“Los delitos mutan en el tiempo, el comportamiento delincuencial cambia. Hay estudios que indican claramente cuáles serán los grandes problemas de seguridad en el futuro de Sinaloa. En unos meses llegará un nuevo gobierno y con ellos el paradigma en las nuevas cepas del delito”.
La Coordinación General del CESP, que es también un observatorio ciudadano de las políticas de seguridad y sus instituciones, presentó información muy importante respecto al comportamiento delictivo del último año en Sinaloa. Reconoce avances importantes en materia de seguridad, afirman que varios delitos que antes fueron tendencia hoy han bajado, pero advierten de un “nuevo paradigma” en el comportamiento delincuencial.
A la baja el robo a vehículo, el robo a comercio y el homicidio. En incremento; el feminicidio, la violación, la violencia familiar, la desaparición y el desplazamiento forzado, así como el homicidio culposo. Estos son los números que arroja el estudio “Ciudadanos Evaluando”, como observatorio del comportamiento delictivo en Sinaloa.
“Con base en análisis objetivos, debemos reconocer que Sinaloa tiene avances en materia de seguridad”, afirmó el Coordinador del organismo ciudadano Ricardo del Rincón. Dijo que hay avances en la depuración de la Policía Estatal al grado de tener sólo un 9 por ciento de no aptos, años antes esta cifra estaba cercana al 50 por ciento. Sobresaliente la capacitación de nuevos elementos en su mayoría hombres y mujeres jóvenes que comienzan una carrera policial en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Para la Coordinación General, la preocupación para el futuro está en que el comportamiento delictivo. Que en opinión de este columnista, al igual que los virus, también tiene mutaciones, cambios de comportamiento y nuevas prevalencias. A dicho del organismo, son muy preocupantes los delitos que se cometen contra las mujeres en Sinaloa, como el feminicidio, la violación y la violencia familiar.
El feminicidio sigue teniendo una prevalencia alta y una impunidad preocupante, el 70 por ciento de ellos fue contra víctimas entre los 18 y los 44 años de edad, con una impunidad cercana al 82.5 por ciento. Si bien en términos reales el delito bajó un 30 por ciento respecto al año anterior, Sinaloa sigue siendo un estado con alto índice de violencia feminicida.
La violencia familiar tiene un incremento de más de 354 por ciento en los últimos 11 años, con una prevalencia alta de 154 denuncias por cada 100 mil habitantes. El año pasado se presentaron 4,811 denuncias en donde las principales victimas son las mujeres en un 84 por ciento contra el 16 por ciento de hombres. Ahome, Guasave y Culiacán son los municipios que concentran el mayor numero de denuncias.
La violación se incrementa de manera alarmante, por segundo año consecutivo Sinaloa batió su propio récord en este delito con 221 denuncias, la tendencia es altísima si se toma en cuenta que las principales víctimas son niñas y jóvenes entre los 10 y 17 años. La impunidad en violación es aun mayor a la del feminicidio con el 89.9 por ciento. Sin mencionar que según el organismo “México Evalúa”, este delito muestra una cifra negra de no denuncia casi de un 99 por ciento, lo que proyecta que en Sinaloa por lo menos se cometieron 22,000 hechos de violencia sexual.
Ricardo del Rincón habló de la evaluación de resultados del gobierno que concluye y de los retos del nuevo gobierno que entrará en funciones en unos meses. El reto es mantener a la baja los delitos que se tienen controlados, y buscar la solución a complejísimos comportamientos delictivos como lo son la desaparición forzada y el desplazamiento de personas por situaciones de violencia en sus comunidades de origen.
El reto de la administración de Rubén Rocha Moya, el Poder Legislativo y Judicial en su conjunto, estará principalmente en la atención a las víctimas facilitándoles el acceso a la justicia, mejorar el esquema de denuncia para reducir la cifra negra, garantizar una justicia pronta y expedita para reducir la impunidad que está por encima del 90 por ciento, mejorar los centros penitenciarios para que sean lugares de verdadera readaptación social y no una extensión de las escuelas del crimen. Y por supuesto, atender de manera prioritaria aquellos delitos que serán en el futuro lo que más costos sociales le traigan al Estado y sus ciudadanos. Luego le seguimos...
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