La macro y microeconomía de la violencia en Sinaloa

Hace poco más de una semana acudí a un foro organizado por el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán. En este encuentro, el profesor José Manuel Villanueva impartió una brillante conferencia en la que explicó cómo, desde el periodo neoliberal, diversos factores económicos contribuyeron a intensificar la violencia criminal en México.

Desde una perspectiva macroeconómica, uno de los argumentos centrales que dejó a reflexión entre los asistentes, es que la apertura de la frontera con Estados Unidos incrementó de manera considerable el intercambio de mercancías entre ambos países. Pero con el crecimiento del comercio legal también se expandieron los flujos ilegales: hacia el norte aumentó el tránsito de drogas y otras mercancías ilícitas, mientras que hacia el sur se intensificó el flujo de armas.

A ello agregó que existe una enorme asimetría económica entre ambos países. La diferencia en niveles de ingreso y capacidad de consumo genera un mercado particularmente rentable para las organizaciones criminales. Cuando existen grandes ganancias potenciales y una demanda constante, los incentivos económicos para participar en actividades ilícitas también aumentan.

La explicación macroeconómica nos ayuda un poco a entender las razones de la violencia derivada del narcotráfico internacional en el que se inserta Sinaloa.

Ahora bien, por otra parte, existe una explicación con un enfoque microeconómico. El profesor estadounidense Gary Becker, quien fuera Nobel de economía en el año 1992, la explicó hace poco más de medio siglo en su artículo titulado: “Crime and Punishment: An Economic Approach” publicado en 1968.

Desde un punto de vista microeconómico, la explicación gira en torno al cálculo consciente (o inconsciente) que un individuo hace, sobre los beneficios y costos de cometer un delito. Es decir, si robar, extorsionar, traficar o participar en una organización criminal genera beneficios elevados y, al mismo tiempo, existe una baja probabilidad de ser detenido y castigado, el costo esperado de delinquir disminuye. En términos económicos, el crimen se vuelve atractivo.

La aportación de Becker ayuda a entender por qué la discusión sobre seguridad no debería limitarse a preguntar cuántos policías tenemos o qué tan severas son las penas, sino que tan probable es que alguien que delinque sea efectivamente detenido y castigado.

Un delito puede tener una pena de veinte años de prisión, pero si quien lo comete percibe que existe una posibilidad muy pequeña de ser capturado, esos veinte años tienen poco peso en su decisión. En cambio, si la probabilidad de ser descubierto aumenta considerablemente, el costo esperado del delito también aumenta. Para Becker, la impunidad tiene pues, un efecto económico.

Pensemos en un joven que vive en una comunidad sinaloense donde las oportunidades laborales son escasas, los salarios son bajos y las organizaciones criminales tienen presencia cotidiana. La economía legal puede ofrecerle un salario de algunos miles de pesos al mes, pero la economía criminal puede ofrecerle mucho más. Si además percibe que la posibilidad de ser detenido es baja, el cálculo del beneficio económico para delinquir es todavía mayor.

Esto no significa que la pobreza sea una causa automática del crimen. Lo que Becker nos permite entender es que las condiciones económicas modifican los incentivos. Porque si un joven encuentra en la economía ilegal mayores ingresos, reconocimiento, movilidad social y oportunidades que en el mercado laboral formal, entonces la batalla contra la violencia también tendrá que discutirse en torno a los incentivos individuales.

Eso implica para las autoridades trabajar, al menos, en dos frentes fundamentales. El primero es reducir la pobreza y la desigualdad, particularmente entre los jóvenes, y ampliar las oportunidades de empleo, educación y movilidad social. El segundo es reducir la impunidad, fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia y combatir la corrupción.

Por supuesto, la violencia no puede explicarse únicamente desde la economía. En el caso de nuestra entidad, hay factores históricos, culturales, políticos, territoriales y sociales que resultan indispensables para comprenderla. Por todo ello, es indispensable la investigación académica interdisciplinar para mitigarla.

Es cuanto...

El Cuerpo Académico Consolidado “Movimiento migratorio y desarrollo regional” (UAS-CA-170) se enorgullece por la renovación del Perfil Deseable PRODEP de sus miembros Brianda Peraza, Norma Míriam Rodríguez, Cristian Torres, y de paso de un servidor. Este reconocimiento avala su trabajo en la docencia, la investigación, la tutoría y la gestión académica. ¡Enhorabuena!