Las políticas en materia de seguridad del 2026
¿Qué balance puede hacerse de la estrategia de seguridad pública de la Presidenta Sheinbaum al cierre de 2025? Este breve análisis revisa las principales políticas gubernamentales de seguridad impulsadas durante su administración —aquellas intervenciones que constituyen un sello distintivo de su gobierno y que no implican necesariamente cambios constitucionales— para evaluar sus alcances, limitaciones y aprendizajes institucionales. El ejercicio considera tanto los esfuerzos temáticos como el giro territorial observado en 2025, con el fin de ofrecer una lectura integral sobre la naturaleza de las acciones federales en materia de seguridad.
El 8 de octubre de 2024 la Presidenta presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sus ejes centrales fueron la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación absoluta en el gabinete de seguridad. Sus objetivos, por su parte, se orientaron a la pacificación del país, el combate a la extorsión en ciclos productivos (sobre todo en limón y aguacate) y la implementación de acciones contextualizadas a las condiciones de cada región.
Esta estrategia ambiciosa tuvo que atemperar sus expectativas con rapidez. Los reacomodos entre organizaciones criminales en Sinaloa y estados fronterizos, así como la política trumpista hacia México, obligaron a la federación a concentrar tropas en Sinaloa, la frontera sur y la frontera norte, desplazando la intención original de construir estrategias regionalizadas.
No sorprende que la comunicación oficial haya enfatizado sus avances en el comportamiento agregado del homicidio doloso, dejando en segundo plano la violencia territorializada que persiste en múltiples regiones del país, como lo ha visibilizado el reporte Violencia y Pacificación de México Evalúa. La realidad terminó por imponerse y dio paso a una serie de estrategias focalizadas orientadas a contener dinámicas criminales específicas.
El 5 de febrero se lanzó la Operación Frontera Norte, basada en el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos para frenar el tráfico de fentanilo y la migración (prioridades para Estados Unidos) y el tráfico de armas (prioridad para México).
La mayor parte del personal se ubicó en municipios fronterizos de Baja California, Chihuahua y Sonora. Del 5 de febrero al 8 de diciembre se detuvieron a 9,808 personas, aseguraron 7,293 armas de fuego, 1,242,669 cartuchos de diversos calibres, 33,400 cargadores, 114,475.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,856 vehículos y 1,160 inmuebles.
Aunque Sonora es la entidad donde más armas ilegales se incautan, el principal efecto observable se dio en la migración: de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la migración de México hacia Estados Unidos cayó 91% para agosto de 2025. Por ello, esta estrategia se ha interpretado más como un instrumento para contener la política arancelaria trumpista que como una acción orientada a la pacificación del país. Además, existen indicios de que los decomisos de fentanilo generan incentivos para que las organizaciones criminales disputen con mayor ferocidad los mercados ilícitos nacionales.
El 19 de mayo, el Gobierno federal presentó su estrategia contra el ingreso ilegal de combustibles y el robo de hidrocarburos. Su núcleo es la trazabilidad del combustible para identificar rutas y actores involucrados. Aunque esta acción puede parecer limitada frente al tamaño del mercado ilícito y las restricciones políticas para combatirlo, es una pieza clave, ya que el robo de combustible y la extorsión son dos de los mercados más rentables para las organizaciones criminales.
Solo en noviembre, en tres entidades —Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa— se recuperó un total de 1 millón 476 mil litros de combustible. Mantener y perfeccionar esta estrategia será indispensable para debilitar las fuentes de ingreso criminal que sostienen el control territorial.
El 6 de julio se presentó la estrategia nacional contra la extorsión, basada en la coordinación entre las secretarías de la Defensa y de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Incluyó detenciones basadas en inteligencia, impulso a unidades estatales antiextorsión, atención a víctimas, fortalecimiento del 089, campañas de prevención y medidas como congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas telefónicas y operativos en centros penitenciarios. Se focalizó en ocho entidades donde se concentra la mayor incidencia.
Aunque perseguir de oficio este delito representa un avance, la estrategia muestra un sesgo hacia la extorsión telefónica, dejando vacíos en la atención de la extorsión directa, que es la más vinculada al dominio territorial. Tampoco queda claro cómo se financiarán o consolidarán las unidades estatales antiextorsión.
A pesar de ser el primer esfuerzo sistemático por dimensionar la extorsión —delito con una cifra negra cercana al 98%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024—, los datos iniciales muestran aumentos. Al cierre de noviembre de 2025, la extorsión se incrementó 23.1% respecto a enero–noviembre de 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Esto podría obedecer a la curva de aprendizaje institucional, pero no debe interpretarse como razón para abandonar la estrategia, especialmente porque la extorsión es un mecanismo central para construir la hegemonía criminal. Al 9 de diciembre, se recibieron 102,857 denuncias, de las cuales 10,854 se concretaron; derivaron en 3,684 carpetas y 615 detenidos en 24 estados.
El 1 de noviembre de 2025, el asesinato de Carlos Manzo volvió a evidenciar el yugo criminal que padece Michoacán, pese a los esfuerzos oficiales por diluirlo en cifras nacionales. En respuesta, el 9 de noviembre el gobierno federal recuperó la visión regional mediante el Plan Michoacán. Aunque existen otras regiones que requieren atención focalizada, iniciar por Michoacán es una señal correcta.
El plan se articula en tres ejes: seguridad, desarrollo económico y educación. En seguridad, contempla fortalecer la presencia de Fuerzas Armadas y autoridades locales; crear una fiscalía especializada; establecer mesas de seguridad quincenales; implementar un sistema de alerta para presidentes municipales; y robustecer la denuncia anónima.
En desarrollo económico, propone garantizar pisos mínimos de seguridad social y salarios dignos para los trabajadores del campo, impulsar infraestructura rural y generar polos de bienestar.
En educación, plantea escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas, centros comunitarios y becas de transporte.
Aunque el plan retoma esquemas aplicados en administraciones anteriores, incorpora mejoras relevantes en el flujo de información municipal hacia la Federación. La coordinación intergubernamental sigue siendo el eslabón más débil de la política de seguridad y esta acción apunta en la dirección correcta.
No obstante, las dudas surgen con la propuesta de instalar casas u oficinas de la presidenta en varios municipios. La presencia simbólica es relevante, pero generaría menos efectos disuasivos que contar con policías municipales suficientes y profesionalizadas. Además, no se conocen con claridad las facultades que tendrían dichas casas en materia de seguridad.
En contraste, a un mes de iniciado el Plan, los resultados operativos sí son tangibles: 972 detenidos, 945 armas aseguradas, 23.1 toneladas de droga y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. Sin embargo, los ataques con vehículos cargados de explosivos evidencian la resistencia criminal y los límites de la política social para competir contra estructuras violentas altamente sofisticadas.
En suma, el primer año de la administración Sheinbaum se caracterizó por una tensión constante entre urgencias nacionales y presiones externas, por estrategias reactivas frente a coyunturas críticas y por un incipiente reconocimiento de que la violencia requiere intervenciones hiperfocalizadas.
Lejos de ser un periodo inercial, este año profundizó el giro ya visible desde los primeros 100 días: el tránsito de la omisión hacia una estrategia orientada explícitamente al debilitamiento de las operaciones del crimen organizado. Las políticas federales recientes han generado resultados operativos visibles —detenciones relevantes, decomisos, golpes logísticos— que dan cuenta de una mayor actividad estatal en territorios críticos. ¿Impactos en la violencia? Ese balance sólo podrá hacerse a mediano y largo plazo.
Los autores, Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es investigador del mismo.
