La soberanía de la impunidad

Los datos son devastadores para quien ha conservado la capacidad de sorpresa. Desafortunadamente tal vez ya la mayoría ya no vive impacto alguno cuando le hablan de impunidad, incluso si los datos enseñan impunidad absoluta. Cada año nos lo repiten, andamos con un promedio de impunidad superior al 90 por ciento. “La cifra negra o el porcentaje de no denuncia no se ha reducido ni un punto porcentual en la última década”, informó apenas México Evalúa en su estudio Hallazgos 2022. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México.

El índice de impunidad “permite identificar la capacidad del sistema para dar respuesta efectiva a los casos que conoce. En 2022, la impunidad alcanzó una media nacional de 96.3 por ciento de los casos conocidos por el Ministerio Público, lo que supone un incremento de 4.5 puntos porcentuales en comparación con 2021”, explica la investigación.

Si estás entre quienes esto les parece escandaloso e inaceptable, verás que los siguientes datos son desoladores: en homicidio doloso, 95.7 por ciento promedio de impunidad; pero eso no es todo, estados como Jalisco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México muestran impunidad absoluta en ese delito: 100 por ciento.

¿Y el feminicidio? Promedio, 88.6 por ciento y hasta el 100 por ciento en CDMX, Quintana Roo y Zacatecas. Promedio en desaparición, 96.5 por ciento y hasta la impunidad total en Aguascalientes, CDMX, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Secuestro, promedio 82.8 por ciento; y Aguascalientes, CDMX, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, en impunidad absoluta. En extorsión el promedio nacional en 2022 fue equivalente a 96.4 por ciento y llegan al máximo Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán.

Promedio nacional en extorsión, 96.4 por ciento; en violación, 93.8 por ciento; en violencia familiar, 98.6 por ciento; en narcomenudeo, 94.1 por ciento; en robo simple, 95.9 por ciento; en abuso sexual, 96.1 por ciento; en despojo, 95.1 por ciento; y en fraude, 96.8 por ciento.

En la mayoría de los casos con varias entidades en impunidad absoluta.

Y el estudio abunda: “sólo 4.3 por ciento de los procedimientos derivados de la apertura de carpetas de investigación llegaron hasta la etapa de vinculación a proceso, y no necesariamente fueron por los delitos de mayor complejidad o impacto social”. Además, “sólo 6.9 por ciento de los procedimientos derivados de las carpetas de investigación fueron canalizados a las áreas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las fiscalías”.

La investigación evidencia terribles contradicciones, con un sistema que a la vez crea alternativas a la prisión y se niega a usarlas: “Menos del 1 por ciento de las personas imputadas que llevaron su proceso penal bajo alguna medida cautelar en libertad se sustrajo de la acción de la justicia; no obstante, seis de cada 10 personas enfrentan su proceso bajo prisión preventiva, la mayoría bajo la modalidad oficiosa”.

Y avanza también inalterada la desastrosa condición de los lugares de privación de libertad, siempre agudizada por la dependencia del sistema al recurso de la prisión preventiva: “En 17 entidades federativas los centros penitenciarios presentan algún grado de sobrepoblación; a su vez, ocho de cada 10 centros presentan problemas de insuficiencia de personal. No obstante, cuatro de cada 10 personas en centros penitenciarios se encuentran bajo prisión preventiva, es decir, sin contar con una sentencia condenatoria en su contra”.

Nada le sirve mejor a la impunidad que su normalización. Cada persona que sufre la impunidad o sabe de ella y prefiere aceptarlo como un hecho fatal, así termina funcionando como su soporte. Solo es inevitable la impunidad si hay quien así lo cree. En realidad, se trata de un producto construido sobre prácticas que están equilibradas de manera sistémica para reproducirse al paso del tiempo. Es como un producto producido en una fábrica y, como tal, si se cambia la línea de producción se modifica el producto.

Leo las recomendaciones de México Evalúa en el estudio citado y no puedo más que estar de acuerdo; sin embargo, creo que las buenas ideas para reducir la impunidad ni de lejos alcanzan ante la fuerza que la sostiene. En otras palabras, puede más la impunidad que la no impunidad y eso debe ser leído en clave de tensión política que no admite reacomodo solo con ajustes técnicos; estos deben venir de la reconstrucción en los arreglos de poder que son el motor de las fábricas de impunidad.

Si la impunidad está en plena salud es porque sirve a poderes de facto macro y micro y su prolongada persistencia confirma, más allá de toda duda que, aún con repetidas alternancias, el fenómeno domina por encima de quien gobierne. Los cambios de gobierno no trajeron y bajo las actuales condiciones no traerán la reducción de la impunidad.

Ya lo entendimos: no hay fuerza política y social que alcance para lograr que el sistema penal funcione, en especial ante las responsabilidades criminales de las élites públicas y privadas trenzadas en redes delictivas. Y siendo México un terreno fértil para la expansión incontenible de la macrocriminalidad y la gobernanza criminal, es razonable anticipar menos posibilidades de reducir la impunidad, exactamente en la medida que se inflan los poderes que viven de ella.

Desde la experiencia internacional emerge la opción de la Justicia Transicional. Todo indica que la única interferencia sistémica que fracturaría el equilibrio en México sería la implantación de mecanismos internacionales contra la impunidad, insertos en paradigmas extraordinarios de justicia.

¿Imposible para México? Tal vez (lo mismo decían en Guatemala antes de crearse la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU). Hay personas en el poder público que ni siquiera parecen saber que México se ha obligado ante sistemas de justicia y de derechos humanos supranacionales, o bien lo saben, pero no les interesa reconocerlo precisamente porque son beneficiarios del equilibrio nacional que neutraliza la posibilidad de fracturar el pacto de impunidad.

Debería entenderse bien que la reinstauración del discurso nacionalista soberano funciona en parte justamente para construir tracción social que censura los mecanismos internacionales contra la impunidad; así se manipula a audiencias masivas para evitar el cambio. El ejemplo quizá más nítido lo puso el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aduciendo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 27 de enero implicaba “una falta de respeto” al Estado mexicano.

Así se defiende la soberanía de la impunidad.

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El autor es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

@ErnestoLPV

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