La ineficiencia y la corrupción en el Gobierno
Después de “la bomba” que explotara el Gobierno de EU al acusar al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y ex funcionarios más, indicaría que todas las columnas periodísticas deberían tratar ese tema, pero como esta columna se escribió desde el miércoles, se expondrá lo originalmente escrito; además, ese gravísimo asunto tiene tantas implicaciones, que realmente se desconoce hacia dónde derivarían sus consecuencias, para el Gobierno del Estado, al Gobernador mismo, al partido oficial Morena, al Tratado Comercial, al ex Presidente López Obrador, las relaciones México-EU y hasta el campeonato Mundial de futbol, es decir, todo se ha conmocionado, el presente y el futuro; por todo ello, cuando se conozcan más datos y argumentos, habrá materia para muchas más columnas.
Diferentes investigadores y organizaciones sociales han determinado que la ineficiencia en los gobiernos y en las empresas tiene peores resultados que la misma corrupción, aunque esta última tenga mayores consecuencias sociales; pudiera decirse que la ineficiencia es también corrupción y en cualquier caso, todos los mecanismos y programas que se establezcan para minimizar la corrupción y la ineficiencia, deberían de ser bienvenidas.
1. Durante el gobierno de Felipe Calderón se determinó que una de las causas de la ineficiencia y la corrupción en el Gobierno era el exceso de normas y trámites, pues según estudio que se llevó a cabo, existían en el Gobierno federal más de 34 mil normas y casi 7 mil trámites a realizar por los funcionarios públicos y ciudadanos; después de una revisión a fondo, fue posible depurar la normatividad, eliminando las repetidas, las contradictorias y muchas sin aplicación, dejando sólo 16 mil 261 normas; además, se eliminaron 2 mil 257 trámites que entorpecían la interacción del Gobierno con el ciudadano; gracias a este programa de reforma regulatoria, México fue reconocido por la OCDE en su Estudio sobre Gobernanza Pública, pues se logró disminuir la ineficiencia y la corrupción.
2. Como ya existía el llamado Servicio Civil de Carrera, con el que se pretendía dar continuidad y permanencia a funcionarios de carrera debidamente certificados, programa que realmente no funcionaba pues cada nuevo Secretario de Estado nombraba nuevos funcionarios que “volvían a empezar” en actividades que ya se realizaban bien con empleados públicos de carrera; por lo tanto, se les dio vigencia, continuidad y respeto a empleados que demostraran eficiencia en el desempeño de sus funciones.
3. Para lograr lo anterior, se creó y estableció el Programa de Evaluación del Desempeño con la metodología necesaria para evaluar el trabajo de los funcionarios públicos. Esto implicó que las dependencias y gobernantes aceptaran el control de la sociedad con sus quejas, recomendaciones y rechazos de los actos del Gobierno, es decir, como dijo el ex Presidente Calderón: “ponerse en los zapatos de los ciudadanos”.
4. Siendo Subsecretario de la Función Pública, quien esto escribe y el director Cesar Chavira, asistimos al Seminario sobre Evaluación del Impacto de los Programas y Políticas Públicas, impartido por el Instituto de Educación Ejecutiva en coordinación con la Universidad de Chicago, en cuyo seminario el expositor estuvo muy interesado en los resultados que se estaban obteniendo en el Gobierno federal; en esos días habíamos sido invitados por el licenciado Luis H. Álvarez a su informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, habiéndose explicado al director de esa Comisión, Xavier Abreu Sierra, que se tenían comentarios al informe, pues en él se exponían muchas y buenas obras de servicio e integración de jóvenes y adultos indígenas, rescatándolos del vicio y de las cárceles, así como logrando que asistieran a las escuelas primaria o secundaria; pero al preguntar cuántos de ellos habían reincidido en sus faltas, habían regresado a la cárcel o habían abandonado la escuela o bien se habían ido “de braceros” a EU; esos datos no se tenían por los funcionarios de la Comisión; es decir se desconocía el verdadero impacto de los programas de Gobierno, impacto representado por los indígenas que gracias a esos programas habían superado su situación personal y familiar, es decir, no se apreciaba el verdadero impacto social de los programas de Gobierno en el desarrollo de los pueblos indígenas.
El Programa del Impacto de los actos de Gobierno también se impulsó en diversos programas para medir su eficiencia, pero igualmente todo esto se olvidó y se perdió.
