La transición energética no está pensada para la longevidad

03/05/2026 04:00
    Las crisis energéticas y climáticas recientes evidencian que los sistemas eléctricos y las políticas de transición energética no están diseñados para una población que envejece rápidamente. Eventos como el colapso eléctrico en Texas en 2021, las olas de calor en Europa y los apagones en México durante 2024 afectaron de manera desproporcionada a personas mayores, especialmente mujeres, quienes suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad económica, aislamiento y dependencia de servicios energéticos constantes

    En febrero de 2021, una tormenta invernal paralizó Texas durante días. La red eléctrica colapsó. Al menos 246 personas murieron oficialmente, según el Departamento de Salud de Texas, aunque hay otras fuentes que señalan que la cifra llegó hasta 700 personas. De las muertes confirmadas por hipotermia, 125 —más de tres cuartas partes— correspondieron a personas de 60 años o más. Más de 4.5 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad; más de 12 millones de personas se quedaron sin agua. Incrementaron las emisiones de contaminantes y también el riesgo de inhalación de monóxido de carbono al tener que recurrir a fuentes de calor riesgosas.

    Fue una tragedia, pero no climática como se dijo. Fue una tragedia de diseño.

    En estas situaciones que afectan a toda la población, las personas en condiciones de vulnerabilidad viven y sufren mayores riesgos. Un mundo que está envejeciendo necesita comprender la dimensión energética de esta realidad.

    Texas no fue un caso aislado. El calor en Europa durante tres veranos seguidos (2022, 2023 y 2024) ocasionó la muerte de 181 mil personas. La gran mayoría de esas muertes se concentró en personas mayores.

    Estamos hablando de extremos térmicos, frío o calor. En ambos casos, las víctimas tienen nombre, sexo y edad.

    Estos datos no solo reflejan el clima o el precio de la energía. Revelan una realidad estructural: estamos envejeciendo en sistemas que no fueron diseñados para sostener vidas más largas en condiciones cada vez más extremas.

    Hay un grupo que concentra esta vulnerabilidad de forma desproporcionada: las mujeres mayores.

    Los estudios realizados en torno a la ola de calor del 2022 indican que las mujeres se ven más afectadas por esto que los hombres: murieron 63 por ciento más mujeres que hombres durante ese verano (35,406 muertes femeninas frente a 21,667 masculinas). En mujeres mayores de 80 años, la tasa de mortalidad fue 27 por ciento más alta que en sus pares masculinos. No es una anomalía estadística: las mujeres viven en promedio cinco años más que los hombres, pero lo hacen con menores ingresos acumulados y mayor probabilidad de vivir solas en edades avanzadas. En contextos de energía cara o inestable, eso no es un dato demográfico abstracto. Estamos hablando de una mujer de 70, 80 años o más, sola, sin luz, sin dinero para pagar alternativas, aislada, sin recursos tecnológicos para pedir ayuda o para informarse, en un contexto energético que colapsa.

    Normalmente cuando hablamos de energía, la conversación se concentra en combustibles, transición energética y costos. Es una discusión absolutamente necesaria, pero si solo se abordan estos ángulos, es una conversación incompleta. Esta transformación está ocurriendo en paralelo a otro cambio de la misma magnitud: el envejecimiento acelerado de la población mundial.

    Hoy, la esperanza de vida global supera los 73 años. Para 2050, una de cada seis personas tendrá más de 65 años, según proyecciones de Naciones Unidas. Este cambio no es abstracto. Implica que cientos de millones de personas dependerán durante más años de sistemas que requieren energía constante: refrigeración para medicamentos, dispositivos médicos, climatización, iluminación, comunicación, transporte y temperatura.

    La longevidad no solo alarga la vida, multiplica la dependencia de la infraestructura que la sustenta.

    Esa infraestructura es profundamente desigual.

    La crisis europea de 2022 y la de Texas en 2021 mostraron que incluso economías desarrolladas enfrentan desafíos energéticos. Antes incluso de la invasión rusa a Ucrania, alrededor del 10% de los hogares de la Unión Europea reportaban no poder mantener su vivienda adecuadamente climatizada.

    En África subsahariana, la brecha es más básica. Más de 500 millones de personas carecen de acceso a electricidad, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). En esos contextos, envejecer no solo implica vivir más años, sino hacerlo sin las condiciones mínimas para mantener la salud básica o el cuidado cotidiano.

    En México, el problema adopta otra forma. Recordemos la emergencia de mayo de 2024, en la que el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) declaró Estado Operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional, y durante tres días consecutivos se registraron apagones en más de 16 estados del país, afectando a millones de hogares. La causa fue estructural: mientras la demanda eléctrica creció 10 por ciento en 2023, la generación sólo aumentó 1 por ciento, según datos del Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Entre los grupos más vulnerables se encontraron adultos mayores que dependen de medicamentos refrigerados y equipos médicos, entre otras cosas.

    En un mundo que envejece, este tema no se ha incorporado de manera sustancial a la conversación sobre política energética. Hace falta la creación de un plan de transición que lo contemple y, si existe, no se ha dado a conocer.

    Para una persona mayor, la energía no es un servicio más. Es una condición necesaria para mantener el equilibrio, la salud y la posibilidad de vivir en paz. Mantener insulina refrigerada, utilizar un concentrador de oxígeno, enfrentar temperaturas de 40 grados o simplemente habitar un espacio seguro depende de un suministro energético estable. ¿Qué políticas específicas existen para atender a las personas mayores, a las zonas y residencias en las que viven cuando hay cortes de electricidad y de agua?

    Cuando ese suministro falla —por costo, por infraestructura o por crisis— no se interrumpe solo la electricidad. Se interrumpe el sistema de cuidado que sustenta estas vidas.

    La transición energética implica inversiones masivas, cambios regulatorios y, en muchos casos, ajustes en tarifas. En el caso mexicano, subsidios energéticos benefician más a los hogares de mayores recursos que a las personas con menores ingresos. ¿Cómo garantizar que el precio, los costos y los apoyos protejan a las personas en condición de vulnerabilidad, como son las personas mayores?

    Las personas mayores tienen menor capacidad de ajuste frente a cambios en precios o interrupciones del servicio. Al mismo tiempo, pasan más tiempo en el hogar y dependen más de condiciones térmicas estables. Esta combinación convierte a la energía en un determinante directo de su salud, su autonomía y, en condiciones extremas, su supervivencia.

    La transición energética se está discutiendo principalmente como una agenda ambiental. En México y en el mundo se habla de kilovatios, emisiones y tarifas. Rara vez de una persona mayor que depende de electricidad para no morir de calor, o para refrigerar las medicinas o los alimentos que necesita.

    Esto no es un problema técnico que los ingenieros resolverán después.

    Es una decisión política que los gobiernos están tomando hoy, por omisión.

    Mientras no se nombre como tal, seguiremos diseñando sistemas más limpios para un mundo que no existe: uno sin cuerpos viejos, sin dependencia, sin fragilidad. Un mundo que ya dejamos atrás.

    En un mundo que envejece, la energía no es simplemente el sostén de las economías. Sostiene vidas y define, casi con precisión quirúrgica, cuáles pueden prolongarse y en qué condiciones.