La seguridad nacional de no saber -ni querer saber-
Encontré en la teoría la palabra “simbiótica” para categorizar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo desde 2018 en México. También confirmé que no parece existir concepción alguna de rendición de cuentas en nuestro régimen constitucional que no incluya el control legislativo sobre la rama ejecutiva. Si de seguridad nacional hablamos, el asunto parece bastante claro en términos formales y luego, en la práctica, se cae en pedazos.
La Ley de Seguridad Nacional incluye un capítulo denominado Del Control Legislativo, donde se dispone que “las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral”.
En pocas palabras, de la comisión depende que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes CISEN, rinda cuentas ante alguien que no sea su autoridad superior jerárquica; en este caso, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que a su vez reporta a la Presidencia de la República.
Cuando dirigía el Instituto para la Seguridad y la Democracia desarrollamos el concepto de “controles laterales” para describir todo sistema de control diferente al que fluye por la cadena de mando. Lo hicimos, en principio, en el marco del diseño y aplicación de un modelo de evaluación de rendición de cuentas de las instituciones policiales.
En una visión macro, los controles laterales aplican -o deben aplicar- a toda autoridad en un régimen constitucional de derechos. La teoría lo aclara, pero las personas operadoras lo saben perfectamente: toda cadena formal de subordinación jerárquica anida culturas institucionales que pueden trazar vínculos incondicionales de lealtad. Cuando las instituciones públicas son generalmente percibidas como espacios de control patrimonial, es decir, como espacios que les son propios a quienes los ocupan durante su encargo en la función pública, esas lealtades tienden a refuncionalizar completamente tales instituciones, llevándolas al extremo de desempeñarse al margen o en contra de la ley, sin costos.
Eso sucede en nuestras instituciones en general y uno de los antídotos estructurales son los controles laterales, es decir, mecanismos de rendición de cuentas que interfieren el sistema subordinación-lealtad, quebrando así el espinazo del monopolio de la información que las entidades públicas mantienen sobre su quehacer, en particular el asociado a las prácticas.
Si la teoría tiene razón y los poderes Ejecutivo y Legislativo funcionan bajo una relación de simbiosis, entonces todo el edificio -precisamente teórico y normativo- a favor del contrapeso se viene abajo y, tal vez, no hay nada que hacer; menos en un ámbito como la seguridad nacional, donde el ecosistema político y social tolera e incluso apoya la cultura del secreto, según la cual, por la seguridad de las instituciones, es mejor no saber.
Tenemos la seguridad nacional de no saber nada de lo que ahí pasa, tal como lo discutimos el miércoles pasado en nuestro programa Ni plata ni plomo. La investigación sobre seguridad me ha ocupado toda mi carrera profesional, en parte escuchando a quienes operan las instituciones en gabinetes o en terreno. Confirmo, sin la menor duda, que la única razón por la que sabemos de la muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua es por el accidente en el que murieron. Sin esa tragedia, todo sería business as usual, es decir, un día “normal” de operaciones.
Hace mucho vengo cuestionando el concepto de seguridad nacional porque he atestiguado directamente cómo se le usa más como palanca de opacidad para evitar la rendición de cuentas, y menos como herramienta legítima y legal de protección a la integridad de las instituciones. Una cara de la moneda es el abuso que el Estado hace de ella y la otra es la tolerancia social, incluso ante la grotesca reiteración de mentiras, donde un día nos dicen una cosa, al día siguiente otra y luego otra más, y el asunto no pasa de la anécdota del momento, si acaso.
Así que súmenle: mientras México y Estados Unidos han entrado en una crisis de pronóstico reservado, la comisión bicameral ni siquiera se ha integrado como lo ordena la ley y casi nadie, al menos, se pregunta por el control legislativo luego de la revelación de las operaciones de la CIA en territorio nacional.
La teoría del control social de Michel Foucault nos da elementos para pensar que todo esto sólo es posible porque está montado sobre los hombros de una sociedad acaso mejor disciplinada, es decir, aquella que ni siquiera sabe que lo está.
