/1b6Ur3XNDzuj2D-sUFUNe4J80Qt2DE0By/view

2 El detalle de los posibles ajustes a los registros de homicidio doloso, se documenta exhaustivamente en: Causa en Común (2025), “La transformación de los asesinatos en propaganda”, Nexos. Disponible aquí https://drive.google.com/file/d/1b6Ur3XNDzuj2D-sUFUNe4J80Qt2DE0By/view

3 De acuerdo con la definición del SESNSP, esta última categoría abarca, “entre otros”, los registros de víctimas de inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida.15 No sólo no es posible distinguir a qué delito corresponde cada víctima, dado que se mezclan sin distinción en esta categoría, sino que tampoco se especifican cuáles son los “otros” delitos. En consecuencia, la ambigüedad de la categoría de se presta evidentemente para toda suerte de errores, malentendidos y/o abusos.

4 Véase: Armando Vargas (2026), “Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad”, Expansión Política. Disponible aquí https://politica.expansion.mx/voces/2026/02/05/rumbo-a-una-nueva-gobernanza-democratica-por-la-seguridad

5 La estadística criminal, después de todo, es producto de las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia; en concreto: de las fiscalías. Un análisis de Causa en Común muestra el conjunto de debilidades y limitaciones en el desarrollo de estas instituciones: Causa en Común (2025), Una aproximación al estado que guardan las policías y fiscalías y penales estatales. Disponible aquí https://www.causaencomun.org/informenacionaldetransparencia202