La responsabilidad patrimonial del estado

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Cuando el estado, entendiéndose por este el gobierno federal, estatal o municipal, causa daños a terceros por actos u omisiones irregulares, tiene el deber constitucional de reparar esos daños.

Por ejemplo, si usted pasa por una alcantarilla o un registro que está destapado y su automóvil sufre daños, el gobierno municipal tiene la obligación de pagarle los daños ocasionados, es decir, deberá pagarle lo que a usted le cueste reparar su vehículo.

Lo mismo pasa si usted cae en un bache con su automóvil.

El famoso caso NAFTA es un ejemplo de responsabilidad patrimonial del estado. El Ayuntamiento expidió una licencia para construir una gasolinera, en un juicio de amparo se sostuvo que la licencia era ilegal y NAFTA se basó en la sentencia de amparo para voltearse y demandar al municipio por un acto administrativo irregular.

El caso, que no era tan complicado porque estaba clara la base legal en que se apoyó NAFTA, terminó ganándose por la empresa y costándole varios millones de pesos al Ayuntamiento.

La semana pasada sucedió un lamentable accidente en el parque Ciudades Hermanas donde le cayó una lámpara a un niño.

Obviamente la lámpara se vino abajo por falta de mantenimiento en el parque citado, y esa falta de mantenimiento se considera actividad irregular del estado y da pauta para iniciar un juicio por responsabilidad patrimonial del municipio.

En ese juicio, como en cualquier otro de ese tipo, se busca la reparación del daño causado mediante el pago de una indemnización.

En el caso del accidente a que me refiero, el Ayuntamiento tiene que pagar no solo los gastos médicos y de medicina; también debe pagar cualquier otro gasto relacionado con el accidente, como por ejemplo terapias, en caso de requerirlas el menor.

Otro ejemplo de responsabilidad patrimonial del estado se da en la mala práctica médica llevada a cabo por personal de las instituciones de salud del gobierno, como el IMSS.

Si usted o un pariente de usted sufre las consecuencias de una mala práctica médica por parte de personal que trabaja para alguna institución de salud del gobierno, tiene derecho a recibir una indemnización.

La responsabilidad patrimonial del estado está elevada a rango constitucional y es una excelente herramienta legal para obligar al estado a pagar las consecuencias de sus actos irregulares.

Esta herramienta no se ha utilizado como se esperaba, básicamente por falta de conocimiento de los ciudadanos y también por falta de abogados especializados en esta rama del derecho.

Sin embargo, es bueno saber que se cuenta con esta alternativa legal por si acaso se llega a necesitar.

Ojalá que su uso se extienda para que el gobierno ponga más atención en lo que hace o deja de hacer y pague las consecuencias de su ineptitud.