¿La reforma de transparencia abre la puerta a la opacidad en casos de corrupción?

Dicen que “el diablo está en los detalles” y tal parece que así va a pasar en México con la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Dicha reforma aprobada en el Pleno de la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados contiene retrocesos que preocupan. Por ejemplo, mantiene la prohibición de que se reserve información sobre casos de corrupción; sin embargo, establece que estos tendrán que estar “acreditados” para poderla otorgar. Este cambio no es menor, al agregar la palabra “acreditados” implicará que, para que se pueda dar a conocer información sobre actos de corrupción, primero una autoridad competente tendrá que determinar la existencia de estos actos y esto podría tomar mucho tiempo, incluso años. En el inter, la ciudadanía se quedará sin la posibilidad de acceder a esta información, que reviste de mucha importancia.

Esto representa un retroceso respecto al marco legal anterior. La Ley General de Transparencia, que había sido aprobada en 2015, permitía conocer información relacionada con actos de corrupción, incluso antes de que llegara a manos de una persona juzgadora. Con ello, buscaba generar presión para que las autoridades encargadas de resolver estos asuntos agilizaran los procesos y su resolución, para que se fincaran responsabilidades y sanciones. También tenía el propósito de que las instituciones rindieran cuentas sobre su actuar con el fin de que la ciudadanía pudiera conocer si realmente estaban avanzando las investigaciones para esclarecer los hechos y si las acciones encaminadas a resolverlos habían sido efectivas.

Esto ante un contexto de impunidad y corrupción imperante, pues México se encuentra en el ranking de países con altos índices de impunidad en el continente americano, ocupando el lugar 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad 2020. Y de acuerdo con datos de Impunidad Cero, en México no se denuncia el 94 por ciento de los delitos que se cometen y menos de 1 por ciento son resueltos.

La Ley anterior también permitía que el INAI, como órgano constitucional y garante, jugara un papel relevante al contar con una facultad, que le daba la posibilidad de determinar, “a primera vista”, la existencia de posibles actos de corrupción para brindar información de relevancia para la sociedad, sin la necesidad de ser avalados por una persona juzgadora o alguna otra autoridad. Esta facultad fue fundamental para la apertura de datos en casos de corrupción, donde se han identificado sobornos millonarios y la participación de personas funcionarias públicas del más alto nivel.

El caso Odebrecht, en el que se malversaron recursos por 10.5 millones de dólares en México, es uno de ellos. Si bien la Fiscalía General de la República prometió resolverlo en 60 días, han pasado más de 3 mil 285 y aún no existe una sentencia firme para todas las personas involucradas y las instituciones continúan deslindándose de sus responsabilidades. Por ejemplo, la FGR acusa al Poder Judicial de poner “trampas procesales” que han impedido avances en el caso.

Precisamente cuando se dio a conocer que el escándalo de Odebrecht estaba siendo investigado en México, la demanda de información por parte de la ciudadanía aumentó 452 por ciento de 2016 a 2017. Los datos requeridos se centraban en: 1) en el número de personas servidoras públicas y privadas que estaban siendo investigadas, 2) la versión pública de las denuncias presentadas en contra de la empresa y 3) los contratos de Pemex con las filiales de Odebrecht, entre otras. Gracias al papel del INAI y el periodismo de investigación se pudo dar seguimiento a los avances del caso y al trabajo de las instituciones, sin tener que esperar años a que alguna autoridad determinara la existencia de actos de corrupción.

Por ello, esta disposición altamente regresiva tendrá como consecuencia que se perpetúe la opacidad sobre asuntos de alto interés público y por ende se profundice la impunidad y corrupción en nuestro país. Por lo tanto, las nuevas instituciones que se responsabilicen de las tareas de transparencia tendrán que estudiar y valorar qué información sobre corrupción es de alto interés para la ciudadanía y debe ser publicitada.

La legitimidad y confianza en las instituciones no sólo se consigue en las urnas, sino con las acciones que garanticen la progresividad de los derechos humanos de las personas y el del acceso a la información no es la excepción.

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Las autoras son María Guevara y Anaid García, del equipo de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.