“Bukele ha sabido usar las necesidades [de paz y seguridad] de las personas”, comentaba sobre el régimen de excepción una persona salvadoreña con quien pudimos conversar durante el ejercicio de observación de las condiciones de la prensa en el contexto electoral, realizado a inicios de febrero en El Salvador.
El régimen de excepción ha sido extendido en 23 ocasiones por Nayib Bukele desde marzo de 2022, con la justificación de que la anulación de derechos constitucionales permite librar al país de un mal común que por años asoló con altas tasas de criminalidad a El Salvador: las pandillas. Ello lo ha hecho ganar un importante número de simpatizantes, no solo a nivel nacional. Bukele cuenta con el 90 por ciento de aceptación, según el informe del Latinobarómetro de 2023.
Esta “medicina amarga” ha ido de la mano de fuertes recortes económicos en áreas como la educación, en favor de una estrategia de seguridad con resultados inmediatos y un claro aumento en el número de violaciones a los derechos humanos. En materia de libertad de expresión y de prensa, estas medidas alertan porque han generado el cierre, casi impenetrable, del espacio cívico. Este entramado se robustece con leyes como la nueva ley de lavado de dinero, vigilancia gubernamental, la vaguedad de la aplicación del delito de terrorismo como meritorio de aprisionamiento, entre otros. Esto coloca en una situación de vulnerabilidad a medios y periodistas críticos, como se ha visto con el caso de El Faro, pero también a otro tipo de medios como los comunitarios
En este contexto, del 1 al 5 de febrero del 2023, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa -Article 19 México y Centroamérica, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Protection Internacional Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras Suecia- hicimos este ejercicio de observación in situ. A este fin nos reunimos con centros de pensamiento, medios, periodistas y organizaciones de derechos humanos. El día 4 de febrero, visitamos cuatro centros de votación, entre ellos el centro de votación de la Avenida Olímpica, para ver las condiciones en las que a la prensa se les permitía dar -o no- cobertura a las elecciones. Lo observado el pasado 4 de febrero fue revelador en relación a los hallazgos. Aquí sólo me centraré en algunos aspectos.
Una de las problemáticas identificadas para el ejercicio periodístico es la falta de acceso a la información pública y a las fuentes mismas de información. Los diferentes actores con los que dialogamos manifestaron la inoperatividad del Instituto de Acceso a la Información; el cierre a espacios públicos o negación de entrevistas y/o rendición de cuentas; la aparente falta de registro de datos o información, incluso desinformación gubernamental. Ante este panorama, la prensa que intenta mantener informada a la ciudadanía con datos de fuentes no oficiales pero verificadas, se convierte de manera casi automática en enemigo público.
Lo observado el 4 de octubre en el centro de votación de Av. Olímpica también es alusivo del momento que atraviesa la prensa en este sentido. Un despliegue de medios digitales, simpatizantes del Gobierno, estaban colocados en la primera línea, como una primera barrera que atendía la llegada de Bukele al centro de votación, en un entorno festivo más parecido a una campaña electoral. A ello se sumó un amplio operativo de seguridad que impedía cualquier tipo de interlocución con medios independientes o críticos. Bukele estaba blindado de la prensa independiente.
Otra de las problemáticas latentes del modelo Bukele es la estigmatización, el acoso digital y el uso del discurso de odio en contra de los medios independientes. Más preocupante resulta cuando estos ataques provienen de funcionarios del gobierno, o el mismo presidente, principalmente. De las elecciones, varios son los ejemplos que se podrían retomar: las declaraciones del vicepresidente con respecto a la actitud ”facciosa” de algunos medios es uno, pero quizá el más claro es el del discurso del mismo Bukele en el Palacio Nacional en donde arremetió en contra de un periodista de El País que lo había cuestionado horas antes en conferencia de prensa, por la afirmación de Félix Ulloa a un medio internacional. “A esta gente que dice se está desmantelando la democracia, mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”.
Finalmente, cabe señalar que el centro de monitoreo de la APES documentó y verificó un total de 173 agresiones en contra de la prensa solo el 4 de febrero. La obstrucción a la labor periodística fue el tipo de agresión más recurrente, pero no el único. Se destaca la detención de Carlos Bucio por leer artículos constitucionales en un centro de votación, para manifestarse en contra de la reelección inconstitucional de Bukele.
Sobre esta base, el futuro de la libertad de expresión y prensa con Bukele está lejos de ser el ideal. Por ello, recuperar y defender la libertad de expresión en El Salvador será clave para dar marcha atrás al desmantelamiento democrático que se oculta detrás del éxito popular del modelo Bukele, tanto a nivel nacional como en la región.
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La autora es Cintia Alva, coordinadora del Programa para Centroamérica y el Caribe de @article19mex.
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