El doctor Echeverría Aispuro escucha cómo la Fiscalía General del Estado, luego de obtener su vinculación a proceso, ha solicitado ahora como medida cautelar la prisión preventiva.
Es cerca de mediodía, del 2 de diciembre de 2017.
Se hunde el rostro en la palma de su mano derecha y el codo hundido en el escritorio. Voltea hacia sus abogados defensores y el desespero le lucha por desbordársele.
Rebota la pierna en la punta del pie y la rodilla le brinca.
Le han leído ya las cantidades que como funcionario ganó en la Secretaría de Salud en la administración de Mario López Valdez, las propiedades en las que la Fiscalía cree que puede ocultarse, las propiedades y los vehículos que adquirió y la forma de pago.
Es evidente, señala el Fiscal, que tiene el poder económico para viajar en cualquier momento a cualquier parte del mundo.
El doctor Echeverría ya no se ve como el día anterior: paso apresurado, sonrisa en el rostro, con ánimo de enfrentar un proceso penal del que ya había ganado el primer movimiento de ajedrez al tramitar y obtener un amparo del Poder Judicial Federal contra una orden de aprehensión girada en su contra.
La Fiscalía urge al Juez de Control y Enjuiciamiento de la zona centro, le insiste que el imputado de adjudicar un contrato de manera ilegal, y con ello violar los artículos 298 y 300 del Código Penal del estado, puede esconderse o huir.
Echeverría se toca la nariz. Se recarga y bebe de una botella de agua que los abogados defensores metieron a la Sala D del Centro de Justicia Penal, Acusatorio y Oral antes de iniciar la sesión.
El jueves pasado los abogados defensores sólo llegaron y solicitaron por lo menos 24 horas para estudiar el caso de acusación contra el mismo Echeverría Aispuro y el ex director de Atención Médica de la misma institución, Jaime Otáñez García, el juez declaró diferimiento para la audiencia y se reprogramó para el viernes.
El viernes llegaron más temprano. Cuando la policía procesal permitió acceso al público y a los medios, los abogados y ex funcionarios ya estaban dentro. El doctor Echeverría estaba sentado, recargado, con las piernas abiertas y con la espalda al lugar donde se sienta el juez.
Charlaba con familiares o amigos que lo han acompañado y los abogados defensores con una actitud similar.
Con el inicio de la audiencia, Echeverría y Otáñez escucharon nuevamente de qué se les acusa: adjudicaron de manera directa un contrato, y lo firmaron junto a María Alejandra Gil Álvarez, por 18 millones de pesos y realizaron pagos por 14.7 millones de pesos a lo largo del año.
La defensa peleó que se adjudicó legalmente, que hay un expediente de 15 páginas dirigido al Comité de Adquisiciones para justificar el movimiento, sin embargo la Fiscalía cuestionó que en el paquete no existe ningún estudio de mercado que la ley exige.
Las expresiones ahí comenzaron a cambiar.
El Juez de Control preguntó si los hoy imputados realizarían su declaración inicial y aceptaron.
Echeverría fue el primero.
¿Está usted listo?, cuestionó el juez. Sí, listo, adelante.
Quiero... ¿va a declarar? Interrumpió el juez.
Sí.
Ah, pues véngase acá.
El doctor Echeverría Aispuro volteó a ver a sus abogados, y echó un vistazo a sus acompañantes en el público.
Se levantó y lentamente caminó hacia el banquillo en el que declaran los testigos... y los acusados.
El ex funcionario ya no sonreía. Ya no estaba calmado. Cruzó las palmas encima de la base del micrófono, luego cruzó los brazos un momento, rebotó las rodillas. El nerviosismo ya fue evidente.
“Quiero declarar que estoy totalmente en desacuerdo con lo que se me acusa, ya que ese contrato se firmó bajo toda la normatividad, toda la legalidad y conforme a lo que mandata la ley”, expresó.
Luego recordó que había ido de manera voluntaria a encarar el proceso y que la Fiscalía nunca lo notificó.
La Fiscalía solicitó al juez realizar preguntas. Echeverría Aispuro aceptó.
--¿Usted dice que el contrato se hizo bajo la ley?
--Me reservo el derecho a contestar.
--¿Realizó el contrato de acuerdo a la ley?
--Me reservo el derecho a contestar.
--¿Ese contrato fue celebrado, en qué fecha?
--Me reservo el derecho a contestar, según petición de mis abogados.
--¿Me va a contestar usted alguna pregunta?
--Me reservo el derecho a contestar.
--¿Está usted trabajando en la Ciudad de México?
--Me reservo el derecho a contestar, según petición de mis abogados.
Luego fue turno de Otáñez y pasó lo mismo, fue algo ya preparado.
Alguien escuchó que una persona cercana a Echeverría Aispuro cuestionó a uno de los abogados defensores que si cómo veían el caso. Esperaban, dijo, que fuera más fácil.
Echeverría se convirtió en el primer ex funcionario acusado de corrupción en ser castigado por el Sistema de Justicia Penal y oral; se apegó al procedimiento abreviado, se declaró culpable y pagó 2 millones de pesos para resarcir el daño.
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