La violencia en Sinaloa no se niega
El crimen refuta a la Gobernadora
Había tomado algo de confianza la población para asistir a lugares de convivencia familiar, pero el ataque a un restaurante de comida asiática ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, cuadrante prioritario de los operativos militarizados, arrasó con lo poco avanzado en la estrategia para reactivar la actividad gastronómica. Llámele como le llame el Gobierno a esto, no se le puede considerar paz, así como tampoco a los feminicidios y asesinatos incrementados en las semanas recientes.
La verdad es que las autoridades obligadas a hacer valer la Ley, principalmente la Federación porque se trata de delitos derivados del narcotráfico, deberían guardar sus datos y declaraciones que hablan de violencia a la baja. Reflexionen desde cada ámbito del poder público sobre cómo se sentirán en los hogares de víctimas del crimen al escuchar la incesante perorata oficial de que estamos mejor. Pónganse por unos momentos en las circunstancias de ellos.
El 25 de septiembre, un día después del ataque al negocio de alimentos, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava consideró en Mazatlán que la incidencia de delitos de alto impacto estaba en descenso, mensaje que la realidad confrontó con la acostumbrada atrocidad de dos años y dos semanas. Al mismo tiempo la jornada de violencia cobró siete víctimas, tres de éstas en un solo ataque de grupo armado a un domicilio del Fraccionamiento Urbivillas del Sol.
En las horas siguientes cuatro mujeres más fueron privadas de la vida, dos en Mazatlán, una en Culiacán y otra en Escuinapa, para aumentar a 23 en septiembre y 110 en 2026 dicho modus operandi de la alta delincuencia, avivando la percepción ciudadana en el sentido de que los capos y sicarios parecen leer el discurso oficial, y refutarlo. Y así han transcurrido los días recientes en el contexto en el que la Mandataria estatal cumple un mes de haber asumido el cargo y la pacificación no se ve llegar.
A Graciela Domínguez no se le puede atribuir la barbarie de la narcoguerra en Sinaloa, aunque sí es propio de su investidura que modere las declaraciones públicas respecto a si estamos peor o mejor en violencia. Más allá de que el Gabinete de Seguridad Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Omar García Harfuch traen la táctica de ocultar la verdad detrás de cierto optimismo hueco de sustento, aquí la Gobernadora debe ver, sentir y pronunciarse conforme lo determina el estado de ánimo social.
Los hechos de alto impacto constituyen un ardid criminal para reimplantar el miedo cuando el hampa cree que el terror y la indignación ciudadana presentan alguna mengua, por mínima que ésta sea. El comportamiento de 745 días y noches de atrocidades certifica que las treguas, pactos o empatías con el deseo colectivo por tranquilidad no está en los planes de los segmentos del Cártel de Sinaloa que se enfrentan entre sí. Tampoco las marchas, posicionamiento y súplicas están sensibilizando a los narcos y sus esbirros.
La Gobernadora debe ofrecerse como hombro solidario en lo personal, y acompañante permanente en lo institucional, que mitigue desde la solidaridad del Gobierno al menos el sentimiento de orfandad, de ausencia de autoridad, e impotencia frente a los agresores que invade a aquellos que sin deberla ni temerla son alcanzados por la violencia. Domínguez no está para efectuar cálculos ni hacerle eco a la narrativa nacional que cuenta a los muertos y abandona a los sobrevivientes.
Los hechos de la noche del jueves en el restaurante del Desarrollo Urbano Tres Ríos traen moralejas que los sinaloenses leen y también los gobernantes federales, estatales y municipales están llamados a decodificar. Los dueños de los negocios afectados por la barbarie sin fin saben de lo que hablan, tal como lo expone Luis Osuna Vidaurri, presidente del Consejo Sinaloense de empresarios al exponer que “retrocedimos muchísimo de lo poco que habíamos avanzado; esto que pasó no tiene nombre” y la Intercamaral de Culiacán en la exigencia de que “no hagan lo mismo en su estrategia de seguridad, porque lo mismo no está funcionando. Tienen que replantear totalmente qué van a hacer y tienen que empezar a dar resultados porque no los están dando”.
Este estremecimiento social acentuado por la reciente ola de homicidios, feminicidios, privaciones de la libertad y ataques a establecimientos de convivencia familiar es lo que la Gobernadora Domínguez debe hacerles entender al Gabinete de Seguridad Nacional, a la Mesa de Coordinación antiviolencia de Sinaloa, a la Presidenta Sheinbaum y al Secretario García Harfuch.
Esto sí le corresponde a su investidura y la gestión por la legalidad para la tranquilidad que los sinaloenses ponen en sus manos.
Cuando el Gobierno dictamina,
menos hechos del alto impacto,
responden los poderes de facto,
con su rugido que extermina.
En los casos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que son los eslabones ciudadanizados de vigilancia de la estrategia para la paz, tranquilidad y Estado de derecho, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava debe fortalecerlos, y defenderlos, cortando de tajo la actitud de personajes e instituciones que los ven como estorbos. Existen elementos de probidad y eficacia en Miguel Calderón Quevedo y Ricardo Jenny del Rincón que significan fortalezas para los esfuerzos cívico y gubernamental de pacificación de Sinaloa. Cuidémoslos a ambos ahora que Sinaloa requiere de gente honesta y recta.
