Las grandes deudas de la reforma electoral
Durante los últimos meses, el sistema electoral mexicano ha sido parte del debate público. Ante la búsqueda de aprobar una nueva reforma electoral, se han abordado múltiples perspectivas respecto a qué deben incluir estas modificaciones constitucionales y legales.
Una de ellas, sin duda, ha sido la violencia electoral que aqueja las elecciones de nuestro país y que tanto impacta en la libertad y autenticidad del voto.
En el Laboratorio Electoral hemos observado la violencia que impacta en las elecciones desde 2018. La conclusión es clara: elección con elección, el incremento es notorio. Los comicios de 2024 fueron los que registraron más hechos violentos en las últimas décadas; sin duda, este es uno de los males más grandes que aquejan a la democracia mexicana.
en la elección judicial
Las elecciones judiciales, aunque novedosas, no estuvieron exentas de violencia. Se presentaron varios casos de agresión contra candidaturas e integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estos hechos abonaron al clima de incertidumbre y desconocimiento que rondó a la elección judicial.
En el Laboratorio Electoral hicimos un monitoreo de estas agresiones y encontramos que 18 candidaturas y aspirantes fueron agredidas; 8 de ellas, de manera directa, y en la mayoría de los casos contra personas aspirantes a un juzgado. Adicionalmente, se registraron 10 agresiones indirectas o de otra naturaleza contra aspirantes.
También observamos un total de 32 agresiones contra miembros del Poder Judicial, familiares y equipos; especialmente contra jueces, magistraturas y personal del Poder Judicial, en una naturaleza distinta. No puede pasar desapercibido que hubo un escalamiento de la violencia en 11 de estos casos y que varios de ellos ocurrieron para presionar la decisión de juezas y jueces.
A raíz de los resultados de todos los monitoreos de violencia realizados durante los últimos procesos electorales, de la realidad en la que estos se han desarrollado y de la escalada en las agresiones, hemos aprendido que una de las necesidades más grandes del sistema electoral mexicano se encuentra en esta área. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones idóneas no solo para la realización de las elecciones, sino para la participación activa y pasiva en ellas, y eso actualmente no sucede.
Por eso, a partir de este diagnóstico, advertimos la necesidad de tomar medidas desde el Poder Legislativo, así como de adoptar protocolos de atención a la violencia electoral. Desde el Laboratorio Electoral recientemente presentamos una propuesta en la que identificamos una serie de medidas para promover un ecosistema óptimo para la prevención de la violencia electoral, así como un esquema para su atención, sanción y reparación en México, pero que puede replicarse en otros países.
En términos generales, un ecosistema adecuado para la prevención de la violencia electoral debe enfocar sus esfuerzos en la etapa de preparación, antes del inicio del proceso electoral.
En esta etapa sería esencial construir mapas de riesgo que permitan identificar las zonas más conflictivas; definir las competencias de las autoridades que intervienen en la atención (INE, OPLE, autoridades de seguridad, entre otros) para trazar adecuadamente la ruta de responsabilidades y atribuciones, así como los trabajos de coordinación; impulsar educación cívica para la implementación de campañas de concientización; y construir redes de alerta temprana.
Durante las demás etapas del proceso electoral, los esfuerzos deben centrarse en fortalecer las medidas adoptadas inicialmente, la capacitación de candidaturas y la máxima difusión del protocolo, así como en el seguimiento puntual a los casos de agresión. Ningún caso debería quedar sin atención, sin sanción y, sobre todo, sin reparación. El Estado no puede seguir normalizando la violencia electoral, ni por acción ni por omisión.
Además de dicho ecosistema, nuestra propuesta incluye una serie de etapas y recomendaciones para la activación y funcionamiento del protocolo, que se centra en tres momentos: preparación para la gestión integral, que permita claridad competencial y de actuación ante casos; integración del expediente e investigación de los casos, que podría dotar a las autoridades competentes de los elementos necesarios para dar con las y los responsables; y la etapa de reparación integral, para que las víctimas no sean revictimizadas ante la omisión o incapacidad del Estado de garantizar su seguridad.
El documento está disponible aquí y con él buscamos abonar al fortalecimiento de la democracia, a la profesionalización del Estado mexicano en la atención de estos casos y a la atención oportuna de esta gran deuda del sistema. Esperamos que pueda servir como punto de partida para la creación de mecanismos eficaces que den salida a este fenómeno.
