La justicia que al parecer tendrá que esperar hasta 2031

En una colaboración anterior, en este espacio planteamos una pregunta: ¿está preparado Sinaloa para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Hoy, esa interrogante adquiere una nueva dimensión: la Cámara de Diputados aprobó aplazar su implementación hasta el 1 de julio de 2031.

La decisión se tomó el pasado 20 de octubre, con 367 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones. Durante la discusión, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron el retraso y sus posibles consecuencias. La minuta fue enviada al Senado para continuar el proceso legislativo.

Aprobado en 2023, este Código nació con el propósito de transformar la justicia civil y familiar en México mediante la unificación de los procedimientos, el impulso de las audiencias orales, la incorporación de expedientes digitales y el fortalecimiento de mecanismos alternativos, incluidas determinadas vías de intervención notarial. Se buscaba avanzar hacia una justicia más moderna, accesible y eficiente.

Sin embargo, ahora se concede más tiempo para su implementación ante las carencias de recursos, infraestructura y capacitación que enfrentan las instituciones encargadas de hacerlo realidad.

Es cierto que una reforma de esta magnitud no puede ejecutarse de manera improvisada. Una transición deficiente podría generar incertidumbre y afectar a quienes acuden a los tribunales para resolver conflictos familiares, patrimoniales y civiles.

Pero reconocer esas dificultades no elimina una pregunta inevitable: ¿por qué, después de aprobar una transformación de esta importancia, nuestras instituciones necesitan tantos años adicionales para estar preparadas?

En Sinaloa, es justo reconocer que se había venido trabajando en la preparación para implementar el nuevo Código. Los esfuerzos institucionales realizados deben valorarse, pues una transformación de esta naturaleza exige planeación, capacitación, infraestructura y recursos suficientes. Este “aplazamiento” no debe interpretarse como una invitación a bajar el ritmo ni como una razón para detener los trabajos en marcha. Por el contrario, el tiempo adicional debe aprovecharse para consolidar los avances, atender los pendientes y llegar a la entrada en vigor con mejores condiciones para impartir justicia. La meta debe seguir siendo la misma: que la transición beneficie a los ciudadanos y no se convierta en una nueva fuente de retrasos.

Podemos ver este aplazamiento como el tiempo que se necesita para consolidar la reforma, pero cuidado, que no sea este aplazamiento una sucesión de plazos sin resultados comprobables, especialmente al tratarse de un tema del Poder Judicial, Poder que ha sido recientemente reformado, reforma judicial federal que abrió paso a la elección popular de jueces, magistrados y ministros que cabe aclarar siguió adelante sin un aplazamiento equivalente en su calendario de implementación, y la elección federal se celebró el 1 de junio de 2025, aun cuando había voces que solicitaron dicho aplazamiento. Es más, existen voces en la actualidad que piden se analice dicha reforma, pero, reitero, reforma que no tuvo freno, pero en cambio, la transformación de los procedimientos civiles y familiares, que incide directamente en la vida cotidiana de millones de personas, ahora tendrá que esperar más tiempo.

¿Qué nos dice esta diferencia sobre las prioridades de nuestra clase gobernante? Las reformas institucionales no deberían medirse únicamente por su viabilidad política o por la rapidez con que pueden ejecutarse, sino también por sus beneficios concretos para la ciudadanía.

El 2031 no debe convertirse en una excusa para aplazar los pendientes, sino en un compromiso para resolverlos. La ciudadanía merece conocer qué se hará con el tiempo adicional y cómo se garantizará que esta transformación finalmente se materialice.

Mencionábamos en aquella colaboración que, al hablar de la implementación del nuevo Código, no se hablaba sólo de abogados, sino de quien necesita obtener una pensión alimenticia, quien busca recuperar un inmueble, quien enfrenta un conflicto por la custodia de sus hijos, quien necesita iniciar una sucesión, quien reclama el cumplimiento de un contrato, entre otras muchas cosas. Con este posible aplazamiento, todas estas personas deberán de esperar y ver si la “antigua” justicia consigue hacer lo que se argumentaba no hacía y por ende se implementó el nuevo Código, que es resolver mejor y resolver a tiempo.