El juicio político es un mecanismo que, a pesar de estar contemplado en la ley, es contrario a las aspiraciones de una sociedad civilizada que dirime sus controversias mediante mecanismos jurisdiccionales, en lugar de recurrir a la fuerza y al poder, así sea el de las mayorías.
No es que carezca de procedimientos establecidos. De hecho su fundamento se contempla en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El problema es que por su naturaleza, el juicio político no es más que un arma de revancha en manos de los partidos para eliminar contrincantes.
No es un instrumento de procuración de justicia, pues su ánimo no es el restituir un agravio. Su intención es simplemente deponer al servidor público acusado, e inhabilitarlo para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública. En pocas palabras, eliminarlo de la competencia.
Esto es lo que se pretende hacer con el Alcalde de Culiacán, luego de que un grupo de ciudadanos promoviera una demanda de juicio político y el Congreso del Estado atendiera la solicitud con una presteza inusitada, no obstante que cada uno de los señalamientos que se le hacen al Presidente Municipal tienen un cauce institucional en instancias que todavía no han sido agotadas.
Sobre la negativa de aplicar descuentos sobre las tarifas de agua potable, se sabe que el asunto está en medio de un juicio de controversia constitucional admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el Ayuntamiento de Culiacán consideró que el Congreso del Estado interfería con el principio de autonomía financiera de las localidades.
En cuanto a la denuncia por violación al honor y la seguridad jurídica, derivada de las declaraciones pronunciadas por el Presidente Municipal en contra de familias de policías caídos y otros ciudadanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya notificó al Congreso del Estado que el Alcalde aceptó, a regañadientes, las recomendaciones emitidas por la misma CEDH, abriendo con esto un proceso de reparación del agravio en favor de los afectados.
De igual forma, sobre las observaciones a las cuentas públicas del 2020, emitidas apenas el pasado 18 de febrero de esta año por la Auditoría Superior del Estado, se hace necesario señalar que éstas no representan en lo inmediato una sentencia por malversación de fondos, pues la misma ley contempla un plazo para que la entidad fiscalizada, en este caso, el Ayuntamiento de Culiacán, solvente o explique las irregularidades que se le señalaron.
Entonces, si todavía no han sido agotadas las instancias para resolver las acusaciones que dieron origen al juicio político en contra de Estrada Ferreiro, ¿cuál es la prisa para enjuiciarlo y hacer nulos sus derechos políticos? Al parecer, el Congreso del Estado busca adelantarse a cualquier resolución favorable al Ayuntamiento en lo que se refiere a la controversia constitucional y a la auditoría, sin importar pasar por alto el debido proceso.
Es muy parecido a cuando hicieron una consulta popular sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, aun cuando estaban en trámite unos amparos judiciales promovidos por organizaciones de la sociedad civil. El problema en esta ocasión, es que el juicio político no admite ningún recurso de apelación o amparo. Siendo así, la remoción del Alcalde será irrevocable.
Lo que resulta curioso, es la manera en que el Gobernador utiliza todos los instrumentos del Estado para deshacerse de un oponente que fue elegido democráticamente, pero cuando se trata de un subordinado que opera en su contra, como lo ha hecho el Secretario de Salud, tan sólo se limita a lanzar advertencias.
Por otro lado, quienes saben del tema reiteran que los juicios políticos han demostrado ser ineficaces para combatir la corrupción, pues no están diseñados para ese propósito. Lo que sí hace falta es hacer funcionar a las instituciones, pero ese no es el ánimo de la actual legislatura, que no ha querido renovar el Comité de Participación Ciudadana, pieza fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo tienen trabado.
Para que las leyes de una República funcionen, estas tienen que estar en correspondencia con el espíritu democrático de la sociedad a la que representan. De qué sirvieron tantos adelantos institucionales, si esta clase política se sigue comportando como bárbaros confabuladores.
Por lo visto, estamos en presencia de un juicio con todos los rasgos de un sistema punitivo premoderno e inquisidor, que tira por la borda todos los adelantos que se hicieron en materia de derecho penal, derechos humanos, transparencia y refinamiento en el combate a la corrupción.
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