La soberanía erosionada: el caso Rocha Moya y la presión estadounidense

Finalmente sucedió lo que muchos analistas anticipaban: una acusación formal por parte de la justicia estadounidense contra un alto funcionario mexicano. En este caso se trata del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios más, incluidos el Alcalde de Culiacán, un Senador por Sinaloa y funcionarios de distintas instancias de seguridad.

Este suceso representa, hasta ahora, el intento más fuerte de intervención estadounidense en México bajo el pretexto del combate a la delincuencia, junto con el encarcelamiento de Genaro García Luna y la detención de Salvador Cienfuegos.

La respuesta de las partes fue previsible. Por parte del Gobernador y del Senador, negaron rotundamente las acusaciones y señalaron intereses políticos intervencionistas por parte de Estados Unidos.

Más interesante fue la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 30 de abril, donde señaló que, ante todo, debe prevalecer “verdad, justicia y soberanía”, y que no cederán a la petición de la justicia estadounidense si las autoridades mexicanas no reciben o encuentran pruebas contundentes que ameriten la extradición, conforme a la jurisdicción mexicana.

Esta estrategia, más que defender la soberanía, tiene como propósito que Estados Unidos comparta la información que posee sobre los acusados, conocer hasta dónde llega el conocimiento de la Fiscalía sobre las redes político-criminales y así estimar hasta dónde puede avanzar la acción legal y a cuántos políticos más podría implicar.

Sheinbaum sabe que, por más culpable que pudiera ser Rocha Moya y compañía, su entrega a Estados Unidos abriría una puerta que, una vez abierta, sería imposible de cerrar, sobre todo durante una administración como la de Donald Trump o una de corte republicano.

Esto implicaría solicitudes recurrentes de extradición de políticos acusados conforme a los criterios de las autoridades estadounidenses, con el costo que esto tendría para la estabilidad del País.

Y no digo que no deba ser investigado ni juzgado bajo el argumento de la defensa de la soberanía, sino que el hecho de que siga siendo Estados Unidos quien lo haga representa una erosión a la soberanía mexicana, entendida como la capacidad de autodeterminación y de resolver en casa los asuntos internos.

En un ejercicio reflexivo de realpolitik, evitar la intervención estadounidense pasaba por el desmantelamiento de las redes político-criminales, algo que las administraciones morenistas no han realizado ni por asomo. No es mi intención justificar el actuar estadounidense, pero sí reconocer el papel que la administración ha tenido en la erosión de la soberanía mexicana al sostener la impunidad sistemática en el País.

En otro texto reflexioné sobre qué acciones podría llevar a cabo México para reducir las presiones intervencionistas por parte de Estados Unidos. Ahí señalé tres posibilidades:

1. La detención o entrega de un capo de primer nivel.

2. La detención y entrega de uno o varios políticos vinculados con la delincuencia organizada.

3. El establecimiento de un nuevo acuerdo de colaboración, similar al Iniciativa Mérida.

De estos escenarios, ya ocurrió el primero, con la captura y deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las autoridades mexicanas, al evadir la detención y entrega de políticos vinculados con la delincuencia, ahora se encuentran en una posición en la que están obligadas a recorrer este camino. Parece que esta situación nos acerca al tercer escenario, donde la concreción de la agenda de seguridad estadounidense en México alcanzará su punto máximo con el establecimiento -¿imposición?- de un nuevo acuerdo de seguridad, en el que se redefina la presencia de agentes estadounidenses, así como la extradición obligada de presuntos delincuentes, camino que ya llevamos en buena medida recorrido.

Ahora queda esperar a qué resolución llegará la Fiscalía General de la República, la cual, cabe señalar, parece no tener ningún tipo de investigación abierta contra Rocha Moya por su presunta complicidad con grupos delictivos organizados, y cuál será la respuesta de las autoridades estadounidenses en caso de que la resolución mexicana sea negativa.

En todo caso, el escenario en el que helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk con bandera estadounidense sobrevuelen Sinaloa con el objetivo de extraer al Gobernador se ve más real que nunca.

—

El autor es analista de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial.