Las aduanas, bicentenario problema
Desde los albores del México independiente, las aduanas han sido un dolor de cabeza para el Estado mexicano. La tarea central es la regulación arancelaria y los controles de ingreso y salida de mercancías por los puertos y fronteras nacionales, pero en donde hay frontera habrá problemas, reza un viejo dicho en los “western” o películas de vaqueros.
La Ley General de Aduanas es una de las instituciones jurídicas más antiguas de nuestro Poder Ejecutivo, su primera aparición fue en el Imperio de Iturbide en 1821, al disponer en la Constitución: “Arancel general interno para los gobiernos de las Aduanas Marítimas en el comercio del libre imperio”.
En todos los periodos de la historia de nuestro País, la regulación aduanera ha sufrido cambios. En la Constitución de 1857 se prohíben las “alcabalas y/o aduanas interiores” para fortalecer la unidad nacional y el espíritu federalista. No obstante, se fortalece la presencia de verificadores aduanales en fronteras nacionales, estaciones de tren y puertos de embarque. Desde los tiempos de Comonfort, la rebatinga por el control aduanero era tema nacional. Los bandos de apoyo veían en los puertos y pasos fronterizos un botín de guerra que se ponía a reparto según las lealtades.
Poco se ha escrito de esto, pero entre historiadores se sabe que, en enero de 1858, durante la doble Presidencia de México, los bandos liberales encabezados por Benito Pablo Juárez García y los conservadores de Félix María Zuluaga, tenían como moneda de cambio el control de los pasos de aduana para los grupos de apoyo a sus respectivas causas. No fue casualidad que, en años posteriores a la disputa presidencial, una de las fortalezas de Benito Juárez previo al exilio fuera la ciudad de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en donde tenía amigos y seguidores, muchos de ellos beneficiados por las concesiones tributarias de las fronteras.
Años después, en la Constitución postrevolucionaria de 1917 las disposiciones generales sobre aduanas toman un cauce para entonces “moderno”, dando potestad para la legislación sobre aduanas y comercio exterior tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la Unión, particularmente al Senado de la República. La soberanía arancelaria queda manifiesta en una facultad estrictamente federal.
En términos históricos, el Tratado de Libre Comercio de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, así como las modificaciones constitucionales del 2011 en materia de jerarquía normativa mexicana y tratados internacionales, ponen en el centro de la discusión las políticas arancelarias para los mercados de importaciones y exportaciones, en función de los tratados comerciales que México ha suscrito.
Hoy, en tiempos del “huachicol fiscal” y la “guerra contra el terrorismo” las aduanas vuelven a ser un centro de discusión. Porque es por ahí, por puertos y fronteras, en donde entran todo tipo de mercancías, desde aquellas que afectan la propiedad intelectual como la “fayuca”, hasta cosas más peligrosas como precursores químicos, armas de todo tipo y por supuesto, gasolinas y petroquímicos que no pagan la regulación correspondiente.
Las aduanas forman parte de un problema bicentenario, una perversión histórica de la administración pública federal que ni el dictador Porfirio Díaz pudo controlar con mano férrea.
Las porosas fronteras nacionales, no son diferentes a las de nuestros vecinos del norte y del sur, u otras del resto del mundo. El control del tráfico de mercancías lícitas e ilícitas y la evasión fiscal en las fronteras son algunos de los problemas actuales más importantes en naciones de todo el mundo.
Según datos oficiales, en México existen 50 aduanas distribuidas en todo el territorio nacional, 19 de ellas se encuentran en los pasos fronterizos del norte del País, 17 en puertos marítimos, 12 en espacios estratégicos interiores del territorio nacional y dos en la frontera sur.
El último gran debate nacional sobre aduanas se escribió hace un año en la Cámara de Diputados, ante la aprobación de una iniciativa del grupo parlamentario de Morena, que proponía que en las aduanas nacionales se revisara el 100 por ciento de los productos que ingresan al País, según ellos, para eficientar el control de ingreso para evitar “fayuca” y reducir la evasión fiscal.
La Oposición, organismos camarales y gremios especializados consideraron que una regulación así “es materialmente imposible de cumplir” y que esto traerá como consecuencia una parálisis generalizada y con ello el retraso de las cadenas de suministro nacionales.
La nueva disposición legal entró en vigor el 1 de enero de 2026 y, hasta la fecha, no tenemos datos que indiquen que haya servido de algo. Estamos igual o “peorcito”.
Luego le seguimos.
