La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no nació para denunciar a López Obrador. Aunque el megalómano imagine que todo existe por o contra él, la organización de la sociedad civil nació en 2015, a la mitad del sexenio de Peña Nieto. Era claro desde entonces que la batalla contra la corrupción necesitaba de la intervención ciudadana. Necesitaba periodismo crítico y organizaciones profesionales dedicadas a la vigilancia del gobierno y a la denuncia de los corruptos. En poco tiempo, gracias al profesionalismo de su equipo y a la valentía de su conducción, MCCI se convirtió en la organización más activa y de mayor impacto en la lucha contra la corrupción. Desde su nacimiento, una referencia indispensable del debate público. Todas las oposiciones se han alimentado de su trabajo. Todos los gobiernos han sido lastimados por sus revelaciones.
El liderazgo de María Amparo Casar ha sido crucial en la fundación de esa institución de la República. A la solidez de su preparación académica y su experiencia en el servicio público se suma una admirable determinación. Su atención ha estado concentrada en la calidad de sus investigaciones y reportes. Documentar rigurosamente el abuso, rastrear paso a paso las sendas de la trampa, cubrir la telaraña de las complicidades. Su valentía podría describirse, sobre todo en los tiempos recientes, como temeridad. María Amparo Casar no se ha detenido frente al poder de los uniformados, ni ante la rabia de un déspota de poder absoluto. Ante la intimidación, el insulto y la persecución, ella ha respondido con su trabajo. Investigaciones que se defienden solas, pruebas que se muestran al público, datos irrebatibles.
La radiografía que María Amparo Casar ha hecho de la corrupción del nuevo régimen no es simple documentación de pillerías. Es la denuncia de un régimen que, al borrar contrapesos, al intimidar críticos, al burlarse de la ley y al cortar el nervio de la independencia judicial hace de la corrupción la médula de su dominación. La corrupción que fue catapulta de la oposición lopezobradorista, que ha sido el núcleo de su discurso y bandera de superioridad moral, se instaló muy rápidamente en la médula de un régimen autoritario. Las escaleras no se barrieron de arriba abajo. Quedaron más sucias de lo que ya estaban porque quienes las enlodan están hoy más protegidos que nunca. Se ha constituido un régimen de intocables. Ahí están frente a nosotros, pavoneando sus trapacerías, exhibiendo sin pudor sus desfalcos. Riéndose abiertamente de una Presidenta que llama a misa.
Como cabeza de una organización insobornable, María Amparo Casar ha dado una batalla ejemplar. No se ha quedado en la crítica: ha documentado puntualmente los abusos. No le ha bastado la denuncia, ha aportado pruebas para exhibir la falsedad del moralismo autoritario. Sus investigaciones, junto con Animal Político fueron cruciales para exhibir las trampas y los abusos del último gobierno priista. Sin su trabajo la sociedad mexicana no habría conocido la compleja ingeniería de lo que conocemos como la “estafa maestra”. Más de un centenar de empresas que simulaban prestar servicios al gobierno para enriquecer a un puñado de políticos. Exhibió los fraudes de Odebrecht durante tres gobiernos. Documentó puntualmente los desvíos multimillonarios de Segalmex, ya bajo el gobierno de López Obrador. Ha documentado nepotismos, sobreprecios, desvíos y desfalcos. Sus reportes han hecho trizas el discurso moral del nuevo régimen. Es por ello que Casar ha sufrido una persecución feroz desde la cúspide del poder presidencial que no ha cesado. Primero fue el intento de destrozar su prestigio con una campaña de lodo orquestada desde el gobierno. Después se han empleado todos los instrumentos del Estado para triturarla. Demandas absurdas que se acumulan y amenazan con quitarle no solamente su patrimonio sino su libertad.
Que el cálculo de intereses de la nueva Fiscalía haya cambiado puede ser un alivio momentáneo para María Amparo Casar. Pero no hay nadie seguro en un país que tiene como fiscal a una ejecutante de venganzas, que ha sometido a los jueces a la lógica de la popularidad y que se ha deshecho de todas las instancias de prudencia institucional.
