La nueva ocurrencia de Mario Zamora: replicar en Sinaloa el modelo de cárceles de Nayib Bukele en El Salvador

De la misma mente que concibió la disparatada propuesta de que Sinaloa produjera opioides con fines medicinales (iniciativa que lo llevó de gira por Ginebra, Nueva York, y Washington D. C.), ahora Mario Zamora nos trae la idea de replicar el modelo penitenciario del CECOT en El Salvador (destino al cual también viajará). Al parecer, cuando se agotan las ocurrencias locales, siempre queda un destino internacional al cual turistear para importar la siguiente. La propuesta de mirar hacia El Salvador para encontrar soluciones a los problemas de inseguridad que enfrenta Sinaloa resulta comprensible, pero carece de raciocinio.

Después de años de violencia, homicidios, desapariciones y expansión de organizaciones criminales, cualquier experiencia que aparentemente haya conseguido reducir la criminalidad merece ser estudiada. El modelo de Nayib Bukele se ha convertido precisamente en uno de esos referentes, particularmente por la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a decenas de miles de personas vinculadas con las pandillas salvadoreñas. Sin embargo, hay una gran diferencia que conviene establecer antes de pensar en reproducirlo, construir una cárcel semejante no significa reproducir los resultados de seguridad que ha conseguido el gobierno salvadoreño. Confundir ambas cosas sería atribuirle a una infraestructura penitenciaria los efectos de una estrategia de seguridad mucho más amplia y compleja.

El gobierno de Bukele declaró un régimen de excepción que permitió realizar detenciones masivas y restringir determinadas garantías constitucionales. A partir de entonces, decenas de miles de personas fueron detenidas bajo sospecha de pertenecer o colaborar con la Mara Salvatrucha y Barrio 18, principalmente. Paralelamente, se desplegaron fuerzas policiales y militares, se intensificó el control territorial y se modificó sustancialmente la administración penitenciaria. El CECOT, inaugurado en febrero de 2023, se incorporó posteriormente como una de las principales instalaciones de este sistema.

La reducción de homicidios reportada por el gobierno salvadoreño ha sido extraordinaria. Diversas investigaciones académicas también han identificado una asociación importante entre las políticas de mano dura y la disminución de determinados delitos. Un estudio publicado en 2026 en Defence and Peace Economics (https://doi.org/10.1080/10242694.2025.2460457), encontró efectos significativos de las intervenciones de seguridad salvadoreñas sobre la reducción de homicidios y otros delitos, así como después de la implementación de la política de encarcelamiento masivo. Estos resultados sugieren que la incapacitación de integrantes de organizaciones criminales puede reducir su capacidad inmediata para ejercer violencia. Sin embargo, es importante señalar que estos estudios evalúan intervenciones de seguridad y encarcelamiento, no el efecto independiente de construir una prisión como el CECOT. De hecho, el régimen de excepción comenzó aproximadamente once meses antes de que esta instalación fuera inaugurada. Por lo tanto, una parte importante de la reducción de homicidios ya se había producido antes de que el centro penitenciario comenzara a funcionar.

Esta diferencia adquiere todavía mayor relevancia cuando se intenta trasladar la experiencia salvadoreña a Sinaloa. Aunque ambos territorios enfrentan problemas relacionados con organizaciones criminales, sus estructuras y mecanismos de operación presentan diferencias sustanciales. En El Salvador, las principales organizaciones contra las que se dirigió la estrategia de Bukele eran pandillas con una fuerte presencia territorial, cuya capacidad de ejercer violencia dependía en buena medida de sus integrantes y de sus redes locales de control. En Sinaloa, el fenómeno del crimen organizado tiene características distintas. Las organizaciones del narcotráfico operan mediante redes de producción, distribución, transporte, financiamiento, lavado de dinero, corrupción y conexiones transnacionales. Su capacidad operativa no depende exclusivamente de los individuos que ejecutan directamente los delitos, sino de una estructura económica y logística que puede mantenerse, reorganizarse y sustituir a sus integrantes.

Por esta razón, concentrar a determinados operadores criminales en una prisión de máxima seguridad puede reducir algunas de sus capacidades, pero no necesariamente desarticular las redes que sostienen sus actividades. Una organización que conserva sus recursos financieros, sus proveedores, sus mecanismos de distribución y sus conexiones internacionales puede continuar operando incluso cuando una parte importante de sus integrantes se encuentra privada de la libertad. El problema no es únicamente quién está dentro de la cárcel, sino qué ocurre con las estructuras que permanecen fuera de ella. Si no existe una estrategia paralela de inteligencia financiera, investigación patrimonial, persecución de redes de corrupción, identificación de operadores logísticos y desmantelamiento de mercados ilícitos, la construcción de una prisión puede terminar atendiendo solamente una parte del fenómeno criminal.

La evidencia científica sobre los efectos del encarcelamiento también obliga a distinguir entre reducir temporalmente la capacidad delictiva y conseguir una disminución sostenida de la reincidencia. La criminología ha demostrado que el encarcelamiento, por sí mismo, no constituye necesariamente un mecanismo de rehabilitación. El efecto de la prisión sobre la reincidencia es variable y que, en determinados contextos, puede incluso incrementarla. La reinserción requiere intervenciones específicas relacionadas con educación, capacitación laboral, atención psicológica, tratamiento de adicciones, fortalecimiento de vínculos familiares y oportunidades de integración social. Una prisión diseñada exclusivamente para aislar y neutralizar a sus internos puede cumplir una función de contención mientras permanecen recluidos, pero eso no significa que esté resolviendo los factores que pueden conducirlos nuevamente a participar en actividades criminales.

La pregunta, entonces, no debería ser si Sinaloa necesita una cárcel como la de Bukele, sino qué tipo de sistema penitenciario necesita para enfrentar las características específicas de su criminalidad. Para eso se necesitan propuestas basadas en evidencias y no en ocurrencias.

Conocer el modelo salvadoreño, estudiar sus mecanismos y evaluar sus resultados es perfectamente razonable. Lo que no resulta científicamente justificable es asumir que reproducir su novedosa infraestructura penitenciaria permitirá obtener automáticamente los mismos resultados de seguridad. El Salvador adoptó una estrategia de seguridad integral, sustentada en condiciones políticas, territoriales y criminales muy particulares. Sus resultados, así como los costos sociales, institucionales y humanitarios que ha implicado, todavía requieren una evaluación independiente y de largo plazo, especialmente ante los señalamientos de organismos internacionales sobre posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos que incluso podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sinaloa enfrenta una realidad sustancialmente distinta y, por tanto, necesita soluciones diseñadas a partir de su propio contexto, no la reproducción automática de modelos ajenos.