Rafael Morgan Ríos
cp_rafaelmorgan@hotmail.com
Nuestros amables lectores comentan los artículos sobre la Agenda Digital Nacional, refiriéndose a la inexplicable falta de recomendaciones en el área de seguridad pública, en la misma forma que las hubo sobre salud, educación y otros temas.
En artículos anteriores se ha comentado que en este sexenio no se observa una clara estrategia de combate y control de la delincuencia organizada, como no sea la de “abrazos, no balazos”, cualquier estrategia bien armada requiere de un sistema de inteligencia a partir de registros y controles digitalizados, coordinando y utilizando no sólo los expedientes penales federales y estatales, sino también los antecedentes de tránsito, el registro civil, los registros de propiedad inmobiliaria, etc.; igualmente los registros fiscales, las declaraciones patrimoniales y las investigaciones administrativas sobre corrupción y violaciones a la ley por parte de funcionarios públicos.
Actualmente la autoridad ignora quién asesina y quién es el asesinado; todo depende de que algún familiar o amigo denuncie o identifique los cuerpos pues no hay registros completos de huellas dactilares, ni dentales o algún otro que identifique oficialmente. Si no se encuentra algún documento que indique quién es el muerto, muchas veces va a dar a la fosa común. La nota de esta semana de 15 indígenas asesinados y quemados en Oaxaca, de los cuales sólo algunos han sido identificados por familiares, el resto puede quedar en la ignorancia; así a la impunidad se agrega el desconocimiento y pasan por lo tanto al “renglón de desaparecidos” cuando los familiares no los localizan.
Urgen los sistemas digitalizados que permitan que, con sólo un accidente de tránsito o robo de auto, se pueda localizar a un delincuente prófugo o con delitos registrados; o bien que se relacionen los archivos fiscales con los bancarios o los inmobiliarios para descubrir enriquecimiento inexplicable.
Difícilmente podrán las autoridades controlar y detener la delincuencia organizada si cuando mucho se sabe de los jefes principales y de algunos del segundo nivel, pero no se tiene ni idea de quiénes son los sicarios, “las mulas”, los “punteros”, los trabajadores en laboratorios en la sierra, los vendedores de drogas al menudeo y de quienes los surten; igualmente se desconoce la enorme red de implicados en las ciudades en las que cualquier casa puede ser un laboratorio o una “casa de seguridad” o un depósito de armas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se llegó a contar con un centro de recopilación y análisis de información sobre los delincuentes de todo tipo, llamado “Plataforma México”, que ahora se acusa que se utilizaba para espiar ciudadanos por motivos políticos, pero lo cierto es que funcionaba como un sistema digital y satelital de control de información de todos los cárteles conocidos, sus jefes y subjefes y ya se podía relacionar con otros delitos y delincuentes menores relacionados con el tráfico de drogas y asesinatos.
Claro que la Plataforma México fue muy costosa pero toda innovación tecnológica lo es, además ya fue posible integrar información de la DEA y otras oficinas extranjeras dedicadas a la persecución de narcotraficantes y hasta terroristas. El siguiente paso que ya se estaba iniciando era el de establecer “centros espejo” en los Estados, para todo lo cual se requieren instituciones ciudadanas de vigilancia para el buen uso de la información.
Urgen sistemas digitalizados para seguir la ruta del dinero procedente de actos ilícitos, incluyendo los de evasión fiscal; de dónde viene, por dónde pasa y a dónde llega el dinero.
Urgen también sistemas digitalizados para controlar y bloquear las rutas de las drogas tanto en las fronteras como por vía marítima y aérea; actualmente es casi imposible dar seguimiento al tráfico, venta y consumo de drogas en las ciudades de México, en lo que intervienen miles de gentes.
Se requieren sistemas digitalizados para vigilar e interceptar las rutas de las armas, y no sólo de las que vienen de Estados Unidos sino también de las que venden las mafias europeas y asiáticas y que cruzan por la frontera sur.
Urgen sistemas digitalizados para descubrir, vigilar y acusar judicialmente a funcionarios públicos implicados.
Urgen igualmente sistemas digitalizados para homologar y coordinar procedimientos de investigación y seguimiento de actos criminales, para que no se pierdan los casos en los tribunales.
Sin sistemas y estrategias de inteligencia, la labor policiaca nunca será suficiente ni eficiente.
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