La siguiente etapa de la reingeniería universitaria

Durante meses, en la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha hablado de reingeniería universitaria como un proceso necesario para fortalecer la viabilidad financiera, administrativa y académica de la institución. Se trata de una respuesta obligada a una crisis acumulada por años. Esa primera etapa, la más dolorosa, pero también la más inmediata, ya ha iniciado.

En lo financiero, los trabajadores activos recibiremos, desde la primera quincena del año, un cinco por ciento de descuento destinado a un fideicomiso para la jubilación dinámica. Para el personal jubilado, el impacto es mayor: un recorte del 20 por ciento a sus percepciones destinado al ahorro institucional.

El sacrificio tiene un rostro claro: el de las y los trabajadores “de abajo”. Ellos han asumido el costo más alto del ajuste, aun cuando no fueron quienes tomaron las decisiones que llevaron a la institución al punto crítico actual. Y hay que decirlo sin rodeos: en este proceso han pagado justos por pecadores. La base laboral volvió a ser la primera en ser llamada a “poner de su parte”.

Hoy, sin embargo, la reingeniería universitaria enfrenta su prueba más importante: la segunda etapa. Una etapa que ya no puede ni debe recaer nuevamente en la base trabajadora, sino que tiene que interpelar directamente a quienes toman las decisiones, diseñan las políticas internas y administran el poder institucional. Porque una universidad no se transforma únicamente apretando el cinturón de abajo, sino revisando con lupa las prácticas de arriba.

Esta segunda fase debe centrarse en la creación de mecanismos de fiscalización, de transparencia, de democracia y de ética institucional.

Hablar de transparencia implica saber cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los recursos, cómo se justifican los nombramientos -o despidos-, bajo qué criterios se evalúan los estímulos al personal docente y administrativo. Implica revisar la nómina, los salarios de los cuadros directivos, las compensaciones y los privilegios históricamente normalizados. También supone revisar, con responsabilidad, los sistemas de jubilación futuros para que no vuelvan a convertirse en bombas de tiempo financieras.

La democracia universitaria, por su parte, no puede reducirse a procedimientos formales, hay que fomentar y estimular la libre participación de todos los sectores de la población universitaria. Hacer de una comunidad en la que la pluralidad de voces no sea vista como amenaza, sino como una fortaleza institucional. Todas las opiniones son importantes.

Y la ética institucional refiere al respeto entre todos sus integrantes, a la empatía mutua, a la justicia, la legalidad, la responsabilidad y, sobre todo, tener congruencia entre el discurso y la práctica.

La reingeniería universitaria, si aspira a ser auténtica, debe equilibrar responsabilidades. Los trabajadores ya hicieron lo que les correspondía, aún a costa de su ingreso familiar y su tranquilidad. Ahora toca a los directivos hacer lo propio: rendir cuentas, abrir procesos, limitar discrecionalidades y poner el ejemplo.

Porque una universidad que se reforma solo en lo financiero, pero no en lo ético y lo democrático, corre el riesgo de sobrevivir administrativamente, pero fracasar en su esencia misma: formar ciudadanos críticos, promover la pluralidad de ideas, y ser un referente de responsabilidad pública.

Es cuanto....