La Presidenta contra la Presidenta
¿Dos presidentas confrontadas? Sí: la de la política pública (jefa de Estado) y la del compromiso ideológico (líder de partido). Colisionaron y no podía ser de otra manera: la contradicción explotó porque se rompieron los ejes de regularidad que venían sosteniendo el sistema político.
Escribí que sólo un factor externo podía romper el equilibrio de alta criminalidad en México. Expliqué que la impunidad ha persistido aquí por su valor estabilizador. La acusación desde Estados Unidos contra actores políticos representativos del régimen hegemónico equivale a lo que he llamado interferencia sistémica, es decir, una alteración estructural del funcionamiento de un sistema. Una “perturbación que cambia las relaciones entre los elementos del sistema y afecta su estabilidad o adaptación”.
Uno de los anclajes históricos del sistema político mexicano ha sido la negociación de la obediencia de la ley. Es un valor entendido esencial en el ejercicio del poder político en México. Toda persona que ejerce función pública alguna encuentra oportunidades no censuradas e incluso celebradas de manipulación de la ley. Pero el conflicto con la ley atraviesa la cultura política de manera que la regularidad de su violación es parte de la normalidad social. Violar la ley es una ventaja para quien sabe aprovecharla, de ahí que los poderes públicos y privados son el lugar privilegiado para una relación con la ley basada en oportunidades.
La captura de instituciones públicas y el ejercicio de gobierno como parte de redes de macrocriminalidad puede verse como un uso extremo de la oportunidad. Cuando ha llegado hasta las cabezas de Gobierno la disposición de las instituciones para beneficios privados, entonces los acuerdos fundantes del Estado moderno colapsan, reprivatizándose la violencia, sin consecuencias penales, de manera que el poder criminal público/privado es en realidad un actor más en la disputa por el control de los mercados criminales.
Estados Unidos -como todo país en el mundo- tiene sus mecanismos de uso de la ley a través de oportunidades políticas; de eso no hay duda. La diferencia es el grado de regularidad en la aplicación de la ley. Lo he comprobado personalmente con instituciones policiales de cuatro continentes; todas se mueven entre amplísimos márgenes de manipulación de las normas en la gestión del espacio público. La regularidad puede estar más de lado del cumplimiento de la ley o al revés.
El vecino del norte atraviesa su propia crisis y avanza desmontando los pilares de su arreglo constitucional. El asunto no es si Estados Unidos tiene la autoridad moral para perseguir la delincuencia en México y en la región en general; se trata más bien de que tiene el poder de hacerlo y lo usará, al parecer, al extremo de pronóstico reservado. Las estrategias de seguridad nacional, drogas y terrorismo de Donald Trump así lo confirman.
Los extremos colisionan: mientras en México se ha sembrado el dominio criminal masivo ya no de territorios y mercados, sino sobre gobiernos, allá se ha instaurado un poder imperial que hace de América Latina y el Caribe un laboratorio creciente de hegemonía extraterritorial. La síntesis simbólica se nos ha presentado de manera nítida: acá se piden pruebas de responsabilidades penales, allá se les busca en México y en cualquier lugar del mundo. Acá se niegan los casos, allá se construyen.
La Presidenta entonces entró en su propia colisión: si una Presidenta lideraba una estrategia nacional de seguridad que, en su relato, avanzaba viento en popa, la otra negociaba el ejercicio del poder al interior de su partido político. Si lo primero buscaba estabilizar una narrativa de éxito reduciendo los delitos y neutralizando líderes criminales, lo segundo imponía el límite de lo permisible, desde sus lealtades ideológicas, inhabilitando la aplicación de la ley sobre liderazgos políticos identificados con el régimen hegemónico. Una contra la otra; y vino el golpe disruptivo.
Primero vimos el desalineamiento en la relación bilateral en seguridad, luego la tensión reventó la cuerda; no puede funcionar sin conflicto el embate extraterritorial de Donald Trump y la resistencia estabilizadora de la impunidad de Claudia Sheinbaum. La colisión es ahora y el pronóstico es reservado.
